El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) destina un millón de euros para contratar a 32 funcionarios interinos que puedan sacar adelante y agilizar los procedimientos del nuevo Plan de Vivienda 2020-25. La Consejería de Derechos Sociales incorpora a un centenar de trabajadores para agilizar los trámites de la Dependencia. Obras Públicas contrata a siete ingenieros para impulsar los proyectos vinculados al convenio de carreteras... Son un botón de muestra de la necesidad de personal de la Administración autonómica, lo que, junto a la próxima llegada de los fondos europeos de recuperación, va a suponer una nueva oleada de personal interino y temporal cuando todavía no se ha resuelto el conflicto de los que llevan hasta más de dos décadas trabajando para la Administración sin que se les haya consolidado sus puestos de trabajo.
“No hay suficientes medios, no sobra personal”, aseguraba recientemente el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. En los últimos consejos de Gobierno han ido aprobándose varias partidas presupuestarias para contratar personal que dé respuesta a servicios primordiales de la Administración que llevan años acumulando ingentes cantidades de trabajo con recursos humanos insuficientes para hacer frente a los mismos. Las contrataciones en Derechos Sociales, Obras Públicas o Vivienda son las primeras pero no serán las últimas porque en las próximas semanas y meses se continuará demandando trabajadores para cubrir áreas esenciales y hacer frente a un desafío aún mayor: gestionar y agilizar los fondos europeos que llegarán al Archipiélago.
El Ejecutivo mantiene que, por ejemplo, los contratados en Vivienda serán por tres años prorrogables por un año más. Según el Ejecutivo, este refuerzo es uno de los mayores incrementos de personal funcionario interino que se ha realizado en la plantilla del Instituto Canario de la Vivienda desde el año 2008 y permitirá reducir la sobrecarga de trabajo que afronta el personal de este organismo con una mejor coordinación y gestión. Lo mismo sucede en Dependencia, un departamento que lleva años en una situación de falta de personal crónica, con varios planes de choque de contrataciones que no han terminado de solucionar el atasco que sufren los expedientes de la dependencia.
El actual pacto de gobierno busca los medios legales para contratar pero no termina de garantizar que este personal no termine engordando aún más la plantilla de interinos y temporales de la Administración autonómica, que llevan varios meses de conflicto laboral con el Ejecutivo.
Preocupación
Julio Pérez asegura que este personal terminará su actividad laboral cuando finalice el periodo para el que fueron contratados o la actividad encomendada, pero sí reconoce su preocupación por si estos trabajadores buscan resquicios legales para quedarse indefinidos en la Administración sin pasar por procesos selectivos reglados.
“Es imposible que no se produzcan situaciones en las que hay que suplementar al personal ordinario con refuerzos circunstanciales para desarrollar proyectos de inversión o para necesidades puntuales. Lo malo no es la contratación sino su permanencia más allá del tiempo de desempeño de las funciones para las que se incorporaron”, admite.
En esta tesitura de imperiosa necesidad de personal pero sin que éste pueda quedarse indefinidamente, los sindicatos desconfían y creen que, a la larga, esta situación seguirá inflando a la Comunidad Autónoma sin que se terminen de resolver los problemas que acucian a los empleados públicos. El representante de CCOO en la mesa de negociación de los empleados públicos, Jorge Reyes, advierte que “va a pasar lo de siempre” y que el Ejecutivo está creando hoy un problema “a futuro” cuando este personal lleve tres años consecutivos en la Administración.
El debate político a nivel nacional entre sindicatos y Gobierno central es la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para frenar precisamente que las administraciones públicas continúen incrementando la temporalidad. Ya no se trata solo de una directriz estatal sino europea, porque incluso la Comisión Europea ha advertido a España que vigilará cualquier aumento del personal interino y temporal en el sector público durante la gestión de los fondos europeos de recuperación.
Por su parte, el portavoz del sindicato Sepca, Manuel González, advierte del riesgo que suponen estas contrataciones como “puerta de entrada” de nuevo personal indefinido por sentencia por fraude de ley como ha ocurrido en años anteriores. El dirigente sindical cuestiona el personal que está entrando en Gestión del Medio Rural (GMR) o en Aeromédica, quedándose indefinido por sentencias judiciales.
Para los sindicatos no hay una normativa clara que impida el abuso de temporalidad en las administraciones públicas y, mientras se está intentando solucionar un problema que afecta a más de 3.000 trabajadores, se está creando otro para cubrir servicios mientras los concursos de traslado y la promoción interna siguen bloqueados.
Sepca critica la “lentitud” en la incorporación del personal de las ofertas de empleo público de 2015, 2016 y 2017 y los problemas de las oposiciones por la dificultad añadida que está suponiendo la pandemia. Los sindicatos alertan de lo que se avecina para la gestión de los fondos europeos, que coge a la Administración autonómica con una situación “caótica” en Función Pública, lo que supone un riesgo para la gestión de los programas vinculados a estos fondos. Ya el Ejecutivo ha anunciado que, además de los servicios ordinarios de la Administración, necesita más personal temporal ante la llegada de estos fondos.
