El Gobierno de España aclaró ayer que el proceso de delimitación de sus aguas territoriales por parte de Marruecos aún no ha concluido y aseguró que Rabat está de acuerdo en que cualquier disputa se dirima conforme a la Convención de la ONU de Derecho del Mar y de “mutuo acuerdo”.
Marruecos procedió a principios de 2020 a aprobar dos leyes por las que delimita el mar territorial marroquí hasta 12 millas y la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas desde sus costas. Dicha delimitación entraba en conflicto con la delimitación de las aguas territoriales españolas en Canarias.
Ante esta circunstancia, Ciudadanos presentó el pasado diciembre una pregunta al Gobierno, en la que advertía de que “las ambiciones territoriales de Marruecos” ponían “en peligro tanto los ecosistemas del Archipiélago como la forma de vida y el sustento de miles de canarios”.
Los de Inés Arrimadas pidieron además al Ejecutivo que aclarara las gestiones tanto bilaterales como en la ONU que estaba llevando a cabo para “asegurar que la solicitud de ampliación de las aguas territoriales del reino de Marruecos no afecta a las aguas territoriales españolas en torno a las islas Canarias”.
En su respuesta, el Gobierno incidió en que “la publicación de las leyes relativas al establecimiento de espacios marítimos”, que tuvo lugar en marzo pasado, “no implica que haya concluido el proceso de delimitación de los espacios marítimos de Marruecos, que sigue pendiente, pues se trata de leyes de carácter general”. Además, el Ejecutivo aseguró que la cuestión de la delimitación de los espacios marinos está incluida en el “diálogo fluido” que se mantiene con Marruecos.
En este sentido, precisó que los dos países están “de acuerdo en que el eventual solapamiento de estos espacios deberá resolverse conforme a lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, con base en el mutuo acuerdo y con respeto al Derecho Internacional, descartando los actos unilaterales y los hechos consumados”.
