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Parálisis de la obra pública canaria y estatal en los dos primeros meses del año

La Administración autonómica licita el 93,4% menos que en enero y febrero de 2020, la caída en la estatal es del 84,5% - Cabildos y ayuntamientos elevan su nivel de licitación

Obras para ensanchar la carretera a Melenara que se ejecutan en la actualidad. | | ANDRÉS CRUZ

El Gobierno de Canarias aprobó el miércoles un decreto ley que le faculta para reorganizar la plantilla de empleados públicos. Hace falta con urgencia. Los datos lo ponen de relieve. En los dos primeros meses de este año, la licitación de obras por parte de la Administración autonómica se ha desplomado un 93,4%. Solo el músculo mostrado por cabildos y ayuntamientos, que consiguieron incrementarla un 174,5%, permite exhibir un balance negativo de solo el 52,1% en comparación con el periodo enero-febrero del pasado ejercicio.

¿Es un mal canario o español? Porque en el ámbito estatal la obra pública sacada a concurso en las Islas también dibujó una acentuada curva descendente (-84,5%). Puede pensarse que la pandemia aún mantiene a los responsables de los recursos humanos públicos hallando el modo de volver a arrancar. El problema es que si de algo se carece ahora mismo es precisamente de tiempo.

Lo han advertido las dos patronales canarias de la construcción, uno de los sectores que mejor ha aguantado el chaparrón. Optaron por retomar todas esas promociones inmobiliarias que habían quedado pendientes de concluir. Entre esto, las obras públicas en marcha y las renovaciones decididas por algunos establecimientos hoteleros y extrahoteleros, la actividad mantuvo el tipo.

Tanto es así que la provincia de Las Palmas tenía en enero 219 afiliados más de alta en la Seguridad Social en este sector que doce meses antes; la de Santa Cruz de Tenerife, 664 menos, dato negativo que habrían firmado la mayoría de las restantes actividades económicas.

Sin embargo, tanto Salud Gil, presidenta de los constructores de la provincia oriental, como su homólogo en la occidental, Óscar Izquierdo, advirtieron hace menos de tres semanas de que la gasolina se agota. O se ponen a funcionar las máquinas ya con obra pública, o los cierres de empresas y el desempleo morderán el andamio con tanta fuerza como lo vienen haciendo en otros ámbitos desde hace un año.

A la vista de los números dados a conocer por la patronal española (Seopan) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Salud Gil entiende que se está “estrangulando” al sector. “¿A qué estamos esperando?”, lamentó sosteniendo en la mano la conversión de los 122 millones de euros licitados en los dos primeros meses del pasado año en solo 8,1 millones en el mismo tiempo del presente 2021.

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) explicó que no quieren necesitar ayudas como las que recientemente están llegando a los negocios afectados por la pandemia desde las administraciones. “La mejor ayuda es la dinamización”, señaló ante una situación que le resulta “desesperante y vergonzosa”.

A diferencia de lo ocurrido durante la anterior crisis, la globalidad del golpe económico ocasionado por la pandemia ha puesto de acuerdo hasta a los centroeuropeos y nórdicos más reticentes a la hora de determinar la conveniencia de aplicar medidas anticíclicas: las arcas públicas recaudan menos pero invierten mucho más recurriendo al endeudamiento con el fin de generar trabajo que acomete el sector privado, lo que evita la destrucción del tejido productivo.

En meses habrá que gestionar los más de 1.000 millones que llegarán de la UE, y habrá que hacerlo en tiempo récord. Hay que tramitar decenas de proyectos, porque lo que no se gasta se tendrá que devolver, lo que sería dramático en una de las áreas geográficas con mayor tasa de desempleo de Europa. Es obligatorio no perder un solo euro y para ello es necesario contar con personal capacitado y dispuesto. El arranque del año en lo que a licitación de obra pública se refiere revela que el trabajo de organización que ha de acometerse es mucho.

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