Un laberinto en que la salida no está señalizada ni tampoco hay indicios de que ella. Así de negro ven los agricultores y ganaderos de las Islas su futuro más inmediato. En palabras de sus representantes: el sector primario está “cautivo” de las grandes cadenas de distribución alimentaria, condicionado por el exceso de normativa, costes de producción y la atomización, y con un nuevo peligro en el horizonte, la “uberización” a través de grandes grupos empresariales.
La percepción acerca de las dificultades que está atravesando el campo canario y los motivos de pérdida de competitividad y rentabilidad del sector la expresaron ayer en comisión parlamentaria los representantes de la COAG, Rafael Hernández; la de Unión de Agricultores Independientes, Luis Jiménez; y de Cosecha Directa, Antonio Suárez.
El presidente de la COAG en Canarias, Rafael Hernández, aseguró que los canarios se gastan cada año 2.900 millones de euros en comer pero el sector primario recibe por su producción unos 717 millones, lo que atribuye al hecho de que en los últimos 25 años se ha producido un fenómeno de concentración de la distribución alimentaria “y 6 o 7 cadenas controlan el 80% de lo que comemos”.
El problema no son las cadenas en sí sino cómo actúan, subrayó Hernández, pues se ha producido un trasvase de renta del campo a las distribuidoras de alimentación, que tienen beneficios aún con la pandemia “y que para crecer apretan, apretan y apretan” a los productores.
Otros problemas son los costes de producción, que deben ser acordes a las exigencias europeas, y el del agua, y Rafael Hernández ha pedido además flexibilizar el cumplimiento de las normas del suelo respecto a las explotaciones agrarias.
Asimismo, alertó acerca del fenómeno de “uberización del campo en Canarias” que a su juicio se está dando por parte de grandes grupos empresariales, por lo que pidió al Parlamento regional que proponga acciones “para tener agricultura con agricultores y ganadería con ganaderos, y no grandes empresas de productos integrados que te hacen dependiente y al final hoy están y mañana no”.
Hernández insistió en que hace veinte años por cada euro de compra del consumidor al agricultor le llegaba la mitad y hoy son de media “25 o 30 céntimos” porque “el resto se lo come otro”.
“No hablo de subir precios, sino que la tarta se la queda la distribución”, reiteró el presidente de la COAG, quien indicó que en Canarias “los indígenas del campo” mantienen 45.000 hectáreas de cultivo “y pueden venir guiris o no, pero los que estamos aquí tenemos la costumbre de comer tres veces al día”.
Luis Jiménez, de la Unión de Agricultores Independientes, advirtió igualmente a los diputados acerca de la competencia desleal que supone la entrada de productos de terceros países con costes de producción más baratos al no cumplir el estándar europeo laboral y de control fitosanitario, y citó como ejemplo la aparición en las Islas del “virus de Nueva Delhi”.
A Canarias llegan sandías, melones y pimientos de Marruecos, en donde los sueldos llegan a 200 euros al mes cuando un agricultor español debe percibir 1.200; y advertió Jiménez: “si se abre el puerto de Tarfaya me tengo que ir porque no puedo competir con eso”.
Jiménez subrayó que el sector no pide más subvenciones, sino tener las condiciones para desarrollar su trabajo, y propone como soluciones el establecimiento de aranceles a productos de terceros países, pues los puntos de inspección fronteriza “son un coladero de mercancía prohibida”.
Además pide incentivar el consumo de productos canarios en las empresas que trabajen con dinero público para intentar llegar al máximo posible de soberanía alimentaria, junto a medidas para fortalecer la digitalización del sector.
Por su parte el representante de Cosecha Directa, Antonio Suárez, subrayó que el verdadero virus del campo en Canarias es que el sector está atomizado, hay una fatal distribución de la riqueza y muy escasas oportunidades de desarrollo.
Antonio Suárez defiende el sistema de cooperativas como Cosecha Directa, que distribuye entre sus socios 2,5 céntimos por kilo vendido, al tiempo que lamentó el incremento “bestial” en el coste de la alimentación para el ganado, que ha aumentado en un 30%.
Pide a la Administración que desarrolle “más ventanas de comercialización” para los productos ecológicos y que los suministre en colegios y hospitales porque de lo contrario, será “totalmente inviable”, y criticó en el Parlamento el que “por la mañana se hable de fomentar el consumo local y por la tarde se firme un convenio para importar tomate de Polonia”.
Se trata de dar más estructura, contenido, unidad y fortaleza al sector y no de más subvenciones porque el campo seguirá “empobrecido” aunque vengan “300, 400 o 600 millones del Posei”.
Al respecto, aseguró Suárez que no entiende que el Posei se abone dos veces al año al sector platanero y no se haga igual con el resto, por lo que ha demandado voluntad política para que haya igual consideración
Visita de Planas en breve
La intervención de los representantes del sector primario en el Parlamento se producía ayer al tiempo que el presidente regional, Ángel Víctor Torres, arrancaba en Madrid el compromiso del ministro de Agricultura, José Luis Planas, de una próxima visita a las Islas. Sobre la mesa, el anteproyecto de Ley de Cadena Alimentaria después de que en diciembre, en una reforma de la norma aún en vigor, el PSOE en el Senado rechazara apoyar una enmienda, que sí respaldaban el resto de partidos, y que permitía una excepción en la ley para el plátano canario que lo libraba de la obligación de fijar un precio mínimo de venta para todas las transacciones y todas las categorías de plátanos. En caso contrario, la banana suramericana entrará con fuerza en el mercado y obligará destruir un 25% de la producción anual, aseguran los productores. | LP/DLP
