Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos, los tres partidos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, reclaman la apertura de una investigación que aclare la concesión a dedo de dos contratos menores de 15.000 euros cada uno a la abogada Sandra Rodríguez, vocal de la Comisión de Ética de la Ejecutiva del PSOE en Canarias y letrada de Santiago Pérez, concejal responsable del área de Urbanismo y que en diciembre regresó a la disciplina del Partido Socialista Canario, en las denuncias que este impulsó contra altos cargos de Coalición Canaria a través del caso grúas y caso reparos.
Rodríguez Vázquez, compañera del exministro de Justicia y eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, fue contratada por la Alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna para la defensa de los intereses municipales en dos demandas, una de carácter tributario y otra laboral. La Concejalía de Hacienda que dirige Alejandro Marrero fue la encargada de dar curso a un acuerdo laboral que inicialmente iba a prestar “sin coste alguno”, pero que se acabó corrigiendo en una resolución firmada el 9 de marzo del año pasado.
El consistorio lagunero, incluso, admite que uno de los servicios por los que pagó 15.000 euros fue desarrollado por Sandra Rodríguez antes de que se aprobara el abono por las gestiones jurídicas que prestó la letrada socialista. Nueve días más tarde, el 18 de marzo, se firmó otro contrato menor por valor de 15.000 euros en concepto de “asistencia jurídica y representación letrada en litigios de orden mercantil del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020”. La abogada lagunera, pues, recibió a dedo dos contratos por un importe de 30.000 euros en menos de una semana y media.
“Nepotismo político”
José Alberto Díaz, exalcalde de La Laguna y representante de Coalición Canaria en la oposición, afirma estar preocupado por unos hechos que “apuntan al nepotismo político como práctica habitual en este Ayuntamiento”.
El nacionalista apunta directamente al ahora socialista Santiago Pérez en su primera reflexión. “Hace mucho tiempo que sospechamos, y advertimos, que sus denuncias formaban parte de una estrategia política contra Coalición Canaria y sus líderes. Y ahora los hechos parece que ratifican nuestras sospechas. La afiliación de Santiago Pérez al PSOE lo confirmó y, ahora, parece que la abogada estaba en la trama –no olvidemos, abogada personal de Santiago Pérez–, y obtiene su compensación económica”, ha comentado Díaz en relación a la información adelantada en la edición dominical de LA PROVINCIA/DLP.
El candidato que más votos sumó en los últimos comicios municipales muestra su “inquietud” por los “indicios reiterados de la utilización del Ayuntamiento como si fuera una institución de propiedad particular de los concejales y concejalas de este grupo de Gobierno: contratos a familiares y amigos, y ahora, compensación de honorarios a la abogada particular que hizo el trabajo sucio de las denuncias contra Fernando Clavijo y contra mí”, apunta en relación al posicionamiento de Sandra Rodríguez en el caso grúas y caso reparos, siendo incluso denunciada por obstrucción a la justicia en el segundo de los procedimientos.
José Alberto Díaz vuelve a situar a Santiago Pérez en su punto de mira al advertir que “me llama la atención que Santiago Pérez, que ha hecho alarde de sus amplios y profundos conocimientos jurídicos, haya propiciado o consentido estos hechos. Él debe saber que estas actuaciones pueden ser delictivas y, desde luego, que la contratación de su abogada particular es, al menos, reprochable políticamente y ya veremos si también legalmente”.
Para Díaz son “varios los que deben dar una explicación pública, y si no sirven para esclarecer los hechos, adoptaremos las decisiones adecuadas para que lo hagan”, ha dicho en referencia a la convocatoria de un pleno extraordinario para aclarar lo sucedido e, incluso, la apertura de una investigación.
El portavoz de Coalición Canaria en el consistorio lagunero, por último, ha manifestado que van a solicitar informes a los servicios jurídicos y a la intervención general.
“Una vieja práctica”
Manuel Gómez, candidato del Partido Popular en el último proceso electoral, fue menos beligerante y, sobre todo, cauto a la hora de interpretar lo ocurrido en torno a la contratación de los servicios de Sandra Rodríguez, que según el gobierno municipal se realizó ante la falta de medios para abordar los dos procesos judiciales para los que fue contratada. “Llevamos años viendo cómo se contratan de forma directa obras y servicios, desde los tiempos en los que gobernaba Coalición Canaria y ahora con el Partido Socialista. No es una práctica nueva en este Ayuntamiento”, ha dicho uno de los dos representantes populares en el pleno municipal.
La pregunta que se formula Gómez para aclarar su posición en este asunto es clara y directa: “¿Es legal esta contratación? Pues sí, legal antes y legal ahora. Sin embargo, con los escasos datos que dispongo en el día de hoy (por ayer) y como se ha publicado, si los pasos de dicha contratación no han sido los correctos, habrá que contrastarlo en los próximos días”, dijo en relación a una posible investigación más detallada de lo sucedido.
Lo que sí dijo Gómez es que “ya es hora que los dos partidos mayoritarios dediquen más su tiempo a resolver todos los problemas que tiene este municipio en vez de desviar la atención con asuntos menores”, ha subrayado antes de poner como ejemplo “la devolución de un fondo de un millón de euros para el fomento del empleo. En este sentido, seguiremos muchos años igual si los ciudadanos siguen apoyando a estos dos partidos, tanto Coalición Canaria como el PSOE”.
“Hay que investigarlo”
Juan Antonio Molina, miembro de Ciudadanos en la corporación local, cree que “hay que investigar lo que ha pasado para tener los elementos necesarios para interpretar unos hechos que no dejan de ser bastante preocupantes”.
Molina no oculta lo extraño que resulta dar vía libre a dos contratos menores que están en el límite de lo que permite la ley y, además, en el mismo ejercicio. Sobre la explicación que ha dado el gobierno local sobre la iguala (“es un contrato profesional por el que el despacho lleva todos los procedimientos por el mismo importe, con independencia del número de juicios y su dificultad”), Molina entiende que “al final sí que puede resultar más barato, pero si esto es así, deja clara la intención del Ayuntamiento y de la abogada en seguir colaborando de manera reiterada a lo largo del tiempo, es decir, que sí estamos hablando de un entramado de contrataciones a dedo”.
Elegir a Sandra Rodríguez para afrontar unos cometidos que pueden llevar perfectamente los servicios jurídicos municipales –en estos momentos cuenta con una directora, una técnico interina, una asesora jurídica y personal auxiliar–, es una externalización que según Molina supone una “grave desconsideración hacia unos profesionales que seguramente tienen tantos o más conocimientos que la abogada que viene de fuera”, ha defendido antes de abordar uno de los puntos claves en este asunto: el pago de 30.000 euros a la letrada socialista.
“Me gustaría que alguien del Colegio de Abogados advirtiera si el pago de estas cantidades son habituales en procedimientos que no parecen muy complejos, o si son las que se suelen abonar en litigios de mayor calado”, ha cuestionado Molina sin obviar que “no parece la tarifa normal de un letrado... Hay pocos abogados en España capaces de ganar 15.000 euros en un día, en este caso 30.000 en el plazo de una semana y media. Si nos atenemos a los hechos, habrá que aclarar algo más esta situación, ¿no?”.
