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Los funcionarios de carrera critican que se les agravie en favor de los contratados

2.700 empleados con plaza llevan 14 años sin concursos de traslado cuando hay casi un millar de vacantes | Los interinos ocupan jefaturas que no les corresponden

Cola de usuarios ante las puertas del centro base de Servicios Sociales, en la capital grancanaria. | | ANDRÉS CRUZ

Cola de usuarios ante las puertas del centro base de Servicios Sociales, en la capital grancanaria. | | ANDRÉS CRUZ

El conflicto planteado en las últimas semanas por el personal interino y temporal de la Comunidad Autónoma solapa un problema de fondo de la Administración que también afecta de lleno a los funcionarios de carrera. La desmotivación se propaga cada vez más entre los 2.700 empleados públicos que ganaron su plaza en unas oposiciones, muchos de ellos con más de dos y tres décadas de trabajo en el aparato administrativo y que llevan esperando 14 años por los concursos de traslado o de méritos, un derecho que tienen por ley para trasladarse entre los departamentos ocupando plazas vacantes como incentivo y mejora de su carrera profesional.

Los distintos gobiernos que han pasado por la Administración autonómica han sido incapaces de resolver este problema enquistado, que ha deteriorado el funcionamiento normal de los servicios públicos porque la mayoría de los funcionarios de carrera han visto frustradas sus expectativas de movilidad interna y de aspirar a puestos de jefaturas. Según los datos oficiales existentes hay cerca de un millar de vacantes en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma a las que podrían aspirar los funcionarios con plaza si estuviera normalizada la situación pero la “parálisis” y el “caos” son absolutos, según denuncian varios funcionarios afectados que prefieren guardar el anonimato junto a Jorge Reyes, representante del sindicato CCOO en la mesa general de la función pública.

La situación se agrava porque muchas de estas plazas vacantes están siendo ocupadas por personal contratado e interino, lo que está encrespando aún más los ánimos de los empleados afectados. Aunque era una dinámica que ya estaba produciéndose en anteriores gobiernos, en esta legislatura la ocupación de jefaturas vacantes que corresponden a funcionarios de carrera se ha incrementado de forma significativa. Hay funcionarios que han solicitado en reiteradas ocasiones el concurso de méritos para trasladarse a algunas de estas vacantes y se les ha denegado, pero después son ocupadas por personal sin plaza que entra por “acumulación de tareas” y termina quedándose, según denuncian. En este sentido cuestionan que “laborales contratados ocupen puestos que les corresponden a funcionarios de carrera, con jefaturas de negociado incluidas, además de firmar y dar órdenes. Esto es un agravio comparativo porque la Administración está cometiendo un fraude de ley y le está hurtando el derecho al funcionario con plaza, que lleva 14 años esperando para ocupar los puestos vacantes”.

El Gobierno se comprometió a que antes del 1 de julio convocaría los concursos

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Jorge Reyes recuerda que a raíz de una queja del Diputado del Común a petición de los representantes de los empleados públicos, la Consejería de Administraciones Públicas, dirigida por Julio Pérez, admitió la problemática y se comprometió a desatascar los concursos de traslado. De hecho, en el decreto ley 18/2019 de medidas urgentes de ordenación del empleo público se recoge que el Gobierno “vendrá obligado a convocar los correspondientes concursos de provisión de puestos, en el ámbito de la Administración General, antes del día 1 de julio de 2021”. A menos de cuatro meses para que llegue esa fecha Reyes asegura que ya no hay tiempo para convocar los concursos, con lo que critica el incumplimiento una vez más de Función Pública con sus empleados.

Funciones estructurales

El representante de CCOO advierte que, lejos de reducir la temporalidad, el actual Gobierno está incrementándola al estar contratando personal interino para realizar funciones “estructurales”, es decir, cometidos que son competencia de los funcionarios de carrera. Para Reyes es sintomático el caso de la Consejería de Derechos Sociales, un departamento con una falta de personal crónica sin resolver y que ahora ha contratado a 101 trabajadores para aligerar, entre otras cosas, el colapso de Dependencia. También otros departamentos de la Administración autonómica han sido facultados para tirar de personal temporal para resolver, entre otras cuestiones, la gestión de los fondos europeos que vendrán a Canarias para la recuperación económica por el Covid-19. “No nos oponemos a que se refuerce el personal con contratos pero se está haciendo a costa de los funcionarios de carrera, no se puede intentar ordenar de forma improvisada una situación sin resolver los problemas de fondo que aquejan a la Administración desde hace años: concursos de traslado, promoción interna, oferta de empleo público con más rigor... El modelo de recursos humanos de esta administración es cambiar el derecho por el favor”, critica.

Esta ocupación de jefaturas y puestos estructurales por personal contratado también incumple una resolución del Ejecutivo de 2006 en la que se recogía que los nuevos empleados públicos que entran en la Administración solo pueden ocupar plazas base y no jefaturas y puestos de responsabilidad como está ocurriendo ahora.

En diciembre una sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Tenerife condenó a la Administración autonómica a proceder a la convocatoria de concursos de traslado para los funcionarios de carrera de los grupos A, B, C y E. Este fallo judicial no se ha cumplido entre otras cuestiones porque no se ha solicitado la ejecución de sentencia. Quedan por resolver otras demandas colectivas similares y varios sindicatos han advertido que exigirán a los jueces que ordenen la ejecución para poner en un brete al Ejecutivo regional.

El “caos” en Derechos Sociales aumenta y los sindicatos critican la improvisación

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Los funcionarios consultados y el dirigente sindical advierten que la gestión del Ejecutivo está repercutiendo negativamente en la prestación de los servicios a los ciudadanos y que la conflictividad laboral y judicial ahora en la Función Pública es superior a la de anteriores gobiernos. La desmotivación en muchos funcionarios de carrera aumenta cada día que pasa al comprobar que, lejos de negociar y solucionar los problemas, éstos aumentan.

En esta situación, como en otras dentro del ámbito de la Administración General, las diferencias entre las fuerzas sindicales son notorias en los últimos tiempos. Sepca e Intersindical protagonizan el conflicto de los interinos y temporales frente a la actitud de CCOO, UGT y CSIF. En lo que sí coinciden todos es que la gestión de Función Pública es “caótica”.

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