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Análisis

De Felipe a Aznar, pasando por Canarias

La primera victoria del PP hace 25 años cambió las relaciones con el Estado tras el primer pacto entre nacionalistas y la derecha española

Abarzo e ntre José María Aznar y José Manuel Hermoso tras firmar el pacto entre los nacionalistas canarios y los populares 4 de abril en 1996.

Abarzo e ntre José María Aznar y José Manuel Hermoso tras firmar el pacto entre los nacionalistas canarios y los populares 4 de abril en 1996.

Un José María Aznar de 43 años logró hace justo ahora 25 años consagrase como la gran referencia de la derecha española tras conseguir su primera victoria electoral el 3 de marzo de 1996. El presidente del PP, que había asumido el liderazgo del partido hacía seis años, por fin batió electoralmente a su gran contrincante del PSOE, Felipe González, al que desbancó del Gobierno tras catorce años de hegemonía y ejecutivos socialistas. Fue una victoria amarga para el PP de sólo un margen de quince diputados sobre el PSOE (156 escaños frente a 141) porque esperaba una diferencia mucho más amplia por lo que señalaban las encuestas desde hacia meses, y por la descomposición que afectaba en esos momentos al último gobierno de González, pero al menos le permitió a Aznar sacarse la espina de su sorprendente y dolorosa derrota dos años atrás, en las elecciones de junio de 1993.

En todo caso, la derecha española entonces monolíticamente integrada en el PP lograba cambiar el rumbo de la política nacional a lomos de su discurso contra el “paro, el despilfarro y la corrupción” que imputaban a los últimos gobiernos de González, y de unas propuestas de reformas de corte liberal en lo económico y en la gestión del Estado que caló en las clases medias y urbanas. Sin embargo, su lánguida victoria ese 3 de marzo, que impidió que el propio Aznar sonriera a los resultados en la noche electoral desde el balcón de la sede del PP ahora en venta, evitó la puesta en marcha de ese programa en toda su dimensión y obligó al candidato a la investidura a una draconiana negociación con quienes podían garantizarle su ansiado acceso a La Moncloa, los partidos de corte nacionalista y de implantación territorial en Cataluña (CiU, 16 escaños), País Vasco (PNV, cinco escaños) y Canarias (CC, cuatro escaños).

Así, desde el día siguiente de la jornada electoral y durante dos largos meses, el PP y Aznar en persona se lanzaron a un proceso negociador durante el que se fueron acordando con cada una de estas formaciones pactos de gobernabilidad para toda la legislatura en los que no sólo se ponía coto a muchas de las reformas liberales inspiradas en el tacherismo británico, sino que obligaban al Gobierno central a medidas relacionadas con esos territorios que en muchos casos el PP había combatido, o que no formaban parte en absoluto de su política territorial. El evidente contraste entre el discurso anterior del PP y lo que las circunstancias le obligaban a asumir quedó resumido para la historia en el famoso cántico de sus simpatizantes ante la sede del partido “Pujol, enano, habla castellano”, en referencia al entonces president de la Generalitat y líder de CiU, Jordi Pujol, o en las declaraciones del propio Aznar en las que, para congraciarse con los nacionalistas catalanes y ante la mofa de sus contrincantes políticos, llegó a asegurar que el también hablaba catalán en la intimidad.

El PP de las Islas conmemora la onomástica alejado del poder y sumido en una crisis de liderazgo

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La pírrica victoria del PP en esas elecciones coincidió además con la confirmación de que el nacionalismo canario aglutinado en CC mantenía su fuerza electoral repitiendo los sorprendentes y espectaculares resultados de dos años atrás, cuatro escaños (dos por provincia). Aunque Aznar no necesitaba esos cuatros diputados para conseguir los 176 escaños necesarios para la investidura en primera votación, decidió incluirlos en la negociación para tratar de blanquear la abierta con los nacionalismos catalán y vasco, cuyo apoyo a González en las últimas legislaturas él había criticado con dureza y a cuyos programas territoriales el PP se había opuesto.

CC, que gobernaba desde 1993 en Canarias y desde 1995 con el apoyo externo de los populares, fue hábil en este proceso negociador y logró un acuerdo de gran trascendencia no sólo en términos de compromisos de inversión estatal y de desarrollo del autogobierno en Canarias, sino que marcó las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado en el futuro.

