Cumplido año y medio del ‘pacto de la flores’ que conformó en Canarias el primer gobierno de coalición de izquierdas de toda la historia de la comunidad autónoma, el Ejecutivo presidido por el socialista Ángel Víctor Torres acaba de entrar en una situación de alto riesgo tras la espantada de la diputada majorera Sandra Domínguez abandonando el grupo de Nueva Canarias y marchándose al grupo mixto. La estabilidad que se prometían los socios de gobierno, PSOE, Podemos, NC y ASG, tras la aprobación de los presupuestos regionales para 2021 hace apenas unas semanas y pese a las dificultades que ofrece la gestión de la pandemia sanitaria y sus efectos económicos y sociales, y la emergencia migratoria, queda en entredicho porque la mayoría parlamentaria del pacto se queda con un solo diputado de margen.
La crisis abierta por esta circunstancia vuelve a poner sobre el tapete el debate sobre la cohesión de un gobierno, que se formó por descarte de otro acuerdo alternativo que estuvo a punto de cristalizar (el que iban a firmar CC, PP, Cs y ASG), al que muchos auguraron en sus inicios una corta vida, o al menos una andadura llena de convulsiones, que de momento han sorteado. Una de la dudas que se planteaban hace dieciocho meses era la capacidad de Podemos para mantenerse disciplinadamente en la senda marcada por el PSOE como socio mayoritario (25 diputados) y por Román Rodríguez como líder del otro rival electoral directo de la formación morada.
La propia batalla interna en Podemos Canarias durante estos meses de cambio de liderazgo en el partido, así como las complejas relaciones entre morados y socialistas en Madrid, primero durante las frustradas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez en julio de 2019, y luego para formar el Gobierno de coalición en el ámbito estatal tras las elecciones de noviembre de ese año, también el primero de coalición de la democracia española, alimentaban entonces el escepticismo en torno a la convivencia de ambas formaciones en el Ejecutivo del Archipiélago.
Se daba por hecho que para la formación liderada en ese momento por Noemí Santana, que se integraría en el gabinete de Torres como consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, no sería fácil abandonar su dinámica y costumbres de izquierda alternativa inspirada en el movimiento del 15-M, y mantener la disciplina que iba a exigir un pacto a cuatro bandas como el firmado en Canarias. La experiencia previa del cabildo de Gran Canaria y la de otros gobiernos autonómicos en el resto del Estado también llamaban al escepticismo, máxime con algunas de sus figuras regionales, como Meri Pita, Victoria Rosell o Alberto Rodríguez, incrustados en la dirección estatal de Podemos y muy cercanos al líder nacional del partido, Pablo Iglesias. Las mismas dificultades de relación se auguraron luego para el caso del Gobierno central, tal como había pronosticado el propio Sánchez cuando, durante la última campaña electoral y antes de verse obligado al pacto con Unidas Podemos, afirmó que tener a los morados en el Consejo de Ministros no le permitiría “dormir tranquilo”.
La realidad de ambos gobiernos, sin embargo, ha sido bien distinta desde entonces, porque mientras Podemos Canarias ha sido en todo este tiempo un socio amable e incluso “dócil” respecto a los socialistas canarios y al propio Torres, al decir de algún sector del partido, sus compañeros en el Estado han protagonizado numerosos enfrentamientos con el socio mayoritario tanto dentro como fuera del Ejecutivo de coalición. No hay semana desde hace muchos meses que no surja una bronca, discrepancia, malestar o reproche desde las filas moradas hacia el PSOE o hacia algunos de los ministros socialistas, que además se encargan de filtrar y aventar convenientemente. Esto ha llevado a dar una sensación de que se trata de dos gobiernos en uno y que a duras penas el Consejo de Ministros y el propio Sánchez logran cohesionar mínimamente.
Solo en las últimas semanas, los dos socios en el Gobierno central han protagonizado hasta cinco disputas públicas tales como el control de las eléctricas por la subida de la factura de la luz durante la ola de frío en la Península, el ‘tratamiento’ de “exiliado” al huido Puigdemont por parte de Iglesias comparándolo con los exiliados republicanos, la negativa socialistas a abrir en el Congreso una investigación sobre la situación fiscal del rey emérito, el incremento del Sueldo Mínimo Interprofesional, o la permanencia de Salvador Illa en Sanidad tras ser designado candidato del PSC en Cataluña. Pero el rosario de enfrentamientos en muy largo, desde la propia estrategia de negociación de los Presupuestos estatales que Sánchez intentó abrir con Cs y que los morados vetaron, a la autoenmienda de Unidas Podemos, junto a Bildu y ERC, luego retirada, para prorrogar el veto a los desahucios, o asuntos como las medidas fiscales para determinados sectores, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la reforma laboral, el referéndum en el Sahara, la reforma de las pensiones, o el propio debate sobre la vigencia de la Monarquía parlamentaria como forma de Estado constitucionlizada.
Crisis por el SCS
En Canarias, por el contrario, la discreta presencia de Podemos en el Ejecutivo y sus limitados pulsos con los socialistas llaman más la atención por el contraste que supone respecto de los otros dos socios del ‘pacto de las flores’. Y no es que NC o ASG hayan puesto en peligro en ningún momento la estabilidad del Ejecutivo de Torres, pero su grado de presión al presidente para que se enfrente al Estado y exija medidas para Canarias en asuntos como la gestión de la pandemia, el rescate del sector turístico, la mejora de la ficha canaria de los Presupuestos estatales durante su tramitación en el Congreso, el uso del superávit, o abordar decidida y coordinadamente la crisis migratoria, ha sido permanente, llegándose a momentos de tensión no disimulada.
Sólo en una ocasión la formación morada echó un pulso a Torres y amenazó con abrir una crisis de Gobierno, alentados en ese caso desde sectores del propio PSOE enfrentados a la dirección regional socialista. Fue por el nombramiento de Conrado Domínguez, en septiembre pasado, como director general del Servicio Canario de Salud por considerarlo un ferviente partidario de la privatización de la sanidad en las Islas. La vuelta al cargo para intentar controlar la pandemia de alguien que había gestionado el SCS durante el anterior gobierno de CC llevó a Podemos a amagar con abandonar el Ejecutivo, pero tuvo que recoger velas y aceptar la propuesta de Torres.
Sin que fuera un episodio grave ni amenazara la convivencia, también provocó malestar e incomodo en los socialistas el descubrimiento de que Santana realizara en su primer proyecto de Presupuestos para su consejería, los correspondientes a 2020, un “copia y pega” del elaborado un año antes por su antecesora, Cristina Valido, en el último gobierno de CC. Más allá de estos asuntos y otros de carácter menor, el socio morado se dejado notar, en este caso frente al Ejecutivo central, durante algunos momentos de la crisis migratoria, en especial cuando durante las visitas a las Islas de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Migraciones, José Luis Escrivá, se sustanciaron sin medidas concretas para acabar con la situación de los migrantes en el Muelle de Arguineguín, o cuando la propia consejería de Santana se encontró sin fondos para atender a la avalancha de menores no acompañados que han ido sobrepasando la capacidad de los centros canarios de acogida, de su competencia.
