Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Nueva cosecha de vetos a la carrera de Rosell por un puesto en el Poder Judicial

El actual rechazo de los populares a la juez canaria se suma al ‘vacío’ que le hizo el PSOE en 2018

Imagen de archivo de Victoria Rosell duranta las elecciones de abril de 2019. | | J.P.C.

Imagen de archivo de Victoria Rosell duranta las elecciones de abril de 2019. | | J.P.C.

Nuevo fracaso de las negociaciones entre los partidos políticos para renovar el Consejo General del Poder Judicial y nuevo fracaso de la jueza canaria en excedencia y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, de entrar a formar parte del órgano de gobierno de los jueces, una vieja aspiración de la también exdiputada de Unidas Podemos que no logra llevar a término. Como ya ocurriera en noviembre del 2018, la anterior ocasión en que se negoció la renovación de los órganos constitucionales sin que se lograra el acuerdo entre los partidos (y en menor medida en agosto de 2020), Rosell se queda a las puertas de su empeño y de nuevo por algo relacionado con su perfil público y político más allá del propio descarrilamiento de las negociaciones actuales entre el PSOE, el PP y Unidas Podemos para renovar la cúpula de los jueces, además de otros órganos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o el Defensor del Pueblo.

Pese a las expectativas de los últimos días de que el acuerdo sí sería posible en esta ocasión, con el ‘adelanto’ del que se ha producido para renovar el Consejo de RTVE, el veto del PP a los dos nombres propuestos por Unidas Podemos ha roto las negociaciones. Los populares, que de entrada trataban de vetar incluso la propia participación de la formación morada en el intercambio de propuestas, han terminado por romper la baraja negándose a aceptar las opciones de los magistrados progresistas que los morados pusieron sobre la mesa, José Ricardo de Prada y la propia Rosell. De Prada fue protagonista de la sentencia del caso Gürtel, en la que se condenó al PP por financiación ilegal y que provocó la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018, mientras que Rosell es considerada por los populares un clásico ejemplo de jueza con trayectoria polémica e ideológicamente muy marcada cuya presencia en el gobierno de los jueces tratan de evitar.

Además, el partido liderado por Pablo Casado mantiene en su memoria más reciente el episodio de enfrentamiento entre la ahora jueza en excedencia y el que fuera presidente del PP de Canarias y ministro de Industria, José Manuel Soria, a cuenta de la querella por injurias y calumnias presentada por éste ante el Tribunal Supremo, que instruyó el juez canario Manuel Marchena, y que motivó la dimisión de Rosell como diputada en 2016 y su renuncia a presentarse a las elecciones de ese año. La querella de Soria fue trasladada al TSJ de Canarias, cuya Sala de lo Penal no encontró indicios de delito y la archivó en diciembre de 2016. Aquel episodio derivó luego en el caso Alba, el juez condenado a seis años de prisión por intentar apartarla de la carrera judicial manipulando un instrucción penal. Con estos antecedentes, los populares mantienen a la actual responsable gubernamental de la política contra la violencia machista como una opción inviable en el proceso negociador para la renovación del Poder Judicial. Y lo paradójico es que Salvador Alba fue propuesto en su momento por los populares para el puesto al que vetan a Rosell. Ella, da por hecho que, efectivamente, ese es uno de los motivos del veto del PP. “Yo puedo estar orgullosa de un servicios que no fue a la judicatura, sino a la ciudadanía, apartando de la carrera judicial a un juez corrupto, que servía a los intereses de un ministro corrupto del PP. Si eso se paga no pudiendo estar en las instituciones...” afirmó al respecto.

Sin embargo, como ya ocurriera en el anterior y también fracasado intento de acuerdo, Rosell se cae de las negociaciones sin que su partido apure hasta el final las opciones de colocarla en la cúpula judicial. Así, durante el último intento de alcanzar un acuerdo, Unidas Podemos retiró su nombre y mantuvo únicamente el del magistrado De Prada, algo que tampoco ha sido aceptado por el PP. Pero la maniobra da la idea de que la dirección de Podemos apostaría antes por el ponente de la sentencia del caso Gurtel que por la propia Rosell, entre otras cosas porque la entrada de la jueza canaria en el CGPJ implicaría su renuncia a su actual cargo en el Ejecutivo, y su incorporación al escalafón judicial. La operación ofrece dudas en Unidas Podemos y aleja a Rosell de uno de sus objetivos profesionales y políticos.

