La Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas ordena al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana que pida explicaciones sobre lo ocurrido en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde se instaló un campamento de migrantes durante meses en condiciones “deplorables”.

En un auto, la Sección Segunda admite el recurso del Ministerio Público al archivo de la denuncia presentada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien pedía depurar responsabilidades penales por las condiciones de hacinamiento que padecieron desde agosto miles de inmigrantes en el campamento, ya desmantelado.

La Fiscalía alegaba en su recurso que no podía darse carpetazo a este asunto sin hacer al menos las indagaciones que había sugerido para averiguar si son o no constitutivas de delito las condiciones “deplorables” que sufrieron los inmigrantes en sus primeras horas tras desembarcar de la patera, como admitió la propia juez en su auto de archivo.

La alcaldesa de Mogán, que había pedido durante semanas el desmantelamiento del campamento de primera acogida del puerto de Arguineguín, presentó la denuncia al entender que el lugar no ofrecía las condiciones mínimas para prestar un trato digno y acorde a las normas sanitarias de prevención de la covid-19.

La juez que se hizo cargo del caso, la titular, admitió que las condiciones de ese campamento gestionado por la Cruz Roja para el Ministerio de Interior habían sido “efectivamente deplorables”, pero descartaba que de ellas pueda extraerse consecuencia penal alguna.

Bueno no señalaba formalmente en su denuncia a ningún responsable concreto de la vulneración de los Derechos Humanos que, a su entender, se estaba produciendo en ese campamento, pero lo cierto es que en él llegaron a pernoctar 2.500 personas, cinco veces su capacidad. No había tiendas para todos y casi medio millar llegó a permanecer varios días a las interperie, ninguno de los inmigrantes dormí en cama y solo habían 12 duchas y 25 baños químicos.