Canarias amplía la compatibilidad de la PCI y el Ingreso Mínimo Vital

Así lo anunció ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, tras la celebración del Consejo de Gobierno. “Cuando se implantó el ingreso mínimo vital, Canarias trató de adaptar su normativa para proteger a las familias más vulnerables y que no se produjera el efecto de que los beneficiarios tuvieran que devolver cantidades por motivo de recibir ingresos de esta nueva renta”, explicó.

De esta manera, las familias que estén a la espera de que se resuelva si tienen derecho a la prestación estatal, no tendrán que devolver las cuantías recibidas por la renta autonómica si finalmente la resolución del Ingreso Mínimo Vital resulta positiva, a pesar de que lo cobrarán con efecto retroactivo y se producirá una situación de solapamiento entre ambas prestaciones. Por el contrario, si la solicitud resulta rechazada, la persona beneficiaria tendrá que comunicárselo a su trabajadora social y podrá continuar recibiendo la PCI.

Sin embargo, los niveles de denegación de este tipo de solicitudes son altos. El Estado rechaza el 84% de las demandas del ingreso mínimo vital en Canarias. El Ministerio informó que a finales del año pasado se habían resuelto en las Islas 43.322 expedientes, pero solo se aprobaron 6.916. Lo que significa que más de ocho de cada diez peticiones acaban depositadas en la carpeta de denegadas, un porcentaje superior a la media del resto del país.

Según los datos aportados por el Gobierno central, actualizados hasta el 28 de febrero, 8.944 familias canarias percibían la renta mínima. A ellas, se suman los 7.357 hogares que cobran la PCI, de los que 700 reciben ambas prestaciones de forma complementaria, ya que sus ingresos totales no superan las cuantías máximas establecidas por la prestación estatal.