El expresidente del Cabildo de Fuerteventura, el socialista Blas Acosta, aseguró ayer que “la judicatura en Fuerteventura está podrida, está viciada”. Acosta se enfrenta a dos procedimientos por varios presuntos delitos relacionados con la corrupción, en los que la Fiscalía pide penas que suman siete años de prisión, en ambos casos relativos a cuando ejerció como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, concretamente cuando estuvo al frente de la empresa pública municipal de gestión urbanística Gesturpa. Acosta explicó que “hace mes y medio se filtró a un medio de comunicación una resolución de un expediente de una denuncia de 2014” que a él le entregaron “la semana pasada”, por lo que lamenta que ya se ha producido “la pena de telediario”.
En una entrevista en la Cadena Ser, el dirigente socialista confirmó que mantiene su candidatura al Senado por la Comunidad Autónoma, ocupando la plaza que ha dejado vacante el dimisionario Pedro Ramos, lo que le permitiría aforarse ante el Supremo. Esta pretensión ha ocasionado un enfrentamiento en el seno del partido entre Tenerife, que exige la plaza en la Cámara Alta, y Acosta, que dice contar con el apoyo de varias islas. “Mi intención es que el PSOE tenga el debate sobre las tres alternativas que han hecho formalmente la petición y tome la decisión más conveniente para los ciudadanos de esta tierra”, señaló, al tiempo que defendió que “un aforamiento no es una solución de cualquier ilícito penal que hayas podido cometer, todo lo contrario; está mal expresado o expresado de forma torticera por algunos”. Acosta niega que haya sido vetado por el PSOE regional o federal y espera que el partido siga “los cauces democráticos” que “mandan los estatutos” para elegir una de las candidaturas presentadas.
Sobre su dimisión como presidente del Cabildo de Fuerteventura, Acosta explicó que, una vez se aprobaron los presupuestos, decidió “tomar esa alternativa” al no contar con la mayoría en la Corporación para su gestión En este sentido, recordó que en diciembre Partido Popular (PP), Coalición Canaria (CC) y Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) anunciaron un acuerdo para una moción de censura.
