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Derechos Sociales deja de gastar 22 millones en ayudas y subvenciones

La suma llega a 34,5 millones con el dinero movido a 2021 | La consejería lo atribuye a lo que sobró de la PCI y a la suspensión de prestaciones a dependientes por el virus

Noemí Santana, en su escaño durante un pleno del Parlamento de Canarias. | | MARÍA PISACA

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias dejó en 2020 sin ejecutar –sin gastar– 22 millones de euros de su presupuesto para ayudas y subvenciones. Se trata de fondos consignados en el capítulo IV del presupuesto de gastos, el de las transferencias corrientes. En este capítulo se anotan las cantidades previstas para la Prestación Canaria de Inserción (PCI), para la atención a las personas dependientes, para ayudas a las entidades sociales –como oenegés o fundaciones– y, en el caso del año pasado, también para el Ingreso Canario de Emergencia, el subsidio para echar una mano a las familias más golpeadas por la crisis del coronavirus. El porcentaje de ejecución de este dinero, es decir, lo que efectivamente se gastó para todos esos fines, fue alto (superior al 90%), si bien quedó sin movilizar esa notable suma. Una suma que en realidad llega a 34,5 millones con las cantidades trasladadas a las cuentas públicas de este año como remanentes de tesorería. La consejería explicó ayer que hay dos razones principales para este desfase: lo presupuestado de más para la PCI y la suspensión de la prestación vinculada a servicio, a causa de la pandemia, de 750 dependientes.

El departamento que dirige Noemí Santana manejó en 2020, el Año I de la pandemia, un presupuesto total de 539 millones de euros. De todo ese dinero, la consejería había gastado al cabo del ejercicio el 87,7%, unos 472,7 millones. O lo que es lo mismo: dejó sin usar 66,3 millones de euros. El porcentaje de ejecución presupuestaria en el área de Derechos Sociales fue así 7,3 puntos inferior al porcentaje de ejecución de todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma, que alcanzó el 95%. No obstante, buena parte de ese desfase se debe a 20 millones del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Una cantidad que la consejería no transfirió a los cabildos, y que por tanto no cuenta como ejecutada, porque las corporaciones insulares solicitaron su aplazamiento.

El departamento de Santana no ejecuta un total de 66,3 millones de su presupuesto

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Lo que más llama la atención, en cualquier caso, es el capítulo IV del presupuesto de gastos. Sobre todo porque las transferencias corrientes exigen, en general, menos trámites burocráticos que las inversiones, que se consignan en los capítulos VI (inversiones reales) o VII (transferencias de capital). Según los datos de la Consejería de Hacienda, el departamento de Santana contó el año pasado con 383,3 millones de euros para transferencias corrientes: PCI, ayudas a los dependientes, subvenciones a entidades y colectivos del tercer sector, subsidios extraordinarios... Y según estos mismos datos había empleado al cabo del año un total de 348,8 millones, dejando así 34,5 millones de euros sin gastar. Sin embargo, Derechos Sociales reduce el montante sin ejecutar a 22 millones.

Ocurre que 12,1 millones de euros se han trasladado a las cuentas públicas del actual ejercicio, con lo que los 383,3 millones del presupuesto para transferencias corrientes de 2020 se quedan a efectos contables en 371,2. También a efectos contables, los fondos sin gastar pasan así de 34,5 a 22,4 millones. Lo cierto, eso sí, es que el desfase real, más allá de los motivos, asciende a 34,5 millones, ya que es el dinero aún no gastado.

Los 12,1 millones de euros trasladados a los presupuestos de este año son la suma de los 9,3 transferidos por el Estado para las subvenciones a oenegés y los 2,8 que sobraron del Ingreso Canario de Emergencia (ICE). En el primer caso, que fue motivo de controversia en el último pleno del Parlamento regional, la consejería expuso que el dinero no llegó hasta noviembre, con lo que no tuvo margen para preparar la maquinaria administrativa a tiempo de dar las ayudas antes de terminar el año. Por eso los 9,3 millones se han movido a las cuentas del actual ejercicio como remanente de tesorería. Sobre los 2,8 del ICE, el Gobierno recuerda que el Parlamento decidió que lo que sobrara de los 16 millones destinados para el ingreso de emergencia se repartiera entre los ayuntamientos. “El trámite está ahora mismo en la Consejería de Hacienda”, aclaró el departamento de Noemí Santana.

En cuanto a los algo más de 22 millones no ejecutados y no incorporados a los presupuestos para 2021, la consejería asegura que obedecen a dos circunstancias relacionadas con la PCI y el sistema de dependencia. Alrededor de cuatro millones son el resultado de lo consignado “de más” para la PCI. “Para no quedarse sin fondos con los que asumir los pagos”. El Ejecutivo afirma que ha sido “habitual” en años anteriores y que “lo normal era que sobrara más”.

El nivel de ejecución en la consejería es 7,3 puntos inferior al de todas las áreas

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Dependencia

Con todo, la mayor parte son 9,4 millones sin ejecutar en dependencia destinados para las prestaciones vinculadas a servicio. Es una ayuda que varía en función de la renta de cada beneficiario y que el Gobierno abona para que la persona costee su estancia en centros de día o los cuidados de profesionales en su propio domicilio. Luego las empresas o profesionales envían la factura al Ejecutivo como justificante del pago. El coronavirus llevó al cierre a los centros de día durante el estado de alarma y muchos servicios a domicilio dejaron de prestarse. Incluso hubo dependientes que se negaron a seguir recibiendo la ayuda por miedo a contagiarse. Esta es la razón, según el Gobierno, por la que se suspendió la prestación vinculada a servicio de 750 canarios. “La decisión se tomó para evitar que las personas beneficiarias incurriesen en reintegros posteriormente. La ley establece que esas cuantías solo se pueden gastar en el servicio asignado”, explicaron desde la consejería. “Una persona con una ayuda de 400 euros que recibe una prestación vinculada al servicio de 200 euros, y que viera paralizada su prestación durante cinco meses, tendría que haber devuelto mil euros”, agregaron.

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