El vicepresidente del Gobierno canario y responsable de la cartera de Asuntos Europeos, Román Rodríguez, admitió ayer su preocupación por las dificultades de gestión que supone recibir “muchos recursos en muy poco tiempo”, en referencia a los fondos europeos destinados a la recuperación de la economía por la crisis del Covid-19. Esta ingente cantidad de dinero viene de una Comisión Europea “que siempre ha sido exigente” pero que ahora, vaticina Rodríguez, ”tengo la impresión de que lo será mucho más en el manejo de los fondos, por lo que debemos trabajar para estar a la altura de las circunstancias”, añadió.
Rodríguez se refería de esta forma al decreto ley de gobernanza de los fondos Next Generation EU
que prepara el Ejecutivo para reorganizar el aparato administrativo, tanto en medio materiales como humanos, para hacer frente a la tramitación de los centenares de planes y proyectos que se presentarán para captar financiación comunitaria. Agilizar y acortar plazos, reducir trámites, redistribuir efectivos y mover al personal allí donde sea más necesario son objetivos de una planificación que se quiere poner en marcha cuanto antes.
“La ejecución del ‘Next Generation EU’ es un reto de gran envergadura”, recoge el decreto
El vicepresidente del Ejecutivo considera que la llegada de los fondos europeos ha generado “demasiadas expectativas” y ese es el temor del dirigente nacionalista ante las dificultades que genera un funcionamiento de la Administración que sigue siendo lento e ineficaz para las exigencias de Bruselas. “Son muchos recursos, poco tiempo y demasiadas expectativas y gestionar eso no será fácil, por eso esperamos estar a la altura de las circunstancias como en la gestión de la pandemia”, indicó Rodríguez. Para ello el departamento que dirige reclama el “máximo esfuerzo” tanto de los cargos y responsables como de los empleados públicos, a quienes va dirigido una parte destacada el decreto ley que se está preparando. Por ello pidió “consenso” porque “hay que aprovechar las oportunidades, pero soy consciente de las dificultades que generan tantos recursos en tan poco tiempo y con tantas expectativas que se han creado en torno a estos fondos”, advirtió.
El contenido del decreto ley ya ha ocasionado los primeros roces con la mayoría de las centrales sindicales que representan a los empleados públicos. Por eso el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos espera que las negociaciones con los representantes del personal lleguen a buen puerto aunque Rodríguez matizó que “prevalece el interés general”. En este sentido, también recalcó que el Ejecutivo pondrá “al límite” la capacidad de la Administración autonómica y los procedimientos legales para acortar todo lo que se puedan los plazos, trámites y documentación. “Nos estamos organizando internamente en los recursos humanos, medios y soportes materiales, procedimientos y planificación para llevar la organización al límite de nuestras posibilidades”, añadió.
Plazos
En la exposición de motivos del decreto ley el Ejecutivo admite que “el escaso marco temporal aprobado por la Unión Europea para la ejecución de los fondos del Next Generation EU constituye un reto de gran envergadura para una Administración aún excesivamente burocrática, que, aunque en los últimos años ha realizado un importante proceso de modernización, está lejos de poder responder de forma eficaz y con la agilidad necesaria para cumplir con los plazos previstos”.
El borrador del decreto ley establece en el ámbito de la Consejería de Hacienda una serie de medidas específicas para simplificar y agilizar los procedimientos en la generación y modificaciones de créditos, expedientes vinculados a los fondos europeos y tramitación de planes y proyectos con financiación comunitaria.
Una vez que entre en vigor el decreto ley se establecen una serie de plazos concretos para el desarrollo del mismo. Por ejemplo, los departamentos encargados de la gestión de proyectos financiados con fondos Next Generation EU, elaborarán un instrumento de planificación estratégica para la gestión de los mismos en el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor de este decreto ley. Asimismo, a partir de ese momento habrá también un mes para crear las nuevas unidades administrativas encargadas de gestionar y desarrollar los proyectos.
En los expedientes de modificaciones de crédito hay una simplificación sustancial, quedando prácticamente reducidos a la documentación imprescindible. La Dirección General de Planificación y Presupuesto dará prioridad a su tramitación, reduciendo a la mitad el plazo de que dispone para su análisis y estudio.
También el texto recoge la tramitación de urgencia y el despacho preferente de los asuntos relativos con los fondos procedentes del Next Generation EU y la otra es la exceptuación del trámite de autorización previa del Gobierno de los expedientes de gastos, subvenciones y convenios que las leyes anuales de presupuestos sujetan a su autorización, por razón de su cuantía.
El decreto también establece medidas destinadas a agilizar la firma de convenios con el sector privado para proyectos financiados con estos fondos europeos. Su tramitación y formalización tiene carácter preferente y se rige por los principios de simplificación y agilización con el objetivo de garantizar el cumplimiento eficaz de sus objetivos. El plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una duración superior a la legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a seis años, con posibilidad de una prórroga de hasta seis años de duración. El acreedor de la Administración podrá tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias hasta un límite máximo del 50% de la cantidad total a percibir.
Tramitación de urgencia en los contratos públicos
Para agilizar y simplificar la contratación del sector público canario, el decreto ley recoge una serie de medidas para los procedimientos, que se tramitarán, exclusivamente, de forma electrónica, incluida la tramitación de los contratos menores. Asimismo, por razones de interés público en los contratos vinculados a los fondos europeos se aplicará la tramitación de urgencia, con todos los efectos establecidos al respecto en la normativa aplicable en materia de contratación del sector público. Los plazos para emitir los informes exigibles y cumplimentar los trámites correspondientes se reducen a cinco días naturales, sin posibilidad de prórroga. Excepcionalmente si en el expediente de contratación se justifica la imposibilidad de cubrir las necesidades perseguidas con los contratos y acuerdos marco que se financien con fondos procedentes del Next Generation EU, mediante la tramitación urgente prevista en la normativa básica, el expediente se podrá tramitar por el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia. Siempre que sea posible habrá que solicitar tres ofertas, dividir el contrato en lotes, e incorporar criterios de contratación socialmente responsable con el fin de garantizar el procedimiento. | R.A.D.
