Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias trabajan en la elaboración del decreto que dará cobertura legal al paquete de ayudas directas con el que la Administración autonómica trata de paliar los efectos de la crisis económica desatada por la pandemia. El objetivo principal es hallar la fórmula para que el dinero llegue a las empresas antes de que se vean abocadas al cese de actividad, lo que no resulta sencillo sin colisionar con la ley estatal que rige para las subvenciones.
“Hay que cumplir la ley”, advirtió ayer el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, a la finalización de la reunión que mantuvo con su consejo asesor, que integran patronales y sindicatos. Por eso ha decidido poner a “trabajar a todo el equipo” en conseguir un marco normativo capaz de reducir los plazos con todas las garantías jurídicas.
Son los 165 millones de euros de ayudas directas –a fondo perdido– que contempla el plan del Ejecutivo. La cantidad restante, hasta completar los 400,8 millones con que está dotada la estrategia global, se destina al oxígeno fiscal que suponen el aplazamiento del pago del IGIC del primer trimestre o la carencia a la hora de afrontar los plazos negociados para saldar deudas con la Hacienda canaria, entre otras medidas.
En esta última parte, no hay problema porque la potestad sí es de la Administración autonómica. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, señaló la obligatoriedad de que las ayudas “lleguen cuando sean útiles”. Aunque se trate de “medidas paliativas”, insuficientes para solventar el problema en toda su dimensión, al menos contribuyen cuando se trata de “atravesar el desierto”. El propio Torres reconoció que ni “multiplicando por diez los 400 millones” bastaría.
La patronal subraya que las ayudas tienen sentido si llegan “cuando son útiles”
La estrategia del Gobierno establece tres tramos de ayudas –3.000, 5.000 o 9.000 euros– en función del agujero que la crisis por la pandemia haya generado en la facturación de cada empresa. El secretario general de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, señaló que también a la hora de hacerse cargo el Gobierno del pago del IBI de las instalaciones alojativas –80 millones de los 165– que permanecen cerradas habrá que tener en cuenta el “límite máximo de ayudas que establece la UE”.
El propio Alfonso explicó que la petición de las organizaciones empresariales es “muy clara, que las ayudas lleguen en el primer trimestre del año”. Para ello es necesario encontrar una fórmula “rápida pero que dé seguridad jurídica”. Una muestra más, esta última, del consenso que existe en el órgano asesor del presidente.
Los sindicatos se sumaron a la hora de apostar “por la mayor coordinación entre administraciones, también las insulares y locales, para facilitar el acceso a las ayudas”, según expuso el secretario general de UGT-Canarias, Manuel Navarro. No obstante, su homólogo en CCOO-Canarias, Inocencio González, a pesar de entender que el acuerdo sin fisuras es muy necesario, se mostró “preocupado por la falta de concreción” del Gobierno canario.
Vinculación al empleo
“Echamos en falta que las ayudas vayan ligadas al mantenimiento del empleo”, afirmó ayer el secretario general de CCOO-Canarias, Inocencio González. De lo contrario, las ayudas directas que reciban las empresas “pueden dedicarse a pagar despidos”, continuó. El Ejecutivo se comprometió a remitir a los sindicatos las bases de las ayudas antes de aprobarlas. Tanto los sindicatos como las patronales de las Islas manifestaron su preocupación por el impacto que la pandemia está teniendo en la economía canaria, mucho mayor que la media estatal, según todos los indicadores. | J. G. H.
