La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), insiste en reclamar la permanencia del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil (GRS) destacado en el municipio “hasta la total reubicación de los migrantes” albergadas en alojamientos turísticos de la localidad grancanaria.

En un comunicado de su Ayuntamiento, la alcaldesa subraya que el regreso a Mogán de ese grupo, con 21 efectivos trasladados desde Tenerife para reforzar la seguridad, “cuando habían pasado menos de dos semanas de su marcha”, demuestra que su demanda de que no abandonaran el municipio era acertada.

Su regreso, añade la nota, se debe a que “en los últimos días se han vuelto a disparar los incidencias calificadas como graves o muy graves protagonizadas por las personas migrantes acogidas en los complejos alojativos turísticos”. Porque, “de haber permanecido en la demarcación, como la alcaldesa solicitó encarecidamente a Delegación del Gobierno en Canarias, posiblemente estos hechos no se hubieran producido o, de suceder, no habrían alcanzado tal magnitud”, sostiene la corporación.

Bueno plantea que “la intervención del GRS en Mogán y su poder disuasorio logró hace escasas semanas rebajar el índice de incidencias”, pero su ausencia determinó que volvieran a incrementarse.

Prueba de ello es lo ocurrido en un complejo turístico que “ha quedado totalmente inhabitable” esta misma semana, afirman desde el Ayuntamiento, apostillando que hechos como esos “justifican sobradamente el regreso de esta unidad al municipio”. El consistorio refiere al altercado protagonizado el lunes por cuatro migrantes, tres de ellos menores de edad, en los apartamentos Puerto Bello, que se saldó con importantes destrozos en el mobiliario y electrodomésticos.

Como conclusión, Bueno apunta en el comunicado que “espera que esta vez sí se garantice por parte de la Delegación del Gobierno la presencia del GRS en Mogán hasta la total reubicación de los inmigrantes, adultos y menores, en las instalaciones de acogida asistencial que correspondan”.

Porque “de esta forma se evitarían los altibajos en las incidencias en función de la fuerza de seguridad que esté desplegada y se aseguraría la propia integridad física de los agentes de la autoridad que, de ordinario, prestan servicio en el municipio, así como la de los vecinos”, sentencia