Aproximadamente 250 vehículos se unieron ayer en una caravana de protesta por las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Era una representación de los empleados públicos temporales de la Isla que se sumó a la convocatoria nacional de la Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley (MI15F). Representan a un colectivo de empleados de todo tipo de administraciones a los que se les ha mantenido en situación de temporalidad pese a llevar hasta 25 años en sus puestos. Este “abuso” afecta a más de 800.000 personas en todo el país. En el Archipiélago participaron ayer un total de 700 coches: 250 en Tenerife, 100 en Lanzarote, 100 en Fuerteventura y 250 en Gran Canaria.
El recorrido por la capital grancanaria arrancó a las 10.00 horas en la Avenida Eufemiano Jurado y continuó por la calle Alicante hacia la avenida Marítima en dirección norte saliendo por la entrada hacia Vegueta. A continuación giró por la calle Rafael Cabrera hasta la calles Venegas, archivero Pedro Cullen del Castillo y Luis Doreste Silva hasta la entrada del Muelle Deportivo. El recorrido siguió por Joaquín Blanco Torrent y León y Castillo hasta la Plaza de la Feria bordeándola hasta la avenida Marítima y nuevamente por la calle Venegas.
En Tenerife el recorrido comenzó en la avenida de Anaga, junto al conocido Edificio de Múltiples I. Desde ahí, y escoltados por la policía, circularon hasta la avenida Tres de Mayo para emprender luego camino por Asuncionistas, la Rambla y finalizar de nuevo en el punto de partida. Los vehículos iban identificados con globos amarillos, el color que han escogido como símbolo de sus protestas y que llevaban también en sus camisetas. “Las formas de abuso del empleado público en las administraciones de toda España son variadísimas. Desde médicos que contratan por meses o semanas a personas que tienen con decenas de contratos temporales a lo largo del año. Otro tipo de abuso es tener a una persona durante 20 o 25 años con un contrato temporal. Las formas de abuso son muy variadas, tanto como la mala praxis de las administraciones durante estos últimos 25 años”, aseguró el portavoz del colectivo de empleados públicos temporales que se manifestó en Tenerife, Miguel Quintero.
Los casos son variados y afectan a prácticamente todas las administraciones, desde ayuntamientos a cabildos y universidades. Pero casi todos tienen un nexo en común: se presentaron hace años a una plaza temporal que finalmente no lo fue y ahora se ven ante la posibilidad de que se les obligue a concurrir de nuevo a una oposición para un puesto que han desempeñado durante casi 20 años.
“Esto va más allá del sector sanitario, esto afecta a todas las administraciones públicas. Ahora en Canarias estamos en huelga dos colectivos: 4.000 empleados de carácter temporal del cuerpo central de las administraciones públicas y 2.000 médicos especialistas. También en esta situación hay médicos de atención primaria, sanitarios de atención primaria, personal de educación, de justicia y de otros sectores”, detalló Quintero. El motivo que ha llevado a los dos colectivos señalados a emprender protestas oficiales es que se enfrentan a la inmediata posibilidad de la convocatoria de procedimientos selectivos que afectarían radicalmente a su futuro laboral. “Son procedimientos que, desde nuestro punto de vista, incumplen con nuestros derechos”, añadió.
En la fila de coches que esperaba con paciencia a iniciar las protestas había multitud de ejemplos del “abuso” que denuncian estos trabajadores. Una de ellas es Rosario Pinto. Hace 15 años se presentó a unas pruebas para optar a una plaza temporal de trabajo del Servicio Canario de Empleo (SCE). El proceso selectivo se inició para unas labores supuestamente temporales que finalmente no lo fueron. “Denunciamos porque estábamos haciendo funciones estructurales y fuimos declarados indefinidos”, explicó.
Después de todos estos años trabajando en la oficina de Los Cristianos, esta tinerfeña se enfrenta ahora a la posibilidad de perder su empleo en caso de que se tenga que presentar a una prueba que ya aprobó en su día. “Llevan 25 años haciendo las cosas mal y van a seguir haciéndolas mal. Hemos llegado a un basta ya. La situación en la que nos dejan a una generación de trabajadores que pasamos de los 50 años es insoportable. Esto es un problema que no saben resolver y la consecuencia es este conflicto social en el que estamos ahora”, sentenció Quintero.
Concretamente, la plataforma nacional convocó ayer esta marcha para reivindicar que “la administración pública cumpla el Derecho de la Unión, comprobando cada relación temporal, para determinar si incurre en Abuso de Temporalidad, y aplique como sanción al incumplimiento el mantenimiento del empleo hasta que concurran las causas generales de cese para todo trabajador público mediante una regularización administrativa”. También reclaman que el Gobierno atienda la Resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo, adoptando políticas de lucha contra el Fraude en la Contratación y contra el Abuso de la Temporalidad en el Sector Público, similares a las adoptadas en el sector privado, como son la inspección y la sanción.
