Los cabildos y ayuntamientos canarios abonan cada año más de 17 millones de euros en facturas irregulares. Hay pagos que no tienen el debido respaldo presupuestario, pagos que se ejecutan sin que medie contrato alguno y pagos que no cumplen ni lo uno ni lo otro. Incluso los hay tan irregulares que sencillamente no hay por donde cogerlos. Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su última fiscalización de los reconocimientos extrajudiciales de crédito en las entidades locales, un informe en el que el supremo órgano fiscalizador del Estado saca una vez más los colores a los gobiernos municipales, insulares y provinciales.

El reconocimiento extrajudicial de crédito es la operación en virtud de la cual el ayuntamiento o cabildo pone en orden un pago que sería nulo de todo punto conforme al ordenamiento jurídico. El hecho de que la corporación local no se ajuste a la legalidad al contratar a una empresa o trabajador autónomo para un determinado servicio no implica que no tenga que pagarlo. Es decir, el acto administrativo del gobierno insular o municipal no tiene validez, pero la empresa o el autónomo han de cobrar. Pues bien, el reconocimiento extrajudicial de crédito es la fórmula para hacer efectivo el pago. Es lo que ocurre cuando el pleno del consistorio aprueba cargar al presupuesto del ejercicio en vigor el abono de facturas de años anteriores, esas facturas que se acumulan en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, la famosa cuenta 413. En definitiva, el reconocimiento extrajudicial es, o más bien debería ser, una excepción. Pero no lo es, y aun así, lo más grave no es que su uso sea cada vez más habitual entre alcaldes y presidentes, pervirtiendo así su espíritu, sino que la mayoría de las veces se emplea para vestir obligaciones de pago “indebidamente comprometidas”.

El caso de las entidades locales de Canarias es paradigmático. El Tribunal de Cuentas analizó en las Islas los reconocimientos extrajudiciales de créditos que en 2018 llevaron a cabo los siete cabildos y 42 de los 88 ayuntamientos. Una serie de operaciones que sumó algo más de 18,7 millones de euros. Lo primero que llama la atención es que este tipo de efugio no tiene nada de excepcional en el Archipiélago: de las 49 instituciones fiscalizadas, hasta 36 habían echado mano del reconocimiento extrajudicial. Y la mayoría lo había hecho para enmascarar pagos a todas luces irregulares. “La ley incluye entre las infracciones muy graves, en materia de gestión económica y presupuestaria, aprobar compromisos de gastos, reconocimientos de obligaciones y ordenaciones de pagos sin crédito suficiente o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria”, explica el Tribunal de Cuentas, que avisa: “Circunstancias que se producen en una gran parte de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito”. Tan es así, que de esos 18,7 millones de euros abonados por los cabildos y ayuntamientos por la vía del reconocimiento extrajudicial, hasta 16,7 millones corresponden a obligaciones de pago “indebidamente comprometidas”. O lo que es lo mismo: tan solo dos millones se originaron de acuerdo con lo que dicta la ley.

Sin crédito y sin contrato

El supremo órgano fiscalizador del Estado, que preside María José de la Fuente y de la Calle, ha constatado que de esos 16,7 millones de euros en facturas irregulares, algo más de 10,7 millones corresponden a gastos para los que la entidad no disponía de crédito en el momento de comprometerlos. Otros 2,7 millones se originaron a pesar de que el cabildo o el ayuntamiento no suscribió el contrato con la empresa o el trabajador autónomo por más que debía hacerlo. Y en facturas por casi 267.000 euros ni se contaba con el crédito necesario ni se firmó el debido contrato. En los restantes tres millones las irregularidades fueron múltiples. El Tribunal de Cuentas hace hincapié en que Canarias es, junto con Andalucía, la Comunidad Autónoma que “tiene un mayor porcentaje de obligaciones comprometidas sin crédito”. Y los principales responsables son los ayuntamientos de la capital grancanaria, de La Oliva –en Fuerteventura– y de Puerto de la Cruz –en Tenerife–. “En Canarias se debe fundamentalmente al Ayuntamiento de La Oliva (1.994.663,65 euros), al de Las Palmas de Gran Canaria (1.401.573,37 euros) y al de Puerto de la Cruz (1.089.767,97 euros)”, ahonda el Tribunal.

Además, el Archipiélago es también una de las regiones donde más peso tienen los gastos irregulares en fines que no son los habituales, es decir, gastos que no fueron ni en servicios, ni en suministros, ni en personal, ni en obras, ni en encomiendas; y tampoco fueron subvenciones. En este caso el órgano fiscalizador no señala a ninguna entidad en concreto, ya que se trata de una práctica generalizada.ranking–nueve de cada diez euros– corresponde a operaciones con una o más irregularidades, como la falta de crédito o contrato.

UN REFUGIO PARA 234 MILLONES

En todo el país, el Tribunal de Cuentas analizó expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos por un montante de 264,4 millones de euros, de los que 234,8 millones corresponden a facturas irregulares. Según el informe del supremo órgano fiscalizador del Estado, Canarias es la sexta Comunidad Autónoma en el particular ranking de las entidades locales con mayor volumen de gasto comprometido “indebidamente”. Con más de los 16,7 millones en facturas irregulares que suman los cabildos y ayuntamientos isleños figuran los consistorios y diputaciones provinciales de Andalucía, con 49,6 millones de euros; Comunidad Valenciana, con 35,5 millones; Comunidad de Madrid, con 34,3 millones; Castilla y León, con 21,6; y Galicia, con 17,3 millones de euros. El 90% del gasto que las entidades locales incluyeron en reconocimientos extrajudiciales -nueve de cada diez euros- corresponde a operaciones con una o más irregularidades, como la falta de crédito o contrato. | M.Á.M.