Coalición Canaria (CC) exigió ayer que se flexibilicen los criterios para acceder a las ayudas directas a las empresas que tanto el Gobierno central como el Ejecutivo autonómico han aprobado en las últimas semanas. “Los decretos no llegan a la inmensa mayoría de los empresarios y el problema son los requisitos, no que las empresas no necesiten el dinero”, advirtió el secretario general de los nacionalistas, Fernando Clavijo, que calificó como “injustas” las condiciones establecidas.
Los criterios para poder optar a alguna de estas subvenciones han recibido las críticas de muchos sectores empresariales, que tras meses de reclamaciones vieron como se ha discriminado a un buen número de posibles beneficiarios. En el caso de las ayudas regionales, un 81% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de los sectores subvencionados del Archipiélago se quedan fuera y no pueden optar a los 85 millones de euros dispuestos, mientras que respecto a las ayudas estatales, –que cuentan con un montante de 1.140 millones de euros–, solo una de cada ocho empresas canarias cumple los requisitos para poder solicitarlas.
Para Clavijo no tiene sentido que los criterios no sean los mismos en las ayudas estatales y autonómicas y señaló como uno de los principales frenos a la obligación de haber tenido beneficios en 2019, lo que deja fuera, por ejemplo, a empresas turísticas que hubieran hecho rehabilitaciones en ese año. También apuntó a la exigencia de que las empresas no tengan deudas tributarias, así como al requerimiento de mantener la actividad al menos seis meses.
Los nacionalistas reclaman que se exonere de la renta a los afectados por un ERTE
Una situación que les hace augurar que parte de los 1.140 millones de euros estatales pueda quedar sin adjudicar, por lo que anunció que su formación seguirá presentando enmiendas y alegaciones en las Cortes para que los 1.140 millones de ayudas estatales “se queden íntegramente en Canarias”. Asimismo, criticó que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres “no ha hecho su trabajo” a la hora de negociar con el Estado para que el decreto se ajustara a las especificidades canarias.
Respecto a las subvenciones autonómicas, Clavijo aseguró que “se están demostrando que son un fracaso” y señaló que la ampliación del plazo de solicitud otras dos semanas no servirá para que más empresas presenten sus peticiones, ya que insistió en que el problema son sus requisitos. “Ninguna empresa se va a arriesgar por 800 o 900 euros a mantener otros seis meses abierto su negocio” en una situación de incertidumbre.
Por otro lado, los nacionalistas también han criticado lo que ocurrirá durante la campaña de la renta que se iniciará mañana, en la que más de 30.000 canarios que hasta ahora no habían estado obligados a presentar su declaración, tendrán que hacerlo este año al haberse visto afectados por un ERTE y tener más de un pagador.
La diputada del grupo nacionalista canario, Rosa Dávila, calificó como “crueldad administrativa” que se obligue a hacer la declaración a familias con rentas muy bajas, que tendrán que hacer frente a “pagos de en torno a 1.700 euros” y recordó que su formación arrancó un compromiso en el Senado para que no se considerara al SEPE como segundo pagador en el caso de afectados por un ERTE, lo que evitaría esta situación.