CC pacta primero

Tras un mes de negociaciones, que incluyó una entrevista entre el entonces presidente de Canarias y líder fáctico de CC, Manuel Hermoso, y Aznar en un hotel en Madrid de la que el primero salió asegurando que el candidato a la investidura le había “demostrado altura política”, el pacto se concretó. Delegaciones de ambos partidos, encabezadas por el vicesecretario general del PP, Rodrigo Rato, y el portavoz de CC en el Congreso, José Carlos Mauricio, fueron avanzado posiciones hasta cerrar un acuerdo definitivo que ambas partes firmaron solemnemente en una sala del Congreso el 4 de abril con la participación directa del propio Aznar, de toda la cúpula del PP nacional, entre ellos quienes en pocas semanas serían los ministros que desarrollarían el acuerdo —el propio Rato, Mariano Rajoy o Francisco Álvarez Cascos—, además de toda plana mayor de CC y el entonces presidente del PP canario, José Miguel Bravo de Laguna, cuyo papel en ese contexto se centró más en encargarse de garantizar que los populares de las Islas mantuvieran su apoyo al Gobierno de Hermoso con la posibilidad, como luego ocurrió, de entrar a formar parte de él.

El acuerdo entre el PP y CC para la investidura de Aznar fue el primero de los que el líder popular necesitaba y que cerraría en las siguientes semanas primero con el PNV, y finalmente con CiU en el famoso pacto del Májestic sellado en un hotel de Barcelona con este nombre, antes de la investidura del candidato a la Presidencia el 4 de mayo.

CC aprovechó esa circunstancia para un acuerdo de más de 100.000 millones de inversión estatal en Canarias a lo largo de la legislatura a través de un plan de infraestructuras que trataba ir más allá del convenio de carreteras firmado con el anterior Ejecutivo socialista, y con el que se buscaba cumplir el mandato del REF de equiparar la inversión estatal en las Islas a la media del conjunto del Estado.

El acuerdo incluía la reforma del Estatuto de Autonomía, la primera de ellas, que efectivamente se tramitó en las Cortes antes de finalizar el año; un compromiso de defender ante la UE un estatuto especial para las Regiones Ultraperiféricas; la reforma del REF para ampliar los incentivos fiscales, que obligaría a una dura negociación con Bruselas; la creación de planes específicos de empleo concretados en el Plan Integral de Empleo de Canarias y el Plan de Infraestructuras Educativas, que ahora se han integrado como elementos permanentes tanto en el nuevo Estatuto como en el nuevo REF; una compensación a la lejanía y la insularidad en el sistema de financiación autonómica; y eliminar la compensación que Canarias hacía al Estado por el extinto IGTE (Impuesto General de Tráfico de Empresas), entre otras materias.

La victoria del PP en marzo de 1996 contó con la aportación de los populares canarios como vencedores de aquella cita electoral tras lograr el 37,6% de los votos y cinco diputados, tres por Las Palmas y dos por Santa Cruz de Tenerife, frente al 27,3 % de respaldo a los socialistas (cinco diputados) y el 25,1 % de CC. Era la etapa en la que se estaba configurando la hegemonía política del PP en buena parte del Archipiélago y muy especialmente en Gran Canaria, durante los años de José Manuel Soria como presidente regional del partido, desde 1999, y en sucesivos puestos claves como la alcaldía de la capital grancanaria, la presidencia del cabildo de Gran Canaria, la vicepresidencia del Gobierno regional de coalición junto a CC, y finalmente su acceso como diputado al Congreso y al ministerio de Industria, Comercio y Turismo entre 2012 y 2016, del que dimitió, junto al todos sus cargos, por su implicación en los papeles de Panamá.

Un PP en plena crisis de poder y de identidad tras la aparición, primero de Cs y luego de Vox, conmemora su primera victoria electoral sumido en una terrible agenda judicial por distintos casos de sospecha de financiación ilegal, y un plan de acción política que trata de apuntalar el liderazgo de Pablo Casado a partir de un proceso de congresos regionales, provinciales e insulares controlados desde la dirección nacional y apostando por líderes de nuevo cuño.

En Canarias, la efeméride del 3 de marzo pone de relieve la diferencia de coyunturas entre aquella hegemonía política y su actual crisis de poder institucional, y entre los inicios del fuerte liderazgo de Soria y la interinidad con la que desde grandes sectores del partidos ven a la actual presidencia de Australia Navarro, y las dudas de Génova sobre cómo abordar la reconstrucción popular en las Islas ante la falta de personalidades destacadas en él.

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