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Canarias aumenta la presión para que el Estado dé una salida a los interinos

Julio Pérez advierte que la vía autonómica no da seguridad | Iceta trabaja en un cambio de la ley

Imagen de una reciente manifestación de los interinos afectados por el abuso de la temporalidad. | | J.C. CASTRO

Imagen de una reciente manifestación de los interinos afectados por el abuso de la temporalidad. | | J.C. CASTRO

Con un nuevo preaviso de huelga en ciernes, Canarias incrementa la presión para que el Gobierno central modifique cuanto antes la ley básica estatal con el fin de dar una salida específica a los miles de interinos y temporales que llevan hasta más de dos décadas trabajando para la Administración. El conflicto laboral iniciado por este personal en diciembre sigue estancado porque el comité de huelga rechaza cualquier iniciativa del Gobierno regional que suponga una convocatoria de oposiciones. Ayer el presidente Torres abordó este asunto en la reunión que mantuvo con el ministro Iceta.

“Todas las comunidades estamos reclamando al Ministerio que formule una propuesta que nos permita solucionar este problema, no sería bueno que se aplicaran soluciones propias en cada comunidad”, advierte el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo regional, Julio Pérez. Para el titular de Función Pública las comunidades por sí solas tienen las competencias limitadas si la ley estatal no cambia porque se trata de normativa básica. De hecho, recuerda que recientemente el Tribunal Constitucional tumbó una ley del País Vasco que daba fijeza a policías locales interinos y fue recurrida porque contraviene el marco estatal.

El consejero está a favor de dejar a este personal estable con categorías a extinguir

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Julio Pérez coincide con el planteamiento general de la expresidenta del Constitucional, Emilia Casas, que en un informe jurídico reciente propone que se ofrezca una salida “singular” a este personal que le garantice la estabilidad de sus puestos de trabajo con una nueva categoría y plazas “a extinguir” con los mismos derechos y obligaciones del resto de los empleados públicos. Julio Pérez está personalmente de acuerdo con esta idea de la jurista de que haya “una solución singular que no pueda reproducirse en el futuro y que aborde de una vez por todas una problemática que los empleados no han creado pero que sufren”.

Pérez no solo comparte con Casas que se ofrezca esta alternativa específica sino también que sitúe la solución en el marco normativo estatal para que tanto la Administración del Estado como la de las comunidades autónomas puedan aplicarla por igual. “Resulta alentador y positivo que se diga que es un problema que requiere una solución nacional y, al mismo tiempo, coincide con lo que venimos diciendo desde Canarias, es decir, que es difícil encontrar una solución jurídicamente segura en el marco autonómico. No se trata de que no tengamos voluntad de pensar en una solución, si no que cualquier medida que no esté en una ley básica corre el riesgo de ser rectificada con posterioridad”, añade.

En Canarias, Pérez explica que se está actuando con los dos escenarios sobre la mesa: trabajar por la mejor solución posible dentro de la legalidad vigente a través de ofertas de empleo público de estabilización y consolidación, unido a la reclamación al Estado para que dé una solución global lo antes posible.

Pese a los inconvenientes, Pérez asegura que “estamos analizando si con la legislación actual podemos acercarnos a las posiciones que demanda este personal”. El consejero recuerda que desde su departamento se propuso una fórmula y la constitución de una mesa técnica para estudiarla. En el caso de los médicos que también reclaman la estabilidad de sus empleos sí se ha organizado esta mesa y se está trabajando en la misma, pero con los empleados de la Administración General no se ha podido porque, entre otras cosas, el comité de huelga rechaza una OPE “amable” como la califica la propia Administración.

Reunión de Torres con Iceta

Precisamente ayer la situación del personal interino de larga duración fue uno de los asuntos abordados entre el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. El departamento que dirige Iceta llevará a cabo una modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público “en los próximos meses” para reducir la tasa de funcionarios interinos, según contó ayer el presidente Torres después del encuentro con el ministro.

El cambio legal se está trabajando con las comunidades autónomas y los representantes sindicales para buscar “un mecanismo de consenso” y satisfacer la demanda de los que llevan encadenando trabajos temporales, en ocasiones durante más de 20 años, según adelantó Torres.

El jefe del Ejecutivo regional señaló que este problema lo tiene Canarias pero también el resto de administraciones públicas con trabajadores que llevan encadenando contratos y permanencia durante décadas. Torres reclamó al Ministerio que se les dé una solución “cuanto antes” y, según el presidente, el ministro le trasladó que en los “próximos meses” llevará la reforma de la ley al Congreso.

La modificación del Estatuto Básico del Empleado Público es una propuesta que empezó a trabajar el anterior equipo ministerial dirigido por Carolina Darias. Se trata de evitar que en el futuro se vuelva a repetir el abuso de la temporalidad, pero ahora las comunidades autónomas reclaman también una solución legal para los actuales interinos.

Europa exige más estabilidad en la Administración

Julio Pérez reconoce que “Europa reclama dos cosas: establecer mecanismos legales para que no sea posible el abuso de temporalidad en las administraciones públicas y, al mismo tiempo, que se resuelva la situación de los temporales e interinos de larga duración”. Pero con la llegada de los fondos Next Generation EU la Comunidad Autónoma ha preparado un decreto en el que abre la puerta a la contratación de personal para gestionar y agilizar los fondos. Sin embargo, el consejero de Administraciones Públicas resalta que la idea del Ejecutivo no es priorizar la entrada de nuevo personal interino y temporal sino utilizar los recursos humanos con los que cuenta la Administración autonómica mediante comisiones de servicio, movilidad interna o reasignación de funciones. “Si no se puede atender a las demandas de Europa con personal propio habrá que contratar adicional, pero la prioridad son los efectivos con los que ya contamos”, asegura Pérez. El titular de Función Pública también admite que habrá que tener cuidado para que el personal que vaya entrando para tareas que son “circunstanciales” no termine quedándose como ha pasado hasta ahora. “Hay que cuidar que este problema no se cronifique”, advierte. | R.A.D.

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