Canarias se hace responsable de unos menores que, por ley, no le corresponde. La norma, pensada exclusivamente para la tutela de niños nacidos en las Islas, se aleja mucho de la realidad actual: casi 2.700 menores inmigrantes no acompañados supera la capacidad de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta en el enero de 2020 eran apenas 540. De ahí que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, insistiera ayer en hacer un llamamiento no a la solidaridad del resto de las 17 comunidades autónomas, sino a su “corresponsabilidad”. “El marco legislativo debe aclararse”, subrayó en una demanda ya casi a la desesperada. Si no hay respuesta, el Gobierno regional se plantea devolver al Estado la ‘competencia’ de la custodia de los menores llegados en patera –en la actualidad son más del doble que los acogidos durante la crisis de los cayucos, 1.309 entre 2006 y 2009–.

El presidente tilda de “insuficiente” las poco más de 200 plazas ofrecidas por otras regiones

“Canarias no puede asumir esta competencia con ese volumen de personas; la capacidad presupuestaria es limitada y estamos en la cifra más alta que hemos tenido nunca”. Torres recuerda que la Comunidad Autónoma viene soportando en solitario la acogida de estos menores y “estamos hablando de cantidades económicas tremendas” desde que se iniciara el repunte migratorio que trajo el año pasado al Archipiélago a 23.023 personas llegadas en patera o cayuco –un 756% más que en año anterior– y otras 2.077 más en enero.

En palabras del vicepresidente del Gobierno y responsable de Hacienda, Román Rodríguez: “es un problema del Gobierno de España, no de Canarias”. Aquí hasta ahora se les acoge con la máxima dedicación, pero también “con la preocupación de no poder seguir haciéndolo con los mejores medios posibles”. Si siguen llegando menores no acompañados hasta las costas isleñas la situación se complicará mucho. De ahí que también el segundo en el Ejecutivo regional incida en la necesidad de que el Estado se responsabilice e implique en el tutelaje de estos chicos y chicas si las restantes comunidades no asumen una parte de la carga.

De momento Castilla y León, País Vasco y La Rioja sí han confirmado el acogimiento de menores, y se está trabajando con otras comunidades, de tal forma que en estos momentos están confirmados unos 120 traslados y se prevé llegar a unos 200, 300, cifra que Torres califica, sin duda, de “insuficiente”.

El Gobierno plantea que Madrid se haga cargo de los chicos y los distribuya

Está prevista una reunión en breve con Cataluña, que pone 40 plazas a disposición de estos menores, y se espera concretar en las próximas semanas los traslados; al tiempo que se han establecido primeros contactos con Asturias y Navarra, y desde Valencia, Navarra, Extremadura y Aragón se han ofrecido 55 plazas.

El Ejecutivo canario plantea que si no hay una respuesta adecua por parte del resto de los gobiernos autonómicos debe ser el Estado quien recupere esa competencia y obliguen a la “corresponsabilidad”. Canarias está dispuesto a cederla. Ha puesto ya sobre la mesa incluso el plan que empezó a elaborar en 2019 el Ministerio de Sanidad en el que la tutela de estos menores volvía al Estado y era este el que luego se encargaba de su distribución por el país teniendo en cuenta criterios densidad de población, ingresos fiscales, índice de desempleo o el número de menores en acogida, con la vista puesta en su integración social. La fórmula evitaría la concentración en los lugares de llegada, como ocurre ahora con Canarias o Andalucía.

En una reunión en la mañana de ayer de Torres con el secretario general de la ONG Save the Children, Andrés Conde, ambos coincidieron en la necesidad de poner en marcha una estrategia de coordinación a nivel estatal para dar respuesta a la concentración de menores migrantes que hay en este momento en las Islas, para su protección.