Alrededor de 500 migrantes que han llegado de forma irregular al archipiélago canario desde el continente africano están pendientes de determinar si son mayores o menores de edad, según ha informado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.
Así lo ha manifestado en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta de la diputada Jana María González, quien señaló que hay retrasos importantes en la realización de las de pruebas para determinar la mayoría de edad de las personas migrantes que llegan a nuestras costas de manera indocumentada.
La diputada afirmó que al 75% de los menores tutelados en Canarias no se les ha podido realizar la prueba de edad y añadió que el atasco del proceso está en el tramo sanitario y en la realización de las pruebas radiográficas, a lo que se suma la falta de recursos y que esta metodología no resulta del todo válida.
En su respuesta, Julio Pérez indicó que se han aumentado los recursos que se han pedido por parte de la Fiscalía y aseguró que las demoras son originadas por la propia complejidad de las pruebas. Dijo, además, que Canarias recibió el año pasado casi 1.800 menores y no todos son dudosos.
Aclaró, también, que no cabe una metodología alternativa porque eso contradice las exigencias constitucionales, legales y las reclamaciones judiciales. "No es un acto que podamos pensar que se simplifique. Hemos hecho cuanto es posible, pero lo que no vamos a hacer es apresurarnos porque estamos tratando de determinar una condición de la cual depende el futuro de una persona", subrayó el consejero.
