Un grupo de inmigrantes ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo contra los controles establecidos por la Policía desde diciembre en los aeropuertos de Canarias para impedirles volar a la Península, a pesar de contar con sus pasaportes y correspondientes billetes. Daniel Arencibia, uno de los abogados que asesora al colectivo de afectados en Gran Canaria, afirma que desde hace ya dos meses se les impide por sistema embarcar hacia la Península. Los inmigrantes cuestionan la legalidad del procedimiento seguido por la Policía para impedirles embarcar, que consiste en retenerlos durante horas para comprobar su pasaporte, generalmente hasta que su vuelo ya ha despegado, con el argumento de que carecen de visado de entrada en España y, por tanto, están en situación irregular. Los africanos no lo niegan. Llegaron en patera y todos tienen su orden de devolución, pero los letrados que les asesoran sostienen que están correctamente identificados, que no procede cuestionar sus documentos y que en ningún punto de la Ley de Extranjería dice que su condición de irregulares les prohíba moverse por España. Solo deben comunicar dónde residen, por si en dos años los deportan.