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El ingreso mínimo del Estado ralentiza el avance de la renta canaria hasta 2023

La ley comenzará a aplicarse en 2022 y da un plazo de entre seis y 15 meses para su desarrollo progresivo | El Ejecutivo admite la complejidad administrativa que supone

Cola para recoger comida en el comedor social de Cáritas en la capital grancanaria Andrés Cruz

La renta canaria de ciudadanía no estará plenamente implantada al menos hasta 2023. El proyecto estrella del pacto de gobierno se ha visto condicionado por la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que ha obligado a la Consejería de Derechos Sociales a replantearse toda la estrategia inicial de la renta y a redefinir sus objetivos y la utilidad de la misma, ahora como complemento de la ayuda del Estado a las personas y familias que están en exclusión social. Entre las familias que en la actualidad se benefician de la prestación canaria de inserción (PCI) y las que puede cubrir el IMV en una primera fase, se estima que la nueva prestación puede llegar a más de 20.000 familias canarias en dos años una vez que entre en vigor la ley que desarrolla la nueva prestación de la Comunidad Autónoma, lo que supone triplicar los beneficiarios actuales.

El anteproyecto de ley de la renta de ciudadanía finalizó recientemente su exposición pública y le queda por delante varios trámites para que el Consejo de Gobierno apruebe la norma y se traslade al Parlamento. La intención inicial es que la ley se apruebe antes de finalizar 2021 para que se inicie su aplicación efectiva ya en 2022. Pero la entrada en vigor no será inmediata y su implantación estará sometida a unos plazos debido a los cambios que ha sufrido la prestación y a la complejidad administrativa que va a suponer su desarrollo. El propio anteproyecto de ley recoge que su entrada en vigor será tres meses después de su publicación en el BOC y después se da un plazo de entre seis y 15 meses para el desarrollo de los diferentes complementos que contiene la renta. De esta forma, a priori el desarrollo de la renta tardará sobre un año y medio, es decir, que sus efectos reales no se verán hasta 2023 aunque, eso sí, en función que cómo vaya transcurriendo también la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

El director general de Derechos Sociales, Francisco Javier Bermúdez, admite que la implantación “progresiva” de la renta de ciudadanía se debe a que se ha configurado de tal forma que cuenta con varias ayudas que complementan la renta básica del IMV. “La complejidad administrativa se multiplica, no se trata de aprobar la ley y que se pueda desarrollar de inmediato porque el aparato administrativo tiene que estar preparado para asumir la demanda que supone una prestación que es potente y novedosa en Canarias, por eso se va a ir espaciando y consolidando paulatinamente”, puntualiza Bermúdez. Asimismo, la renta se ve condicionada por el IMV, cuya ley se está tramitando en el Congreso y tampoco ha desarrollado muchos de sus aspectos, que pueden solaparse con las medidas incluidas en la renta canaria. “La prestación sigue adelante pero de forma progresiva porque los aspectos principales de la ley requieren de la preparación del personal y de aplicativos informáticos nuevos”, añade.

La idea original cuando se firmó el pacto de gobierno era diseñar una renta básica al estilo de otras comunidades más avanzadas como País Vasco y Navarra y para dar cumplimiento a lo que recoge el Estatuto de Autonomía, cuya reforma se aprobó en 2018. Año y medio después esa idea ha quedado atrás y ahora esta prestación tratará de cubrir las lagunas de la renta mínima impulsada por el Gobierno central. Según explica el director general de Derechos Sociales, uno de los colectivos que quedan fuera del IMV es el de los jóvenes de 18 a 23 años, por lo que la renta canaria puede acoger a aquellos grupos que por edad o cualquier otra circunstancia no se puedan beneficiar de la renta estatal.

Ayuda complementaria

Pero la principal característica que va a definir la nueva prestación canaria es que complementará a la renta básica para ayudar a aquellas familias vulnerables en aspectos como la vivienda, la educación, las pensiones no contributivas o los bajos ingresos por la renta del trabajo. Aquí Francisco Javier Bermúdez matiza que habrá primero que coordinarse con otros departamentos de la Comunidad Autónoma y con el Estado para que no se solapen ayudas ya que el anteproyecto de ley de la renta de ciudadanía recoge complementos destinados al alquiler de la vivienda, la educación de 0 a 3 años, la prolongación de los estudios para jóvenes de unidades familiares en exclusión social, el apoyo a pensiones no contributivas y como compensación a familias con bajos ingresos por tener trabajos precarios. Según Bermúdez, la ley describe la inclusión social como un derecho, por lo que además de la prestación económica también se incluye un sistema de acompañamiento social para que las personas y familias beneficiarias vayan saliendo del “círculo vicioso” de la exclusión, que no es solo por motivos económicos y laborales, sino también por problemas de convivencia, adicciones, salud mental y otro tipo de circunstancias.

Actualmente hay alrededor de 14.000 familias canarias que tienen una prestación social sea por la PCI o a través del Ingreso Mínimo Vital. Es la cifra más alta registrada hasta ahora de población cubierta por ayudas básicas para evitar la exclusión social en el Archipiélago pero Bermúdez lo sigue considerando “totalmente insuficiente”, por lo que la aspiración del área social del Ejecutivo es que en dos o tres años se pueda alcanzar las 20.000 familias. La estimación en la que se mueve Derechos Sociales y el IMV es alcanzar los 50.000 beneficiarios cuando estos nuevos instrumentos estén plenamente desarrollados. Sin embargo, Bermúdez también pone el acento en la “pobreza sobrevenida” derivada de los efectos de la crisis del Covid-19 y que aún están por comprobar cuál es su alcance porque ni siquiera ha terminado la emergencia sanitaria.

Los principales retos que afronta el departamento de Derechos Sociales, una vez que se apruebe la ley, es agilizar la gestión de las peticiones, dotar de personal al departamento e implantar medios técnicos y aplicativos informáticos adecuados para allanar los trámites como sucede en otras comunidades que se han tomado como referencia, caso de Navarra. Entre las medidas que se quieren establecer es que las peticiones de renta se realicen directamente a la Comunidad Autónoma y no a los ayuntamientos como sucede ahora con la PCI, del tal forma que en vez de dos comprobaciones de la documentación solo se realice una. Asimismo se pretende ir acabando con lo que Bermúdez califica como “sospecha de la pobreza”, es decir, que cada seis meses se tenga que renovar la prestación para comprobar que se mantienen las condiciones para recibirla. El Ejecutivo ampliará los plazos para las renovaciones simplificando de esta forma el modelo de presentación y los requisitos que se deben cumplir.

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