Nuevo episodio de descoordinación en la gestión de la política migratoria en Canarias por parte del Ministerio de Interior. En este caso por la voluntad de la propia cúpula política de este departamento, y en particular de su máximo responsable, Fernando Grande-Marlaska, de mantener aislados determinados campos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En concreto, la dirección política del Ministerio está marginando a la Guardia Civil en la información que obtiene la Policía Nacional sobre la identidad de los migrantes que llegan en patera a Canarias –aunque no solo a las Islas, sino también a Andalucía y Baleares– y la situación de cada uno de ellos, evitando el cruce de datos entre ambos cuerpos en esta materia lo que afecta a la vigilancia que se está llevando a cabo sobre la posible entrada de combatientes yihadistas en el Archipiélago, en el Atlántico medio, y en el Mediterráneo con intención de saltar o entrar en la Península para preparar atentados en el continente europeo.

El malestar en evidente entre algunos de los responsables de los operativos policiales que trabajan desde Madrid en la lucha contra las mafias de emigrantes y el yihadismo. Aunque no parece haber problemas entre cada uno de ellos en su día a día en relación con la gestión de la emergencia migratoria, las dificultades aparecen en los ámbitos y actuaciones que dependen directamente del Ministerio y, en concreto, de la secretaría de Estado de Seguridad. La información no fluye con la rapidez y transparencia deseada.

La Guardia Civil no accede con inmediatez a los datos de que dispone la Policía Nacional sobre los migrantes que llegan en patera a las Islas, la región ahora más usada por las mafias para penetrar en territorio europeo. Unas restricciones informativas que no solo se circunscriben a quienes llegan a Canarias. Lo mismo pasa en Andalucía, con las entradas desde las costas de Almería, Cádiz o Málaga, o en Baleares, con quienes entran procedentes de Argelia, uno de los territorios más peligrosos desde los que parten los más sospechosos de integrarse en el Daesh.

Esta información –la identificación de quienes llegan a las costas españolas– es muy sensible porque está directamente relacionada con el control policial sobre la posible entrada de terroristas yihadistas entre las miles de personas procedentes de África que en su mayoría son migrantes por razones económicas que buscan una vida mejor en España y en Europa.

Esta marginación se ha intensificado tras la retirada por parte de Marlaska de las competencias de coordinación en materia de inmigración en Canarias al jefe de la Guardia Civil en esta comunidad autónoma, Juan Miguel Arribas, en junio pasado, y pasárselas al responsable de la jefatura Fiscal y de Fronteras, el teniente general Juan Luis Pérez, que opera desde la Península asumiendo también la lucha contra la inmigración irregular en las zonas del Mar de Alborán y aguas adyacentes, y del Estrecho. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, conoce esta situación, esta inquietud, sin que, por el momento, haya intervenido.

Los centros de inteligencia alertan de que el yihadismo se infiltra en la redes de migración ilegal

Los servicios policiales y de inteligencia, tanto españoles como de otros países, están constatando que la mayor parte de los detenidos en Europa por pertenecer al Daesh o movimientos yihadistas, así como los terroristas que han actuado en los últimos años en países de la UE, entraron en el continente europeo a través de las pateras, sobre todo por el Mediterráneo antes de que el mayor control en esas aguas y la pandemia sanitaria por Covid-19 trasladara a la ruta canaria, a lo largo del año pasado, el grueso de la inmigración irregular desde África.

Esta vía marítima controlada por las mafias es el medio por el que están entrando en Europa los yihadistas que pretenden actuar y atentar en el continente. La llegada en pateras es más porosa que la entrada a través de las fronteras tradicionales como los puertos y aeropuertos, que están muy controlados, con el agravante además que desde hace un año están cerradas las fronteras. Por tanto, los sospechosos entran de manera clandestina a través de las redes de inmigración irregular en embarcaciones a través del Mediterráneo a España, Italia o Grecia, como ha ocurrido en los últimos años. Lo que puede estar pasando ahora en el Atlántico a través de Canarias, y en menor medida en Andalucía y Baleares.