El falso ‘no’ de Marchena

Es por tanto la segunda ocasión en que la titular del juzgado número 8 de Las Palmas se queda a las puertas de un puesto en la cúpula judicial. En el anterior intento de acuerdo, en noviembre de 2018, Rosell también fue sacrificada en última instancia por su partido durante el proceso negociador renunciando a mantener la presión sobre el PSOE para que defendiera su candidatura en representación de Juezas y Jueces por la Democracia, asociación judicial progresista de la que era portavoz. De hecho, en aquella ocasión se especuló que el veto a Rosell no provenía directamente del PP, sino de quien los partidos habían pactado como nuevo presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el también juez canario Manuel Marchena. Pero fue la propia Rosell quien desmintió ese veto tras recibir una llamada de Marchena y su formación política apuntó claramente hacia el PSOE y hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsables de su exclusión de la lista. Rosell dijo entonces que Marchena le había garantizado que él no había pedido que la excluyeran de la lista, ni había condicionado su aceptación de la Presidencia a que ella no formara parte del órgano de gobierno judicial. Tras afirmar que confiaba plenamente en la palabra de Marchena, aseguró que el supuesto veto del magistrado canario “no tiene ninguna credibilidad” entre otras razones porque sería atribuir a un representante del sector conservador una capacidad de influencia sobre los progresistas y sobre el propio PSOE que en realidad no tiene.

El actual proceso negociador para la renovación de la cúpula judicial se está llevando a cabo en un contexto muy distinto del anterior en relación con la presencia de magistrados canarios como candidatos a los puestos institucionales. Frente al único ejemplo de Rosell en este momento como aspirante canaria a entrar en el Consejo, en la anterior negociación se incluía también, a propuesta del PP, la de la fiscal María Rosa Rubio. A ellas se unía el propio Marchena como candidatura pactada por el PSOE y el PP para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo, en un contexto además en el que otro magistrado originario de las Islas, José Ramón Navarro, se consolidaba como presidente de la Audiencia Nacional.

El fracaso de la anterior negociación por los errores de gestión política por parte de los partidos, filtrando el acuerdo alcanzado y presumiendo de control político de la magistratura por parte de dirigentes del PP, como afirmó el sanador popular Ignacio Cosidó a través de su famoso tuit “controlaremos el Tribunal Supremo por la puerta de atrás”, puso en entredicho la independencia judicial y provocó finalmente la renuncia de Marchena. Desde entonces, el rechazo del PP a aceptar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones ha mantenido una situación inédita en democracia como es un Poder Judicial en funciones durante más de dos años.

Una de las cuestiones que están pendientes de este proceso es la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en sustitución de Antonio Dores. En septiembre del 2020 ya se aplazó esa decisión. En esa ocasión el pleno del órgano de gobierno de los jueces decidió retirar del orden del día la votación para el nombramiento con el objetivo de lograr “consensos lo más amplios posibles”. Los candidatos a ocupar la Presidencia del alto tribunal canario –Pedro Herrera, magistrado de la Audiencia de Las Palmas; Juan Luis Lorenzo, decano de los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, y José Félix Mota, magistrado de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife–, tendrán que esperar aún más para conocer quién será el relevo de Doreste. Y Victoria Rosell seguirá también a la espera de mejor ocasión y contexto político para su ansiada entrada en la cúpula judicial.

“Se veta al feminismo”

La responsable de la política contra la violencia machista afirmaba el viernes que “no me preocupa mi nombre, me preocupa más que el CGPJ” y que “vetándome a mí, qué están vetando, la anticorrupción y el feminismo. Porque no ponen ningún veto al machismo militante”. Según ella, “hay veteranos machistas que presumen de ello y se les ha puesto en cargos públicos y esto debería de ser compensado”. En todo caso, “se niega”, dice, “a seguirle el juego al PP y que parezca que el problema soy yo y no la ocupación ilegítima que se hace de los cargos” con un consejo judicial “netamente conservador” que “no obedece a la mayoría” salida de las urnas y que “está siendo bastante resistente a las reformas progresistas del Gobierno”.

Compartir el artículo

stats