La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puntagorda, Mercedes Candelario, y la edil de Asuntos Sociales de Puntallana, María Eugenia Rodríguez, se han saltado el protocolo de vacunación del Ministerio y del Gobierno de Canarias y han recibido la dosis contra la Covid-19 antes de tiempo. Ambas ediles pertenecen al PSOE, al igual que la consejera de Sanidad del Cabildo Insular, Susana Machín.

En todos los casos, la vacuna se ha justificado por el "contacto directo con los usuarios y trabajadores sociosanitarios de las residencias". Sin embargo, los protocolos establecidos y aprobados para la distribución de vacunas estipulaban que esos políticos no debían formar parte de lo que se considera "personal de primera línea en la lucha contra la COVID-19".

El Ayuntamiento de Puntagorda ha emitido un comunicado en el que señala que la vacunación de la concejal de Servicios Sociales, Mercedes Candelario Pérez, se debe al ser la responsable directa del piso tutelado para mayores del municipio palmero.

El consistorio señala que es uno de sus puntos de trabajo habitual, tanto en los procesos de ingreso de nuevo usuarios como en el seguimiento directo de incidencias y en la convivencia y atención a los usuarios del servicio.

Tal circunstancia, sumada a su papel como gestora sustituta y máxima responsable de la Residencia de Mayores de Puntagorda, en los horarios en los que no trabaja de forma presencial la directora del centro, la hizo formar parte, sin ningún tipo de petición previa por su parte, del listado oficial del que se dio traslado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por parte del Ayuntamiento de Puntagorda con fecha 29 de diciembre.

La propia concejal ha querido aclarar que "nunca y bajo ninguna circunstancia" hubiera accedido a ponerse la vacuna, "ni mucho menos a solicitar un trato especial o preferente" para que le fuera administrada.

"Fui informada por los mismos cauces que el resto de personal que figura en nuestro servicios asistenciales en el Grupo 1 de la Estrategia de Vacunación frente a la Covid-19 de España, diseñada por el grupo de trabajo técnico de vacunación COVID-19 recogido en la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones", señala.

"Informar de forma transparente"

Candelario, que reconoce que dada la polémica suscitada en España por la irregular vacunación de cargos públicos hay que "informar de forma transparente" sobre su situación, pues también tiene un contacto cotidiano con los mayores de los centros del municipio, ocupaba el número 30 de los profesionales del Grupo 1 de la vacunación frente a la COVID-19 en la residencia.

El alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, subraya que "la vacunación de Mercedes Candelario no puede achacarse en ningún caso a un trato de favor ni a una petición expresa para formar parte del listado de personas incluidas en el Grupo 1, que prioriza a residentes y personal sanitaria y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes".

En su opinión, "el hecho de que Mercedes Candelario haya sido vacunada por el Servicio Canario de Salud garantiza también la seguridad de los residentes mayores en Puntagorda, así como de los usuarios del piso tutelado del municipio, en lo que entendemos como un acto de responsabilidad y coherencia".

En el caso de Puntallana, la edil de Servicios Sociales, María Eugenia Rodríguez, niega trato preferente al estar incluida en los listados remitidos a la Consejería de Sanidad desde la propia residencia de mayores del municipio, donde tiene su despacho de trabajo.

Relación directa y permanente

Así, señala que aparte de su función política mantiene "contacto directo y permanente" con los usuarios e incluso, en caso de alguna baja entre el personal, colabora con las trabajadoras y ha llegado a dirigir la residencia de forma temporal.

El Ayuntamiento condena "de forma rotunda" a quienes se saltan el orden de vacunación pero en este caso, en un municipio de apenas 2.500 habitantes, la edil actúa en muchas ocasiones "como una trabajadora más".

Además, apunta que la estrategia de vacunación resalta que en el primer grupo se incluyen usuarios y trabajadores de los centros de mayores, sin especificar que un cargo público, que desempeña su labor en las instalaciones, no pueda ser vacunado.