El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, desea ocupar la plaza en el Senado que quedó vacante ante la renuncia de Pedro Ramos. Esto supone que ya hay, al menos, dos candidatos al cargo: Santiago Pérez, propuesto por la ejecutiva del PSOE en Tenerife, y Blas Acosta, secretario insular del partido en Fuerteventura.
El grupo parlamentario socialista tiene que plantear el nombre de su candidato en la Cámara regional para que esta lo ratifique, pero no existe ninguna norma interna de la formación sobre cómo debe elegirse al senador de designación autonómica. El PSOE de Tenerife respalda por unanimidad la candidatura de Santiago Pérez al Senado porque lo consideran el aspirante “más adecuado”, a pesar de los recelos en el partido, sobre todo en las agrupaciones de las islas orientales. La ejecutiva insular considera que el puesto que se sustituye es el de un senador tinerfeño, por lo que “lo razonable es que sea alguien de la isla quien ocupe ese lugar”.
Si bien, el cargo al que aspiran Pérez y Acosta no es electo, sino de designación autonómica, por lo que ninguna isla tiene preferencia sobre otra para proponer a un aspirante. La dirección regional del PSOE tiene previsto decidir esta semana el nombre del sustituto de Ramos, según anunció el secretario general de los socialistas canarios y presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la ejecutiva del pasado jueves 4 de febrero.
La propuesta de llevar a Pérez al Senado ha generado roces y desencuentros entre las filas socialistas. Precisamente fue Acosta el primer peso pesado del partido en manifestarse en contra llevar a la Cámara Alta al concejal de La Laguna, quien pasó casi una década fuera del PSOE y regresó el pasado mes de diciembre a la militancia socialista. “Volver al PSOE para utilizar un acta de senador me parece chirriante”, criticó Acosta. El secretario insular del PSOE de Fuerteventura debido reflexionar sobre la posibilidad de ser él quien sustituya a Ramos en la Cámara Alta, porque hace tan solo cinco días descartaba esa posibilidad. “Ni me lo he planteado ni me lo han propuesto”, subrayó.
Los detractores de Pérez alegan que sería poco higiénico brindar el aforamiento a alguien que está vinculado a un presunto delito de obstrucción a la justicia tras el testimonio del exconcejal lagunero Javier Abreu, que lo acusó de intentar condicionar una declaración en el caso Reparos. Ahora bien, el segundo candidato socialista al Senado se enfrenta a una condena de cuatro años y tres meses de prisión y la fiscalía lo acusa de delitos de administración desleal e insolvencia punible en la gestión de la empresa pública Gesturpa, en su etapa como concejal de Pájara y, además, tiene una moción de censura sobre la mesa en el Cabildo de Fuerteventura.
