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Pleno del Parlamento de Canarias | Los agujeros del plan de vacunación

La Cámara rechaza pedir la destitución de los cargos ‘colados’ para vacunarse

El Parlamento regional ‘tumba’ una propuesta de la oposición para revisar el plan de Sanidad y exigir el cese de los cinco políticos que se han saltado el protocolo

Las socialistas Nira Fierro, a la izquierda, y Elena Máñez hablan, ayer, con los diputados de la Agrupación Gomera Jesús Ramos y Casimiro Curbelo. Andrés Gutiérrez

El Parlamento de Canarias no quiso ayer pedir la destitución o la dimisión de los cargos públicos que se vacunaron contra la Covid-19 antes de que les correspondiera. Fue la oposición, en concreto PP y Ciudadanos (Cs), la que solicitó al pleno de la Cámara autonómica el gesto de exigir el cese de los cinco políticos –tres del PSOE y dos de Coalición Canaria– que se colaron en la vacunación. Un llamamiento al “compromiso ético” que, sin embargo, no funcionó.

La propuesta original de los populares exhortaba a la Consejería de Sanidad a revisar el plan de vacunación, si bien el Departamento que dirige Blas Trujillo ya decidió, motu proprio, escrutar las listas que le enviaron desde los centros sociosanitarios para detectar posibles nuevos casos de colados. Hay que recordar que el Servicio Canario de la Salud (SCS) ya ha corroborado que los cinco cargos públicos señalados –la consejera del Cabildo de La Palma Susana Machín, la concejal de Puntallana María Eugenia Rodríguez Rodríguez, la edil de Puntagorda María Mercedes Candelario, el concejal de Garachico José Elvis de León y la edil de Arafo Virginia Rodríguez, las tres primeras del PSOE y los dos últimos de CC– efectivamente recibieron la primera dosis de la vacuna cuando no les tocaba. Como también, por cierto, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. Fue Cs el que incluyó en la proposición del PP una enmienda para que el Parlamento exigiera el cese o la destitución de estos cargos públicos. “Es insólito que ni uno solo de los cinco haya dimitido o haya sido cesado”, subrayó la diputada del grupo mixto Vidina Espino, una de los dos parlamentarios de Cs.

El PSOE dice que, a diferencia de CC, han sido diligentes al exigir la dimisión de Susana Machín

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La enmienda de Ciudadanos contó con el apoyo inicial de CC, que, no obstante, quería circunscribir la petición de cese o dimisión a los casos de quienes no figuraban en los listados del SCS. Esto habría librado del castigo a los dos concejales nacionalistas, ya que sus nombres sí estaban en la lista de vacunación por más que luego Sanidad haya aclarado que tampoco les tocaba vacunarse tan pronto. El diputado de CC José Alberto Díaz-Estébanez argumentó que si Elvis de León y Virginia Rodríguez figuraban entre quienes debían recibir el medicamento, la responsabilidad no es de ellos, sino de quien los incluyó cuando no correspondía. Desde el PSOE, por su parte, recordaban ayer que la ejecutiva nacional del partido, es decir, Ferraz, tomó la decisión de exigir la dimisión a cualquier cargo socialista que se haya colado, y lo mismo se ha trasladado en el caso de la consejera y las dos ediles palmeras. A partir de ahí, explicaron, habrá que ver si Machín y las concejales cumplen o no la orden del partido y las consecuencias que esto podría tener. Sea como sea, los socialistas entienden que su postura es clara, lo que no ocurre, a su juicio, en el caso de Coalición Canaria.

Coalición Canaria se ampara en que solo deben dimitir quienes no estaban en la lista del SCS

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La propuesta del Partido Popular, que tampoco prosperó, calificaba de “inadmisibles” las irregularidades en el proceso de vacunación e instaba al Ejecutivo regional a que se pusiera “las pilas” para acelerar la administración del medicamento. Además, los populares también pedían al Gobierno autonómico que mantuviera las actuales restricciones de movilidad y reunión hasta que pasen las fechas de Carnaval. Para, en definitiva, que no vuelva a producirse un nuevo pico de contagios como el que se dio tras Navidad. Vidina Espino y Miguel Ángel Ponce, el ayer portavoz del PP, coincidieron en criticar al presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, por su “falta de prudencia” al hablar del “milagro canario”.

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