El Gobierno de España considera que no hay ninguna "normativa nacional ni internacional" que le obligue a crear una oficina de información a las familias de los inmigrantes desaparecidos en la Ruta Canaria, como le han pedido varias ONG y el propio Secretariado de Migraciones de la Iglesia, según una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Efe.

23.023 inmigrantes llegaron en patera el año pasado a Canarias, de acuerdo con el balance oficial que ha publicado el Ministerio del Interior, pero la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) calcula que al menos 600 perdieron la vida en el intento, una cifra que califica de "estimación mínima", porque reconoce que se le escapan naufragios de los que no tiene datos.

De hecho, el colectivo Caminando Fronteras eleva el número de muertos y desaparecidos en esa zona del Atlántico a 1.851 personas, a partir del seguimiento que hace de la ruta en contacto con familias de los emigrantes, y Cruz Roja calcula que el flujo de pateras hacia las islas tiene una tasa de mortalidad de entre el 5 % y el 8 %. Si esos porcentajes se aplican a los 23.023 llegados a Canarias en 2020, la horquilla de víctimas oscila entre las 1.151 y 1.841.

Esos números han llevado a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a referirse a la Ruta Canaria como la más mortífera del mundo en estos momentos. Sin embargo, hasta finales de diciembre, solo se habían recuperado 164 cuerpos, según datos facilitados a Efe por la OIM, y la gran mayoría sin identificar.

El resto, se tome la cifra que se tome como referencia, son desaparecidos, una circunstancia que explica que de forma constante familias de inmigrantes se acerquen a los campamentos de emergencia de Canarias a pedir información sobre parientes que saben que se subieron a un cayuco pero de los que no tienen más noticias (pasó en el muelle de Arguineguín y ocurre ahora en el centro de Barranco Seco) o busquen ayuda en las ONG o las parroquias.

Las peticiones fueron particularmente intensas en noviembre, cuando llegaron a Canarias 8.158 personas en pateras; o lo que es lo mismo, el 50 % de todos los extranjeros que entraron en Europa por vía marítima de forma irregular ese mes, según datos de ACNUR.

Colectivos como la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias o Caminando Fronteras han señalado a Efe en varias ocasiones que reciben constantemente llamadas de familiares que preguntan por personas que se embarcaron en un cayuco o una patera rumbo a las islas.

La Diócesis de Canarias ha demandado, incluso, la mediación del Defensor del Pueblo para que inste al Gobierno de España a abrir una oficina de información específica por razones de humanidad, pero también legales, porque entiende que se trata de un supuesto que puede equipararse a los que describe el real decreto de 2009 que regula cómo deben actuar las autoridades y la Policía al respecto en casos de "sucesos con víctimas múltiples".

El diputado en el Congreso de EH Bildu Jon Iñarritu visitó en diciembre el centro de atención temporal a extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, y ha trasladado esa inquietud al Gobierno en forma de pregunta escrita.

"La ruta canaria de migraciones es la más mortífera del mundo. Son muchos los familiares que llevan semanas buscando a sus hijos o hermanos por el muelle (de Arguineguín), hoteles, centros de menores, CIEs, prisiones... sin encontrar noticias", argumentaba el diputado vasco, que aludía también a la petición de varias ONG para que se pusiera en servicio un punto de información.

Y, en consecuencia, le preguntaba al Gobierno por qué no ha creado una oficia de atención a las familias de los desaparecidos en la Ruta Canaria y si tiene previsto hacer algo al respecto.

La respuesta del Ejecutivo, fechada el 20 de enero, es breve: "No existe normativa nacional, ni internacional que fije la obligación de disponer de (un) punto de información a las familias de los inmigrantes irregulares llegados a España", dice la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.