Una de las claves de la actual polémica sobre el destino de decenas de posibles menores que no quieren entrar en el campamento de acogida de Las Raíces (Tenerife) con centenares de adultos está en que dichos adolescentes no comunicaron a la Policía Nacional que tenían menos de 18 años cuando descendieron de sus respectivos cayucos, según las fuentes consultadas de la Fiscalía. Eso explicaría que agentes de la Brigada de Extranjería los derivaran a recursos para adultos. Las protestas de lo africanos se habrían hecho con posterioridad, una vez que ya estaban en los hoteles. Integrantes de la Asamblea de Apoyo a Migrantes aseguran , por contra, que los chicos sí comunicaron que eran menores, pero que los policías no tuvieron en cuenta tal advertencia.
La Fiscalía en Santa Cruz de Tenerife espera en estos momentos para conocer la edad de más de 300 migrantes que alegan ser menores. En 2020 se iniciaron 710 expedientes de este tipo y de estos todavía quedan más de 200 por resolver, en función de lo que determine la prueba ósea a cada varón que dice que tiene menos de 18 años. Y a dichos informes hay que añadir más de un centenar de personas en la misma situación que llegaron en cayucos o pateras a la provincia occidental en lo que va de 2021.
Hasta enero del presente año, el trámite para conocer la edad lo asumía la Fiscalía de Menores, pero, desde hace más de un mes, las gestiones han sido asumidas por la Sección de Extranjería del Ministerio Público. Según las personas consultadas, a los cuatro menores que evitaron entrar en el campamento de acogida de Las Raíces el miércoles no se les ha reconocido la minoría de edad, sino que se les ha iniciado el trámite para saber si son menores o no. Y, mientras tanto, se les ha derivado a un centro de acogida.
Ante las denuncias planteadas por la Asamblea de Apoyo a Migrantes, la Fiscalía ha solicitado una relación de posibles menores que están en espacios para mayores, con sus nombres, circunstancias y el lugar en el que se hallan. El retraso para conocer la edad de dichos jóvenes por la prueba ósea es de más de tres meses.
Los factores que influyen en la dilación del procedimiento son el importante número de migrantes sobre los que hay que conocer su edad, las medidas preventivas que se deben tomar ante la pandemia y la limitación de medios en diferentes recursos públicos.
