El Gobierno central apura el desalojo de los migrantes acogidos en establecimientos turísticos. Mañana se vaciará por completo el hotel Aguineguín Park, donde todavía están alojadas cerca de un centenar de personas y, a continuación, comenzará el traslado de los extranjeros que viven en el hotel Waikiki a los campamentos humanitarios. En los hoteles del sur de Gran Canaria todavía quedan alojados cerca de 4.600 migrantes irregulares, entre ellos unos 800 menores. La subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, explicó ayer que el Estado trabaja para consumar su compromiso de desocupar los recursos hoteleros, a los que se ha recurrido de forma excepcional para dar respuesta a la crisis migratoria en Canarias.
Mayans acudió ayer a la junta local del seguridad de los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, para evaluar los resultados de las actuaciones puestas en marcha en aras de controlar las incidencias protagonizadas por las personas migrantes acogidas en los complejos alojativos de estas localidades turísticas. En ambos encuentros se constató la reducción de en torno a un cincuenta por ciento en el número de incidencias relacionadas con la presencia de migrantes. “La sensación de inseguridad ha mejorado y esas circunstancias que dan lugar a actuaciones posteriores o brotes xenófobos también”, un asunto por el que mostró una gran preocupación la subdelegada del Gobierno en Las Palmas. “El número de incidentes es mínimo y se perseguirá a aquellas personas que utilicen los bulos para alentar la xenofobia”, sentenció Mayans.
Cerca de 4.600 personas siguen alojadas en establecimientos hoteleros
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, aseguró que la tranquilidad “se palpa en la población” y detalló que estos buenos datos se deben a la presencia de 22 agentes de refuerzo del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y a la Policía Local de Mogán. Por su parte, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, defendió que gracias a “la coordinación de las diferentes administraciones y fuerzas de seguridad se está consiguiendo recuperar la normalidad”.
En la junta de seguridad de Mogán también se abordó la necesidad de acelerar las pruebas de determinación de la edad, ya que el Gobierno de Canarias estima que entre los 2.652 menores que están bajo su tutela podría haber, al menos, 500 adultos. Bueno solicitó activar un plan de choque para acelerar las pruebas óseas, ya que sería un alivio para la Comunidad Autónoma confirmar si ese medio millar de personas no tienen que estar bajo la tutela del Gobierno de Canarias, ni ocupar una plaza financiada por el Ejecutivo regional. La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, expuso que el protocolo de determinación de la edad existente entre Fiscalía de Menores, el Instituto de Medicina Legal y Policía Nacional no está yendo lo rápido que les gustaría, puesto que hay todavía unas 2.000 verificaciones pendientes. “Hasta que no se hagan las pruebas y no se determine la edad de estas personas, no se les puede entregar documentación y no se les puede enviar a las escuelas o centros de formación”, concluyó la viceconsejera.
El Gobierno de Canarias trabaja para agilizar las pruebas óseas a los menores de edad
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, mantuvo ayer un encuentro con la Asociación de Mujeres Árabes y del Magreb. La presidenta de este colectivo, Fátima Louraibi, trasladó su preocupación por la situación de los migrantes que están en las calles y pidió al delegado que priorice su deportación, porque están sin recursos y ya no dependen de ninguna ONG. Además, apuntó que muchas personas migrantes han mostrado su interés por ser devueltos a sus países de origen de manera voluntaria.
