Aplazadas las comparecencias de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, el sector primario protagonizó ayer la segunda jornada del pleno del Parlamento regional. Alicia Vanoostende, responsable de las áreas de Agricultura, Ganadería y Pesca, explicó que el Archipiélago ha perdido un total de 7.000 hectáreas de cultivos a lo largo del siglo XXI. Es decir, cada año desaparece una media de 350 hectáreas. Lo peor, con todo, es que otras 23.000 –una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, con lo que serían 230 millones de metros cuadrados– están en riesgo de desaparecer en los próximos años si no se pone remedio, avisó Vanoostende en una de sus dos comparecencias en la Cámara autonómica.
La consejera expuso que en el Archipiélago hay 44.000 hectáreas cultivadas, una parte menor de las algo menos de 150.000 que suma el suelo agrario de la Comunidad Autónoma. Hay, por tanto, “espacio para crecer”, agregó Vanoostende, que avanzó que las nuevas directrices de ordenación del suelo agrario permitirán establecer, de acuerdo con cabildos, ayuntamientos y organizaciones sectoriales, zonas agrícolas específicas.
Ley del suelo
En el debate, el portavoz del grupo parlamentario nacionalista para los asuntos del campo, Narvay Quintero, aseguró que la controvertida ley del suelo aprobada durante el último gobierno de CC protege la superficie agraria “como nunca antes”. En este sentido, Quintero le pidió a Vanoostende que las nuevas directrices de ordenación no abran una senda hacia la desprotección de este tipo de suelo.
El diputado del PP Juan Manuel García hizo por su parte hincapié en que la Administración autonómica se ha dedicado a poner “trabas y más trabas” al desarrollo del sector primario. Si Quintero le pidió a la consejera que las nuevas directrices no contribuyan a desproteger el suelo agrario, el representante popular le pidió a Vanoostende que la nueva normativa no bloquee la explotación de este tipo de suelo en las llamadas Islas Verdes –La Palma, La Gomera y El Hierro–, donde están permitidos los usos complementarios y donde “hay muchas dificultades para poder desarrollar otras actividades económicas”, recordó.
