El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado este miércoles en el Senado que la isla vive un escenario de emergencia social, económica y climática, agravada por la pandemia, y ha reclamado al Estado y a la Unión Europea un "plan especial de rescate de una economía y una sociedad como la grancanaria y la canaria en general que están siendo doblemente doblegadas". 

Antonio Morales participó por videoconferencia ante la Cámara Alta, en la Comisión de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla, y también consideró que “es urgente y necesario que se modifique la política migratoria actual”, para que Canarias sea “referencia de solidaridad, no de violación de derechos humanos”.

La migración ocupó buena parte de la intervención del presidente del Cabildo grancanario, así como las de sus homólogos de Lanzarote y Fuerteventura, y se preguntó cómo es posible que el Gobierno de España, que tiene la mayoría de las competencias en materia migratoria, no dote a Canarias, después de casi tres décadas de la llegada de las primeras pateras, de las herramientas necesarias para la gestión de los flujos migratorios y “se siga improvisando, generando alarma social y creando un caldo de cultivo para los racistas e intolerantes”.

Morales explicó a los senadores que hay cientos de personas malviviendo en la calle, abandonados a su suerte por toda la isla. “A pesar de que muchos de ellos están documentados y tienen posibilidad de viajar fuera por sus propios medios, la policía española, siguiendo órdenes del Ministerio del Interior se lo impide a través de controles por perfil racial, que son ilegales; ahora ponen en riesgo sus vidas intentando subirse como polizones a los barcos en contenedores y camiones”, detalló. Esta situación, subrayó, “ha generado una gran alarma social, incluso brotes xenófobos nunca antes vistos en nuestra tierra”.

Insolidaridad

El presidente insular recordó que tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos, fundamentalmente el de Gran Canaria, acogen en la actualidad a más de 2.700 menores en situación de precariedad, sin que perciban “el menor atisbo de solidaridad por la mayoría de las comunidades de España”. Al respecto, advirtió de que “en unos meses, alrededor de un millar de estas personas estarán deambulando por nuestras calles y plazas al cumplir la mayoría de edad”.

Ante la certeza, a su juicio, de que la economía de Gran Canaria “no va a recuperarse hasta que se recupere el turismo”, dijo que “las especiales circunstancias socioeconómicas e institucionales de las Islas y el brutal impacto de la Covid, requieren de la aprobación de un 'Programa Específico para la Recuperación de Canarias', destinando recursos de los fondos europeos Next Generation que sean gestionados por el Gobierno autónomo y los Cabildos, con medidas adaptadas a las peculiaridades territoriales y económicas de cada una de las Islas”.

Aunque el sistema sanitario público ha sido capaz de responder a la emergencia sanitaria y la coordinación entre instituciones ha permitido tomar medidas que convierten a las Islas uno de los lugares de España con menos incidencia de la Covid-19, la otra cara de la pandemia “ha sido un hundimiento del negocio turístico sin precedentes y los datos avalan la gravedad de la situación”, apuntó. 

Así, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social ha caído hasta alcanzar niveles de 2015. Entre el cuarto trimestre de 2018 y el cuarto de 2020 el número de empresas inscritas en Gran Canaria se redujo en 1.275, un descenso del 5,2%. “Y si no se mantienen los estímulos y las medidas de apoyo, el retroceso puede ser mayor”, alertó.  

Gran Canaria ha perdido tres millones de turistas, un descenso del 70%, y se ha producido el cierre temporal de casi 70.000 plazas hoteleras y extrahoteleras, más de la mitad de las que cuenta la isla. “Por supuesto”, añadió Morales, “todo esto tiene una traslación directa en el empleo: el aumento del paro ha sido de casi 20.000 personas, prácticamente un 20% más. Y esto se ha producido pese al éxito de los ERTE, mecanismo al que en el mes de febrero se habían acogido más de 18.900 personas. Es decir, sin los ERTE el aumento del desempleo se hubiese duplicado”. 

Morales puntualizó que estos datos negativos se ceban especialmente con los jóvenes, ya que la tasa de paro de los menores de 25 años ha aumentado en 22 puntos, situándose por encima del 57%, algo inédito en Europa. “Esto es una catástrofe social que compromete el futuro de nuestros jóvenes y trunca sus proyectos de vida, afectando también al desarrollo sostenible y a la cohesión social futura”, insistió.  

Canarias, según Morales, “es mucho más que insularidad, es lejanía y fragmentación, es ultraperiferia, y solo el sobrecoste de las empresas asciende a 5.200 millones de euros al año”. A ello se suma un déficit secular en su financiación de 700 millones al año hasta 2018 y ahora una crisis migratoria sin respuesta, aparte de la pandemia cuya recuperación no debe ser volver al punto anterior, sino acabar con los problemas estructurales que ya sufría. Por tanto, el Archipiélago necesita un plan especial de rescate económico, además de uno específico para el turismo, “largamente anunciado y muy poco concretado”.

“Nuestra aspiración -concluyó-no puede consistir únicamente en volver a los niveles de desarrollo de hace un año, la crisis ha puesto de relieve la urgencia de renovar nuestro modelo económico y buscar uno más sostenible social y medioambiental, que se concreta en la transición energética, la digitalización, economía verde, azul y circular, y el sector primario”.

"Poner el dedo en la llaga"

Juan Carlos Medina, representante del Grupo Vasco en la Comisión de Insularidad del Senado, agradeció al presidente del Cabildo que describiera la situación de la Isla en toda su crudeza y le felicitó por “poner el dedo en la llaga” en la política migratoria de España y de la UE. Al acabar la sesión, Morales se mostró convencido de que existe “un enorme desconocimiento sobre la realidad de Canarias en el conjunto del Estado”, por ejemplo sobre su Régimen Económico Fiscal, sus dificultades y sus fortalezas. Tras su exposición de más de media hora, Morales respondió a varias preguntas o reflexiones de los miembros de la Comisión, entre ellos el tinerfeño Fernando Clavijo (CC) y el gomero Fabián Chinea (PSG).  

La representante socialista, Paloma Hernández Cerezo, le recriminó que utilice el término “Islas cárcel”, porque lanza un mensaje negativo del destino turístico, y le propuso que use el de “Islas puerta”. También se interesaron por el proyecto del tren.| J. M. N.