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Crisis migratoria | Nuevo pronunciamiento de la Iglesia

El obispo de Canarias avisa de que Cáritas está “al límite de su capacidad”

La diócesis solicita colaboradores como traductores de francés y árabe y personas con competencias doigitales y para el servicio jurídico, para asesorar a los migrantes

El obispo José Mazuelos

El obispo José Mazuelos

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, hace publica hoy una carta pastoral, primera en solitario, en la que avisa de que Cáritas está “al límite de sus capacidades para atender todas las demandas”, una situación que se ha acentuado con la crisis migratoria.

Mazuelos no solo se manifiesta en su condición de obispo de Canarias sino también como presidente de la Subcomisión Episcopal Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española. En la carta, con motivo de la celebración de la ‘Jornada por la vida’, Mazuelos explica que Cáritas precisa de la colaboración de traductores de francés y árabe, así como de personas que se integren en el servicio jurídico, para ofrecer asesoramiento legal a los migrantes. También necesita de manera urgente a personas con competencias digitales para dar asesoramiento y colaborar en la gestión de ayudas sociales de forma telemática.

La crisis migratoria, apunta el obispo, “acentúa las dificultades en el reconocimiento de los derechos de los personas, ya que muchos de ellos no pueden continuar su proceso migratorio hacia la península y Europa y se ven obligados a vivir una situación de absoluto desamparo, sin techo y como personas sin hogar”. Cáritas, apunta Mazuelos, sigue “llamando a la generosidad y la solidaridad de todos” para dar continuidad a los proyectos de acción social que está desarrollando y “poder permanecer al lado de los más perjudicados por esta crisis sin precedentes”.

Derecho a la movilidad

En este sentido, Mazuelos subraya que los cooperadores de Caritas “perciben la insuficiencia de los organismos públicos en la atención y en el reconocimiento de los derechos de los migrantes, en especial en el derecho a la movilidad, a la alimentación y a la vivienda”.

Por esto, destaca que las instituciones públicas no pueden olvidar la obligación de proteger a los más desfavorecidos y el deber de ayudar y facilitar la labor que desarrollan las entidades sociales que están contribuyendo a paliar las consecuencias de la crisis social. “Nuestros gobernantes no pueden olvidar que nuestra comunidad canaria es una más de las comunidades nacionales que forman nuestra nación, donde todos tenemos los mismo derechos y servicios fundados en la igualdad y la solidaridad. No se puede ignorar el derecho a la movilidad y la necesaria cooperación solidaria de todas las comunidades autónomas”, afirma Mazuelos.

Por su lado, no hace falta recordar las ‘colas del hambre’ que cada día se producen a diario en la sede de Caritas en Escaleritas, así como en otros centros parroquiales. La parroquia de San Pedro, en La Isleta, que gestiona un comedor social, se ha visto en primera línea de ayuda a los migrantes con los grupos de jóvenes que abandonaron y fueron expulsados del campamento Canarias 50.

En esa misma tarea también se ha distinguido el Secretariado diocesano de Migraciones que dirige el sacerdote Antonio Viera, en el frente social de la solidaridad con los migrantes, junto con el abogado Daniel Arencibia.

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