Existe inquietud entre los responsables de seguridad del Estado por la zona entre tinieblas en la que se opera ahora sobre la identificación de quienes llegan en patera a las costas españolas, en especial durante el último año en los tres puntos más calientes: Andalucía, Baleares y Canarias. Especialistas de la Guardia Civil, desde la sede central de Madrid, han trasladado su preocupación porque “no hay un cruce de datos” fiable entre el instituto armado y la Policía Nacional ya que desde la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio Interior se gestiona con recelo las identificaciones de quienes llegan en patera a las costas españolas, en los últimos meses con un mayor flujo al Archipiélago canario.

Los agentes que tiene España en las zonas calientes del tránsito de migrantes (Marruecos, Mauritania o Senegal) son agentes de la Guardia Civil, que actúan como antenas del Ministerio del Interior in situ para informar de los los movimientos y operaciones de las mafias y de los grupos de migrantes que están esperando para saltar a Canarias, Andalucía o Baleares. Los máximos responsables del instituto armado encargados de la migración ilegal y el terrorismo islamista necesitan de esa información –cruzar identidades, nombres, y fotografías– para calibrar sus operativos en relación con la vigilancia y posible detención de los yihadistas infiltrados entre las miles de personas que esperan acceder a una patera rumbo a España.

“Sería conveniente que todas las Fuerzas de Seguridad del Estado cruzaran los datos tanto en relación con la situación en origen, como de los que son detenidos en España cuando alcanzan las costas españolas, ahora sobre todo en Canarias, como antes en Andalucía, y pasan a los centros de acogida”, comentan desde la Guardia Civil en Madrid. Estos agentes reconocen que “a veces hay recelos y piques entre los distintos cuerpos sobre quien se atribuye el éxito de una operación, sobre todo en casos relacionados con el tráfico de drogas o de actividades de grupos mafiosos o criminales”, pero la opacidad del Instituto armado sobre la identificación de los migrantes va más allá de esa competencia policial. Se ubica más bien en el terreno político.

Gran parte de los detenidos por su vinculación con el Daesh en Europa llegaron por mar

Dentro de la propia Guardia Civil, hay quien considera que el ministro y la cúpula de Interior no esconden una evidente desconfianza hacia el instituto armado y algunos de sus mandos, respecto del compromiso y lealtad con el equipo político del ministerio. En el caso de Canarias existe una plena colaboración entre los mandos –entre el comisario principal de la Policía Nacional, Rafael Martínez, que accedió al cargo en los momentos más tensos de la emergencia migratoria, a finales de octubre, y el teniente general Juan Miguel Arribas– como entre los agentes de cada cuerpo en la escala básica. Sin embargo, la ‘intervención’ política desde Madrid está impidiendo una plena complicidad para detectar ‘sospepochos’ entre los inmigrantes que llegan a las Islas y su posible relación con los grupos yihadistas del Sahel. Esta situación se suma a la ya conocida descoordinación entre ministerios en todo lo relativo a la gestión de la crisis migratoria y al enfrentamiento entre Interior y Migraciones sobre la política de derivaciones a la Península, a la que se opone el primero y por la que apuesta el segundo.

La posibilidad de que entre los miles de migrantes llegados a Canarias, Andalucía y Baleares a lo largo del último año hayan entrado también militantes del Daesh y de otros movimientos yihadistas es muy alta. Muchos expertos antiterroristas y los propios servicios de inteligencia lo reconocen. De hecho, a principios de año varios medios de comunicación publicaron informaciones sobre estas infiltraciones con casos concretos tras un estudio pormenorizado de todas las circunstancias que concurren cuando los inmigrantes son interceptados en el mar y trasladados a tierra. El problema es que algunos de estos migrantes están ya ilocalizables porque han circulan o han abandonado la Península tras haber quedado libres después un tiempo en los centros de acogida o instalaciones creadas al efecto, al disponer de pasaportes en regla.