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El PSOE busca ayuda contra el dictamen del JK5022 que insta a actuar a la Fiscalía

Los socialistas alegan que Meri Pita no puede tampoco señalar a los responsables de Fomento

Acto de homenaje a las víctimas del accidente aéreo de Spanair ocurrido en agosto de 2008. | | TONY HERNÁNDEZ

El PSOE trata por todos los medios de evitar que la Comisión de Investigación abierta en el Congreso sobre el accidente de Spanair señale de forma directa como responsables políticos del siniestro a los entonces gestores del ministerio de Fomento, de AENA y del Aeropuertos de Barajas, así como que los diputados aprueben remitir las conclusiones parlamentarias a la Fiscalía General del Estado por posibles “conductas negligentes” entre los señalados. Los socialistas están buscando apoyos entre los grupos parlamentarios para tirar abajo la propuesta de dictamen elaborada por la presidenta de la Comisión, la diputada canaria de Unidas Podemos Meri Pita, en la que incluye una lista con 19 nombres que encarnan el “fallo sistémico” que hizo posible el accidente, el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas y en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas de gravedad.

Esa propuesta de dictamen, según el PSOE, sobrepasa los límites jurídicos y reglamentarios de las comisiones parlamentarias de investigación al señalar de forma directa e individualmente a personas concretas. La lista incluida en el borrador de dictamen la encabeza la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, a la que siguen todos los altos cargos de ese departamento relacionados con el transporte aéreo en ese momento, tales como el secretario de Estado Luis Palao; los directores generales de Aviación Civil Manuel Bautista y Enrique Samartín; el director general de Aeronaves, Luis Rodríguez Gil; el Inspector de prórroga del certificado de Aeronavegabilidad, Justo Sánchez, el presidente de AENA, Manuel Azuaga, la directora de Navegación Aérea; Carmen Librero; el director general de Seguridad Aérea, Isabel Maestre, o el director de Barajas, Miguel Ángel Oleaga, además de varios directivos de Spanair y de la compañía fabricante del avión siniestrado, Boeing, y de a Mapfre como aseguradora de la linea aérea desaparecida poco después del accidente.

El texto concluye que el sistema falló tanto antes como después del accidente

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El grupo socialista del Congreso considera que el borrador del dictamen podría ser en sí mismo irregular por incluir una lista nominativa y no asumir la sentencia del Tribunal Constitucional que limita las funciones de las comisiones parlamentarias de investigación y señala que “las conclusiones que las Cámaras puedan alcanzar en el ejercicio de sus facultades investigadoras deben estar exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de conductas o acciones ilícitas a los sujetos investigados”.

Dicha sentencia se produjo en diciembre de 2018 con motivo de un recurso de uno de los investigados por el accidente del metro de Valencia en julio de 2006, en el que murieron 43 personas, y en referencia al dictamen aprobado por las Cortes Valencianas responsabilizando a cerca de una decena de personas entre cargos políticos de la Generalitat valenciana y técnicos de la empresa gestora del metro.

El texto propuesto concluye que “tras la presente investigación debe asumirse que el sistema –de forma previa y posterior al accidente– falló como tal, y como tal, la responsabilidad del fallo sistémico es una responsabilidad por parte de los encargados de establecer, evaluar, evolucionar, comprobar y corregir las debilidades del sistema con los medios que el Estado ha puesto a su disposición.

Los socialistas consideran que el señalamiento de personas concretas no es admisible

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Esta parte del dictamen propuesto por Pita es la que puede evitar un consenso en el Congreso respecto a las conclusiones de la Comisión de investigación sobre el vuelo JK5022, El PSOE considera que el señalamiento de personas concretas no es admisible en el marco de los trabajos parlamentarios que se han desarrollado en el Congreso, y que “no hay hechos probados sobre la comisión de un delito”, razón por la que rechaza la capacidad de los diputados para trasladar las conclusiones a la Fiscalía para una posible reapertura de la investigación, tal como propone la propuesta de dictamen al señalar en una de sus conclusiones que durante la investigación de la Comisión se han detectado elementos que pudieran arrojar “conductas negligentes” entre los investigados.

Dudas entre los grupos


Los grupos deberán presentar hoy sus enmiendas a la propuesta de dictamen redactado por Pita antes de que la Comisión se reúna en la segunda semana de abril para su votación, y el documento definitivo resultante se remita al Pleno, previsiblemente antes de acabar el mes. Varios de los grupos consultados ayer mantenían aún muchas dudas sobre el contenido del borrador que la presidenta de la Comisión les ha trasladado y algunos abonaban la idea de que el mismo se extralimita respecto a su capacidad propositiva, tal como la de establecer responsabilidades políticas individuales y remitir las conclusiones a la Fiscalía. Otros, sin embargo, apuestan por incidir en el señalamiento de esas responsabilidades políticas rechazando que la sentencia del Constitucional lo impida. Algunos consideran que es un “documento de inicio valioso” pero “mejorable” y sobre el que habría que aclarar los aspectos jurídicos. Sí parece haber más consenso para reclamar datos técnicos a Boeing sobre el modelo del avión siniestrado, el MD82, para aclarar aspectos sobre el fallo que provocó el accidente, así como para apoyar la mayoría de las trece recomendaciones que hace el dictamen referidas a las medidas que deben adoptarse en el futuro para garantizar una investigación independiente en todos los accidentes relacionados con el transporte, tanto aéreo, como marítimo, ferroviario o en carreteras, y para mejorar la seguridad aérea en España.|


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