Tensa comparenciaa ayer la de la consejera Elena Máñez en el Parlamento de Canarias. La responsable de Empleo acudió a la Cámara regional para dar cuenta de las consecuencias de las restricciones de la Covid en los sectores económicos, el plan de rescate para pymes y autónomos y los últimos datos de paro, debió aguantar una lluvia de críticas por parte de los grupos de la oposición que acusaron al Ejecutivo de continua “imprevisión”. Esperaron tres meses pese a que ya eran evidentes en algunas islas los indicios de la tercera ola del coronavirus –Tenerife y Lanzarote– para empezar a elaborar un plan de ayudas directas para las empresas más afectadas y aún deberán esperar más. Hoy se aprobará el crédito que de 165 millones que le dará cobertura en el Consejo de Gobierno pero el decreto con las bases y la convocatoria todavía está en elaboración, criticó la diputada de CC Rosa Dávila. Esta denunció que la medida de que “no se han puesto las pilas” la da que el Servicio Canario de Empleo (SCE), que dirige la consejera Máñez, dejó sin ejecutar 139 millones de euros en ayudas a los desempleados en 2020 “en lo peor de la crisis”. “Una friolera” de dinero cuando se estaban cerrando empresas y destruyendo empleo, subrayó.

“Es incomprensible”, insistió la nacionalista, “que siendo Canarias la Comunidad Autónoma en la que se destruye más empleo y ostenta la mayor tasa de paro con 280.000 desempleados y 80.000 personas en ERTE, el Gobierno siga mirando para otro lado”.

“Una vez más, constatamos la poca diligencia de este Gobierno para ejecutar sus fondos y entendemos ahora la poca firmeza ante el Estado para que vengan más recursos, ya que son incapaces de gastar los que tienen”, reiteró.

La consejera primero negó las acusaciones desde CC asegurando que el gobierno cuatripartito (PSOE,NC, Podemos y ASG) ha dado respuesta a la crisis “desde el minuto uno” y, en segundo lugar, tachó a la nacionalista de hacer demagogia en busca de titulares.

Máñez tilda de demagogia a Dávila y asegura que no hay desajustes en las ayudas a parados

Para Máñez –para quien según aseguró no vale la pena entrar en si Dávila cuando era consejera de Hacienda ejecutó menos de lo previsto “como así fue”– la causa de que queden sin gastar 139 millones en ayudas para parados está en que hay fondos del SCE que no se pueden adelantar al cien por cien hasta que las entidades a las que se han concedido los proyectos los justifiquen. “No utilice la demagogia ni haya un uso interesado de los números para dar titulares que no siempre se ajustan a la realidad”, le espetó Máñez a la diputada de CC aun cuando el Gobierno sí podía habilitar una partida presupuestaria a cuenta.

Máñez tuvo también que recibir otra andanada de críticas desde las filas populares.

El diputado del grupo Popular Carlos Ester tildó de “desastrosas” las cifras el paro en el Archipiélago a tal punto que los 165 millones de euros anunciados por la Consejería de Hacienda en ayudas “no dan ni para pipas”. “Esto sigue en una caída sin freno, así que algo mal se está haciendo”, añadió Ester, quien aseguró que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sólo comparece para difundir “mentiras y engaños y por eso ya se le conoce como Pinocho”.

La consejera Máñez defendió la labor del Gobierno regional recordando que se ha producido una contracción económica sin precedentes con un impacto muy significativo en el empleo, con 68.000 personas más en el paro que hace un año, pese a lo cual no se ha alcanzado la cifra de desempleo de la anterior crisis financiera (un 34,5% ) “así que algo se habrá hecho para mitigar ese impacto”, sin apuntar a los empleados acogidos a ERTE.

Además, y en respuesta a otra pregunta del grupo Popular sobre el plan de rescate a autónomos y pymes al que se da salida hoy en el Consejo de Gobierno, la consejera aseguró que aunque es imposible compensar de toda la pérdida de riqueza que se ha generado con un cero turístico, el Gobierno ha diseñado un programa de ayudas directas y aplazamientos fiscales “para aliviar tensiones momentáneas”. Se trata de que las ayudas lleguen objetivamente a quienes han tenido una caída importante de ingresos, que deberán acreditar, y se van a otorgar en función del número de centros de trabajo hasta un máximo de cinco.