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Consejo de Gobierno | La financiación comunitaria

El Gobierno incentivará con pluses a los funcionarios que agilicen fondos europeos

Un decreto ley faculta al Ejecutivo a reorganizar servicios y mover a los empleados a nuevas unidades administrativas | Habrá contrataciones en función de los proyectos

De derecha a izquierda las consejeras de Derechos Sociales, Noemí Santana, y de Economía, Elena Máñez. Al fondo el titular de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ayer. | | EFE

De derecha a izquierda las consejeras de Derechos Sociales, Noemí Santana, y de Economía, Elena Máñez. Al fondo el titular de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ayer. | | EFE

El Gobierno regional volcará sus esfuerzos organizativos y de personal en los próximos tres años en dar la máxima urgencia y preferencia a los proyectos vinculados a los fondos europeos de recuperación. La Comisión Europea exige agilidad y capacidad de ejecución del ingente gasto público destinado a restaurar la crisis provocada por la pandemia, a cambio de dar cierto margen de autonomía para gestionar los fondos. Canarias dispondrá de más de 1.000 millones de euros para esta recuperación, la mayoría de ellos a invertir entre 2021 y 2023.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, admitió ayer que el calendario de Bruselas es “muy exigente” y por eso la Administración autonómica intentará adaptarse en un tiempo récord mediante un decreto ley que aprobó ayer el Consejo de Gobierno, que no solo afecta a la organización administrativa sino también a los empleados públicos y a los procedimientos. Sin embargo, Rodríguez advirtió que aún no se sabe a ciencia cierta cuándo empezarán a llegar los fondos aunque su estimación es que no lo harán hasta después del verano, por lo que si se demoran reclamó también que se retrase el calendario de ejecución estipulado por la Comisión Europea.

El Ejecutivo creará nuevas unidades administrativas provisionales para dirigir, planificar y controlar los proyectos y la inversión; acometerá una amplia reorganización de sus efectivos para reasignar funciones, mover a los funcionarios a aquellos departamentos y unidades que requieran personal e incentivar a los empleados para que agilicen los procesos vinculados a los fondos comunitarios. En el decreto ley se establece que aquellos empleados que se adscriban temporalmente a nuevas funciones se les retribuirá con complementos acordes con el trabajo y las responsabilidades que asuman de forma temporal mientras duren las atribuciones.

Román Rodríguez reclama retrasar el calendario de la UE si se demora la llegada del dinero

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El vicepresidente del Ejecutivo indicó que este proceso de transformación y cambio en la Administración puede ser “atractivo” para los empleados públicos, cuya movilidad será voluntaria. “Creo que hay muchos funcionarios que cuando ven proyectos ilusionantes y transformadores se apuntan, lo que hace el decreto es dar facilidades para ello”, añadió.

La norma aprobada ayer por el Consejo de Gobierno también da facultades al Ejecutivo para contratar personal interino o temporal en sus diferentes categorías –funcionarios, laborales y estatutarios– para sacar adelante el trabajo.

En relación con el número de contratados que se necesitarán tanto Rodríguez como el consejero de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Julio Pérez, lo condicionaron a las necesidades que se detecten en cada departamento que gestione proyectos financiados con fondos comunitarios. El consejero de Hacienda puso como ejemplo la Consejería de Transición Ecológica, un área que contará con importantes inyecciones de dinero comunitario, por lo que requerirán siete u ocho directores de proyectos y al menos medio centenar de contratados para desarrollar y ejecutar los mismos en tiempo y forma. En cualquier caso será un tema a decidir y concretar por los órganos de dirección y gobernanza que estarán encabezados por el presidente del Ejecutivo, el vicepresidente y consejero de Hacienda y el titular de Administraciones Públicas.

Julio Pérez apuntó que las fórmulas que se aplicarán para redistribuir a los empleados públicos serán las previstas en la legislación, entre ellas la comisión de servicios. “Muchos de los funcionarios que se adscriban a estas funciones quedarán en situación de servicios especiales sobre todo para los puestos directivos. Se trata de una fuerza de choque que el Gobierno organiza y será en función de los proyectos y de los fondos que hayan cuando se dispondrá del personal necesario”. En cualquier caso, los mecanismos de contratación serán rápidos sin perder de vista la publicidad y la concurrencia obligadas por ley.

Román Rodríguez precisó que a día de hoy no se ha concretado aún el detalle de la financiación que llegará a Canarias más allá de lo que se ha conocido destinado a proyectos vinculados al área de Transición Ecológica –unos 470 millones de euros– o la parte referida a los fondos del programa REACT-EU, que a Canarias le han correspondido 630 millones, más de lo que se preveía en un principio. Por eso cuando se conozca a ciencia cierta el total de fondos que llegarán a las Islas se “dimensionarán” las unidades y los planes. “No es lo mismo gestionar 30 millones que 300, está aún por definir el mecanismo de recuperación por áreas”, añadió Rodríguez.

Órganos de dirección, planificación y control

El decreto ley establece una estructura para la toma de decisiones, de tal forma que se creará un órgano que será el encargado de la alta dirección y gobernanza de los fondos Next Generation EU.

En concreto, habrá una Comisión de Planificación y Gobernanza, donde estará el Gobierno regional en su conjunto bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, y será donde se adopten las decisiones “claves” de orientación en cuanto a los proyectos. Por debajo de dicha Comisión estará el Comité Director de Planes y Proyectos, que será el encargado de aprobar y realizar un seguimiento de los planes bajo la responsabilidad del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Asimismo, habrá una autoridad responsable ante el Estado, que será la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General se encargará del control de los fondos. La nueva norma regula además la cooperación interadministrativa mediante convenios de tramitación preferente que pueden tener vigencia de hasta seis años y prevé tramitación anticipada, así como adelanto de hasta el 50% de la cantidad a percibir para la ejecución de proyectos con cargos a los fondos europeos y mecanismos de colaboración. | R.A.D.

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