El Gobierno de Canarias ve “acertado” y “necesario” controlar los alquileres en zonas donde hayan experimentado subidas extraordinarias. El Ejecutivo autonómico se alinea así con el Gabinete estatal, que en la futura ley nacional de vivienda incluirá medidas para limitar los precios en esas zonas “tensionadas”. El control de los alquileres es algo en lo que las comunidades autónomas no tienen competencia, pero si la nueva normativa del Estado les permite hacerlo, el Gobierno canario aplicará estas medidas allí donde sea necesario. Lo que no está en los planes de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, es seguir la senda de Baleares, que ha ido un paso más allá al anunciar la expropiación temporal de 56 inmuebles para destinarlos para alquileres sociales.
El vicepresidente segundo del Gobierno central y líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró ayer que su partido ganará la “batalla” por incluir en la próxima ley estatal de vivienda la regulación de los alquileres. Podemos quiere limitar las rentas, es decir, fijar los precios máximos que puedan cobrar los propietarios en esas calles, plazas o localidades donde los alquileres están muy por encima de las posibilidades de los ciudadanos. Sin embargo, el ala socialista más ortodoxa en materia económica, con la ministra Nadia Calviño a la cabeza, no está por la labor de limitar las rentas. De momento, por tanto, el tema está por resolver en el Consejo de Ministros, pero sí hay consenso entre PSOE y Podemos en cuanto a poner en práctica “mecanismos” para evitar precios desorbitados.
El último Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, elaborada por la vicepresidencia segunda del Gobierno. Una planificación que incluye el compromiso de regular los arrendamientos con la participación de ayuntamientos y comunidades autónomas. En definitiva, socialistas y podemitas están de acuerdo en el fondo, esto es, en la necesidad de controlar las subidas abusivas de los alquileres, pero no en la forma, es decir, en cómo hacerlo.
Franquis cree que las 6.000 nuevas casas protegidas en alquiler ayudarán a abaratar los precios
En el ámbito de Canarias, donde también gobiernan el PSOE y Podemos –en este caso junto con Nueva Canarias (NC) y la Agrupación Socialista Gomera–, Franquis explica que “es preciso que se regulen y limiten las subidas abusivas” en los casos en que haya “interés especulativo” de grandes tenedores. El consejero circunscribe así el eventual control de los alquileres a viviendas de propietarios que posean más de diez inmuebles urbanos, excluidos los garajes y trasteros. En tal caso, si la nueva ley nacional de vivienda finalmente permitiera a las autonomías aplicar “ciertos mecanismos de control en zonas tensionadas” –cabe insistir en que está por ver qué mecanismos–, Franquis avanza que Canarias los pondrá en práctica: “Los utilizaremos”.
Subidas “desproporcionadas”
El responsable del área de Vivienda en el Ejecutivo regional recuerda que los arrendamientos llevan años incrementándose “de forma desproporcionada”, sobre todo en las grandes ciudades y las zonas turísticas. De hecho, el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler –la base de datos elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para detectar los lugares con los precios disparados– muestra que las Islas son “una de las zonas más tensionadas del país”, apunta Franquis.
El socialista reconoce que los alquileres están bajando a consecuencia de la crisis del coronavirus y el cero turístico, que ha obligado a muchos propietarios de viviendas en alquiler vacacional a devolverlas al mercado residencial, aumentando así la oferta y reduciendo los precios. El mercado, por tanto, se está autorregulando. No obstante, “hay determinadas zonas muy tensionadas en las que se paga demasiado, y, por tanto, es necesario tomar medidas”, insiste el consejero. Medidas entre las que no están, al menos de momento, las expropiaciones.
La Justicia declaró anticonstitucional la modificación introducida en 2014 en la ley canaria de vivienda, que habilitaba al Ejecutivo autonómico para expropiar casas a los bancos que hubieran desahuciado a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Baleares es la primera autonomía que va a expropiar viviendas a grandes propietarios
Pero no ocurrió así con la normativa de Baleares, que plantea la expropiación temporal de casas de grandes tenedores que lleven dos años vacías. En una decisión tan controvertida como pionera, el Govern balear, también liderado por el PSOE, ha anunciado, amparándose en su legislación autonómica, la expropiación de 56 viviendas para darlas en alquiler social. Una medida que ni está prevista en el nuevo plan de vivienda de Canarias ni la consejería tiene en mente. La Comunidad Autónoma esperará a ver qué posibilidades le da la ley de vivienda estatal.
Además, Franquis cree que la apuesta por una mayor oferta de vivienda protegida para alquiler –el plan regional prevé 5.971 nuevas casas para este fin– “hará que los precios tiendan a normalizarse y evitará crecimientos excesivos”.
