Coalición Canaria denuncia que mientras el resto de comunidades autónomas han aumentado sus presupuestos en materia social para hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia de la Covid-19, en Canarias “ha sobrado dinero”, a pesar de mantener el presupuesto que tenía previsto para un año “normal”. Esta situación, destacó la secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de CC, Cristina Valido, “es muy dolorosa para la gente que no tiene ingresos, para las ONG que están desbordadas y para los ayuntamientos que no pueden ofrecer ayudas”. Por esto, instó al Gobierno regional a “mejorar su capacidad de gestión y a tomar medidas extraordinarias”.
El secretario general de CC, Fernando Clavijo, lamentó que el Ejecutivo canario rechazara la sugerencia de su partido de modificar el presupuesto de la comunidad autónoma, aprobado a final de 2019, para adaptarlo a las nuevas necesidades derivadas por la crisis sanitaria. “Nosotros entendíamos que había que incluir las ayudas a los empresarios y autónomos y reforzar el área social, pero afirmaron que el presupuesto estaba preparado para todo y no habría ninguna dificultad o anomalía”, explicó Clavijo. Quien denunció que se han dejado de ejecutar 66 millones de euros en el área social y la falta de ayudas directas a las pymes. También destacó que, en el peor año económico de la historia, al Gobierno de Canarias le han sobrado 467 millones de euros.
Clavijo remarcó que CC ofreció su apoyo al Ejecutivo canario y le brindaron los 20 diputados que tienen en el Parlamento regional para que sacaran adelante las medidas necesarias. Sin embargo, apuntó, “el Gobierno de Canarias ha decidido mirar para otro lado”, lo que ha llevado a los nacionalistas a estar “preocupados por la situación social de las Islas”. Con respecto a las ayudas directas a las empresas y a la moratoria fiscal, aunque consideran que “no parece que sea la solución”, los nacionalistas aseguran que le han tendido la mano al Ejecutivo porque están dispuestos “a hablar y apoyar ese tipo de medidas, ya que en estos momentos hay que aportar lo mejor de cada uno”.
La portavoz de Coalición Canaria, María Fernández, lamentó que habiendo familias “que están pasando hambre y miseria”, se dejen de ejecutar 66 millones de euros en el área de Políticas Sociales, “a pesar de ser el departamento que debería haber tenido el mayor índice de inyección presupuestaria”. En este sentido, la portavoz nacionalista afirmó que “detrás de cada euro que no se entrega hay un drama familiar”. Fernández advirtió de que en una situación como la actual, el Gobierno de Canarias “no se puede esconder detrás de que no hay personal, algo ellos mismos negaban cuando estaban en la oposición” y alegó que “el verdadero problema está en la falta de gestión”. Los bancos de alimentos y las ONG, explicó Fernández, han dado de comer a 300.000 familias con solo 400.000 euros de ayudas por parte del Ejecutivo regional, algo que calificó de “milagro”.
“Es una vergüenza y un insulto que la consejera de Políticas Sociales, Noemí Santana, diga que de esos 66 millones no se pierden, porque pasan a los presupuestos del 2021” y dudó de la capacidad de la consejera para ejecutar esos millones a lo largo de este año, si no lo pudo hacer durante el año pasado. Además, la portavoz nacionalista pidió a Santana que “empiece a pensar más en las familias y menos en sus estrategias políticas”.
“Da pena que la consejera diga que solo se van a perder 20 millones del presupuesto”, apuntó Valido, ya que hay varias ONG que han anunciado su posible cierre porque están desbordadas y no consiguen llegar a todos los que tocan a su puerta, porque no han recibido las ayudas que suponían en total siete millones de euros. Valido recordó que, además de los 40 millones en subvenciones a las ONG que no se han resuelto, hay 26 millones que debían transferirse a los ayuntamientos para la atención a la infancia y a las familias. “Los municipios con recursos han podido adelantar los fondos y han mantenido a los profesionales, pero otros han tenido que reducir el personal”, aseguró Valido. Quien destacó que, a final de año, la Consejería tomó dos decisiones “oportunistas”, para evitar que la cuantía por ejecutar llegara a los 100 millones de euros. “Repitió el Ingreso Canario de Emergencia a las mismas 16.000 personas, sin hacer ningún tipo de confirmación sobre su situación; y, además, hizo un extra de diciembre, que anunció como si fuera un premio de la lotería, para las personas que viven con la PCI o con una pensión no contributiva”, explicó Valido.
