Miguel Montero, director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno canario, lo admite: “Las cantidades de la Ley de Dependencia son una mierda, pero estamos empezando a revertirlas con el plan de choque” promovido por Pablo Iglesias, ya exministro de Derechos Sociales y exvicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez. El plan de choque de dependencia aumenta la financiación con una inyección de hasta 3.600 millones de euros hasta 2023, y tiene objetivos como reducir las listas de espera de la dependencia, mejorar las condiciones y calidad de los servicios profesionales y aumentar las prestaciones para las personas dependientes.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros -a las puertas de que el líder de Podemos abandonara el Gobierno para concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid- aprobó una partida de 9,2 millones de euros para Canarias de estos fondos.
No obstante, ahora mismo va a ser imposible incrementar la prestación a personas como Antonia y Teresa, las dos mujeres de 75 y 78 años con hijos de 50 y 54 años, respectivamente, en grado máximo de dependencia por su discapacidad, porque por los recortes de Mariano Rajoy y por ley si se cobran distintas ayudas se resta a lo que venían percibiendo. En el caso de Antonia por cuidadora y en el de Teresa por orfandad porque es viuda y su hija recibe esa prestación. Es decir, antes cobraban 442 euros y se les ha ido bajando a 178 euros porque les contabilizan otras ayudas a las que tienen derecho. Es paradójico, porque una familia que tenga un buen sueldo pero que no haya pedido prestaciones va a percibir la paga igualmente por dependencia o discapacidad, pero en esta situación se penaliza lo que le corresponde a los dependientes, porque necesitan otras ayudas para vivir.
Pero “es por ley”, recalca Miguel Montero, y hasta que no se cambie la norma estatal no pueden hacer nada. ¿Y por qué no la modifican si gobierna el PSOE y Podemos? Esa ya no es su cuestión, aunque echa en falta iniciativas de compañeros como Meri Pita, entre otros, en este sentido, en el Congreso, y subraya que las prestaciones se tienen que mejorar. “Las cantidades de la Ley de Dependencia son de miseria y no es raro que lo diga”, expone, como también “es inaceptable que desde 2012 a 2021 nadie haya actualizado esas cantidades”, recalca, pero ahora “Pablo Iglesias viene a revertir parte de los recortes”, puntualiza.
Afirma que hay “cientos” de casos afectados por los recortes de Rajoy y por la ley estatal
“Esta es la primera vez que hay una generación de personas con discapacidad que están llegando a una edad avanzada de 50 y 60 años cuidadas por familiares de 70, 80 y 90 años”, añade. “Lo que habría que hacer no solo es ayudar a estas personas discapacitadas sino también a las madres” que sufren enfermedades derivadas por cuidar 24 horas a sus hijos que nadie paga. Montero reconoce que si no estuvieran estos padres y madres a cargo de estas personas, a las administraciones públicas les costaría “miles de euros” hacerse cargo de los dependientes.
Antonia no quiere que su hijo vaya a un centro. Ella está segura de que puede hacerse cargo, pero no entiende cómo en vez de ayudarla económicamente sufre rebajas en su prestación. Tiene una soriasis extendida por todo el cuerpo, muy vinculada al estrés, y aunque la querían ingresar tres días para tratársela ella se negó porque no tenía con quién dejar a Salvador. En el caso de Teresa, de 78 años, ya no puede bañar a su hija de 54. Es viuda, y antes contaba con asistencia a domicilio pero con los recortes de Rajoy se la quitaron, cuenta, y ahora paga a una chica 15 euros para que bañe a su hija tres veces en semana.
Antonia sí recibe la ayuda de un joven de Servicios Sociales para bajar a Salvador, de 50 años, cuando va rehabilitación, porque tuvo un accidente con la silla eléctrica que lo subía a la casa, y lo tuvieron que operar del brazo. El chico también ayuda a Antonia a sacarlo a dar un paseo en el coche que ella ha adaptado. Pero solo son doce horas semanales y por las tardes.
Para Miguel Montero, las ayudas a domicilio no pueden ser de “diez, doce horas, sino de 80, 90 a 100 horas semanales que garanticen que esas personas están atendidas y los padres descansan además de más plazas sociosanitaria”. Están dispuestos a pagar a los ayuntamientos por esas horas de más a domicilio, pero los ayuntamientos están siendo poco colaboradores, asevera, y no solo en esta cuestión sino en los informes sociales para agilizar la dependencia a mayores, afirma. Se tarda una media de 923 días para reconocer la dependencia cuando la ley establece seis meses.
La espera en dependencia es de 923 días aunque la norma dicta seis meses
Antonia prefiere la ayuda económica, la misma que le dieron al reconocer la dependencia de su hijo. Teresa quiere una persona que la ayude con su hija. ”A lo mejor se creen que es para lujos”, comenta Antonia, pero “es un derecho de mi hijo”, añade. Señala las paredes de su casa por la que paga de alquiler 350 euros: “Estas paredes las pinto yo”, enfatiza, el sofá es de hace 50 años, aunque está en perfecto estado, el plato de la ducha lo puso ella y adquirió la silla para bañar a su hijo. Como muchas otras familias, ha tenido que empeñar sus joyas cuando aprieta la necesidad.
IBI a los hoteles
“Si los poderes públicos echaran cuentas en el caso de padres enfermos o que haya gente que no puede ir a trabajar porque tiene que cuidar a un familiar, el 95% mujeres, sería mucho dinero el que se necesitaría, en lugar de pagarle el IBI a los hoteleros o ayudas directas al del bar que tiene a sus camareros en B”, censura Miguel Montero, sobre algunas decisiones de ayudas que está promoviendo el propio Gobierno canario para los empresarios. El director general admite que por ahora no puede dar un solución a “estos cientos de familias“ que calcula que están en una situación similar o “peor” que Antonia y Teresa, pero está implantando un gestor de expedientes, cuya adjudicación será esta semana, para conocer con exactitud cada caso, porque cuando llegaron al Gobierno en julio de 2019 se encontraron informes de 2007 sin resolver y elaborados prácticamente a mano, “lo que es alucinante”. Por ello, cuando sepan cuántas familias hay y en qué situación se encuentran valorarán si pueden hacer un complemento como norma general pero “no a lo que se recibe por dependencia” sino a otro tipo de ayudas, porque, insiste, es una norma estatal que debe cambiarse en el Congreso.
