Veinticinco migrantes que aseguran ser menores de edad presentaron ayer sendas denuncias en el Juzgado de Instrucci ón de Guardia en Santa Cruz de Tenerife para intentar impedir que los trasladen al campamento de acogida de Las Raíces, en La Laguna, desde el hotel del Puerto de la Cruz en el que residen ahora. De todos ellos, cuatro recibieron el aviso para entrar en el mencionado recurso del Gobierno del Estado, mientras que el resto esperan que les llegue a lo largo de las próximas semanas.
Diana González y Patricia López, de la Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife, aclaran que todos tienen actas de nacimiento de sus países de origen, Gambia o Senegal, que acreditan que aún no han cumplido los 18 años. Y, tras varios meses en la Isla, algunos desde octubre, a ninguno se le ha hecho la prueba ósea, que es el test en el que se basan las autoridades para saber si son mayores o no. Si dicho análisis confirma su minoría de edad, entonces los adolescentes subsaharianos deberán quedar bajo la tutela del Gobierno de Canarias y en centros del Ejecutivo autónomo o de los cabildos.
Los chicos muestran actas de nacimiento que acreditan que no tienen 18 años
Según las voluntarias, “todo empezó la semana pasada, cuando se iba a trasladar a menores y adultos al campamento de Las Raíces”. En aquel momento, la acción de la plataforma consiguió frenar el ingreso en el recinto situado en El Rodeo Alto. Pero el jueves pasado se llevó a un supuesto menor a dichas instalaciones y lo mismo se produjo el martes de esta semana.
Ayer, las activistas acudieron a Servicios Sociales del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para “buscar una solución y reivindicar su derecho a protección como menores que son”, ya que “existe el riesgo de que los menores se queden en situación de desamparo”. Como no lograron su objetivo, integrantes de la Asamblea dejaron constancia del problema en el Registro del consistorio portuense. Y, después, se decidió su desplazamiento hasta la capital tinerfeña. La primera intención era informar del problema a la Fiscalía de Menores, pero representantes del Ministerio Público les dijeron que no era factible, ya que los chicos migrantes no habían cometido delito alguno. Después, la denuncia se presentó en el Juzgado de Guardia poco antes de las 14:00 horas.
Los avisos de que van a ser trasladados a Las Raíces se comunican el día antes o el mismo día por parte de personal de Cruz Roja Española. Y le corresponde a esta ONG su traslado hasta el campamento de acogida.
Patricia López 0y Diana González son dos de las trabajadoras que, hasta hace pocos días, se ocupaban de la atención a los citados adolescentes. Su labor en uno de los hoteles en los que estaban acogidos en el Puerto de la Cruz iba desde la enseñanza de español, hasta la atención sanitaria básica. Estas mujeres explican que se crearon vínculos de afecto entre los migrantes y el personal de Cruz Roja que los ha atendido en sus estancias en los establecimientos turísticos.
Once arrestos en Las Raíces
“Ellos dicen que somos sus familias aquí y cada uno trae una historia detrás”, comenta una de las personas que ayer los ayudó a reivindicar su negativa a entrar en las dependencias de Las Raíces, donde se han producido ya, en menos de tres semanas, al menos tres reyertas en las que ha sido necesaria la intervención de agentes de la Policía Nacional, como la Unidad de Intervención Policial (UIP) o el Grupo Operativo de Respuesta (GOR). Tras los diferentes altercados, los cuerpos de seguridad han arrestado a un total de 11 migrantes. La Asamblea de Apoyo señala que “los menores tienen miedo a ir a Las Raíces, dicen que van a la guerra y que allí no se les protege como tales”. Una vez que llega la hora del traslado al citado campamento, si el menor, joven o adulto no quiere ingresar en el mismo, entonces ya Cruz Roja Española no puede permitir su reingreso en otro centro de acogida.
Los afectados, de Gambia o Senegal, tienen “miedo” de ingresar en el campamento
Paralelamente, el Ayuntamiento de La Laguna se dirigió a la Delegación del Gobierno, la Fiscalía y la Dirección General de Protección de la Infancia para alertar de la posibilidad de que haya menores entre las personas alojadas en el campamento de Las Raíces.
