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Consejo de Gobierno | Variaciones legislativas

Canarias cambia la contratación pública para simplificar los trámites a las pymes

Las pequeñas y medianas empresas se quejan de la excesiva burocracia de la ley y las dificultades frente a los grandes grupos v Una ley ‘ómnibus’ modificará 17 normas

Reunión del Consejo de Gobierno celebrado ayer en Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno canario prepara una macroley o también denominada ley ómnibus con la que pretende modificar hasta 17 normas, además de otro tipo de disposiciones y decretos. Uno de los principales cambios que se quieren introducir es la aclaración de los aspectos relativos a la Ley de Contratos del Sector Público en la parte relativa a los contratos menores, de los que se pueden beneficiar las pequeñas y medianas empresas (pymes). Pese a que esta norma se actualizó en 2018, no ha servido para su principal objetivo, al contrario, las quejas de las pymes han ido en aumento debido a la excesiva burocracia y las dificultades que les suponen el acceso a un concurso público.

La ley facilitará la declaración de utilidad pública de las instalaciones fotovoltaicas

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La norma se modificó con promesas de mayor transparencia, simplificación de los trámites y eliminación de las trabas burocráticas y administrativas. Sin embargo, la ley, una complejísima trama de artículos, sigue sin convencer a los expertos y su objetivo estrella, favorecer a los pequeños licitadores, está muy lejos de cumplirse ya que siguen siendo las grandes empresas y grupos los que más se ven favorecidos por los contratos de la Administración pública.

Según el Ejecutivo regional, la nueva ley busca una simplificación y unificación de documentos en la tramitación de los expedientes de los contratos menores en todo el sector público canario, ofreciendo de esta manera seguridad jurídica, tanto a los empleados públicos tramitadores como a los operadores económicos, en particular a las pymes, principales adjudicatarias de este tipo de contratos de escasa cuantía.

Otro objetivo de la norma va destinado al sector energético, con el fin de impulsar las instalaciones fotovoltaicas como uno de los principales soportes de las energías renovables e introduce la forma en la que se debe evacuar el trámite de información para la declaración de utilidad pública de las instalaciones energéticas.

La norma, estudiada ayer en el Consejo de Gobierno, modifica hasta 17 leyes del más variado tipo. Vivienda, Pesca, Patrimonio Cultural, Ordenación Turística de las llamadas islas verdes (La Palmas, La Gomera y El Hierro), Función Pública, Aguas, Estadística, Carreteras, Ordenación del Turismo, Normas Tributarias, Consumidores y Usuarios, Servicio Canario de Empleo, Puertos de Canarias, Hacienda Pública, Actividades Comerciales, Renovación y Modernización Turística y Suelo y Espacios Naturales Protegidos son las normas que sufrirán modificaciones a través de este texto que se tramitará como ley y no como decreto-ley.

Cambios en Pesca, Vivienda, Aguas, Función Pública, Turismo, Hacienda o Carreteras

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La propuesta del Ejecutivo supone adaptar este amplio conjunto de disposiciones legislativas cuya actualización resulta más adecuada que sea acometida en un texto unitario que dispersar, en un importante número de modificaciones independientes, un variado y heterogéneo ámbito dispositivo. Por ello, recoge una serie de propuestas legislativas que modifican leyes en vigor.

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