La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) tacha de “incoherente” la decisión del Gobierno de España de aplicar en Canarias la política migratoria planteada por la Unión Europea (UE), que previamente se había negado a implantar en el país. La directora general de CEAR, Estrella Galán, recordó que, en su momento, España criticó la propuesta de no hacer una gestión global de las migraciones en Europa. Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez declaró su firme oposición a la propuesta de la Comisión Europea de crear grandes campos de retención en puntos fronterizos de Italia, Grecia, Malta y España, con la intención de convertir esos territorios en lugares de identificación para la expulsión de los migrantes que no fueran susceptibles de recibir protección internacional. Ese planteamiento, calificado como “inaceptable” por parte de Sánchez, es precisamente el que pone en marcha en Canarias, según denuncia CEAR.
“Canarias no pueden convertirse en el escenario de las políticas de contención migratoria en islas, reteniendo a personas como mecanismo disuasorio y promoviendo la deportación como casi única estrategia”, subrayó Galán. Quien explicó que se está bloqueado a personas dentro de nuestras fronteras “en contra de su voluntad, en un territorio aislado, ultraperiférico y, sobre todo, alejado del continente europeo”. CEAR considera que con esta estrategia de gestión de fronteras, Canarias hace de “parapeto de Europa”. Una práctica que, a su juicio, “evidencia la falta de coherencia de nuestro país, entre lo que plantea de cara a Europa y lo que aplica en su propio territorio”. Con esta política, apuntó, se impiden los traslados a la península, donde sí se podría atender a los migrantes dentro de un sistema de acogida estable.
Galán señala que el Archipiélago “no puede ser escenario de la contención migratoria”
Galán, durante la presentación del informe Migración en Canarias, la emergencia previsible, aseguró que Canarias se ha convertido en “un laboratorio experimental de políticas migratorias”. En este sentido, subrayó que el Archipiélago forma parte de Europa y no puede tener unas políticas diferenciadas.
CEAR señala que el incremento en el número de llegadas a las costas canarias, que se empezó a percibirse en septiembre de 2019, tiene su origen en el cierre de las rutas del Estrecho y el mar de Alborán. “Debería ser una lección aprendida que cuando una ruta migratoria se cierra, se abre otra más peligrosa y más cara”, apunta Galán. A esto se sumó la pandemia, con la que se cerraron muchas rutas interiores por las que pasan los migrantes en su ruta hacia Europa. Al no poder acceder a los puntos de salida por el Mediterráneo, su única posibilidad eran los países de la fachada atlántica, desde donde solo podían llegar a Canarias.
En su informe, CEAR concluye que la ruta hacia Canarias no es nueva en el mapa de flujos migratorios y nunca ha dejado de estar activa. Por tanto, “no se puede hablar de una situación de emergencia, sino de un fenómeno estructural, con diferentes ritmos de afluencia en el tiempo”.
Lorenzo apunta que la crisis humanitaria deriva del fracaso de la gestión institucional
Además, destaca que a pesar de los continuos informes que apuntaban a un crecimiento de las llegadas, las autoridades competentes no se prepararon para dar una respuesta adecuada. Para CEAR, la base del fracaso de la gestión migratoria en el Archipiélago es “la descoordinación, la falta de previsión y la inexistencia de una estructura de acogida estable”. En este sentido, Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la ONG en Canarias, advirtió que una crisis institucional por falta de respuesta se ha transformado en una crisis humanitaria y en una creciente tensión en las Islas, “que contribuye a polarizar la sociedad”.
Una de las propuestas que hace CEAR para afrontar la situación migratoria en Canarias y generar una política “más justa, eficaz y eficiente” es la modificación de los protocolos de atención a los menores llegados a las costas, para garantizar una distribución territorial que ponga sus intereses en el centro y les garantice la atención debida. Actualmente en el Archipiélago hay 2.600 menores no acompañados bajo la tutela del Gobierno de Canarias y el resto de las comunidades autónomas solo han ofrecido 177 plazas para acoger a estos jóvenes.
Las lagunas del Plan Canarias
El Plan Canarias se queda corto. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critica que su único objetivo haya sido la creación de 7.000 plazas en campamentos y recursos de emergencia, lo que consideran “una propuesta claramente insuficiente”. En el informe Migración en Canarias, la emergencia previsible, la ONG señala que, para armar el plan, no se tuvo en cuenta a los principales actores institucionales y sociales sobre los que recae su despliegue e implementación. Además, subraya que esta respuesta institucional “no contempla la complejidad del fenómeno migratorio y la multiplicidad de planos en los que se debe estructurar la respuesta”. La falta de información y coordinación con los agentes sociales y autoridades locales, sumada a la debilidad del sistema de acogida ha llevado, según CEAR, al aumento del discurso y los delitos de odio. Por todo esto, propone ampliar el Plan Canarias y crear una mesa de diálogo en la que participen instituciones territoriales y ministeriales, así como las organizaciones más relevantes del ámbito migratorio, para complementar el plan con medidas que permitan aliviar la situación de las personas migrantes y minimizar la polarización social en el Archipiélago.
