Canarias asumirá en verano la ordenación y gestión del litoral pero el Estado seguirá manteniendo dos elementos clave de la zona costera: la delimitación del dominio público marítimo-terrestre y las obras e infraestructuras consideradas de interés general. Asimismo, el Gobierno central mantendrá la legislación básica de las costas, por lo que Canarias tendrá que ajustar sus actuaciones a lo que marca la ley estatal en este ámbito, al igual que sucede en otro tipo de competencias transferidas.
“Asumir la competencia no significa que podamos hacer lo que queramos y en las condiciones que queramos”, advierte el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. La titularidad pública del litoral y las actuaciones vertebradoras en el mismo son aspectos constitucionales y, como tales, son competencias exclusivas del Estado, por lo que Olivera matiza que “tendremos que seguir interpretando lo que recoge la normativa estatal, pero Canarias sí tiene a partir de ahora que ser consultada y oída aunque se trate de obras de interés general o la servidumbre marítimo-terrestre”.
Para el Ejecutivo regional lo más destacado en las nuevas funciones que asume la Comunidad Autónoma es la capacidad para gestionar las explotaciones que se realizan en las costas, sobre todo las vinculadas al sector turístico, un aspecto clave que ha provocado enfrentamientos y diferencias constantes entre el Estado y la Comunidad Autónoma y entre las demarcaciones de Costas y los empresarios y operadores que trabajan en el litoral de las Islas. De hecho, ayer las patronales turísticas canarias aplaudieron que, por fin, la Comunidad Autónoma tenga esta competencia porque, en su opinión, supondrá un impulso para numerosos proyectos e inversiones que están paralizados por Costas y que se refieren a playas artificiales, marinas deportivas, mejoras en playas naturales o paseos marítimos.
En este sentido, el presidente de la patronal turística de Las Palmas, José María Mañaricúa, resaltó que comunidades como Andalucía y Baleares han aumentado la calidad de sus costas y del destino turístico desde que tienen las competencias. “Si queremos cualificar el destino, que vengan turistas con mayor poder adquisitivo y más jóvenes hay que mejorar los servicios con una oferta de primer nivel en las playas y en los espacios públicos y privados del litoral, con una oferta deportiva y de ocio que atraiga a turistas con más capacidad de gasto”, añade Mañaricúa, quien resalta que la Comunidad Autónoma entiende mejor las particularidades del sector y sus necesidades que Madrid.
Los empresarios turísticos han sido muy críticos en los últimos años con Costas al considerar que son numerosas las trabas que pone el Ministerio y la Demarcación a las peticiones que se realizan desde las Islas. De hecho han llegado a exigir la dimisión del jefe de Costas en las Islas, Rafael Pérez Orive por entorpecer proyectos e inversiones que llevan varios años estancados en los despachos del Ministerio.
Precisamente el viceconsejero Antonio Olivera resalta la importancia de que Canarias pueda gestionar los usos del litoral por la importancia del sector turístico como motor de la economía canaria. Frente a otras comunidades con estatutos más antiguos, Canarias no solo asume la ordenación de los recursos sino también la gestión de los mismos y esto es importante para Olivera porque “nos da capacidad para llegar más allá que en otros territorios, permite explorar con más autonomía las condiciones de las explotaciones que hay en la costa y en las playas, adaptarla a nuestras características y tomar en cuenta las particularidades de las Islas pero sin alterar las normativa estatal. Ahora podremos poner nuestros matices y singularidades al margen de los criterios generales que pueda marcar el Estado”, añade.
Decisiones cercanas
Olivera resalta que “la principal ventaja es que al menos las decisiones serán más cercanas al terreno, comprendiendo mejor las circunstancias propias y en los proyectos concretos se tendrán en cuenta los matices y singularidades adaptadas al entorno y circunstancias de las Islas”.
Según establece el artículo 157 del Estatuto de Autonomía, Canarias podrá establecer y regular los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas; gestionar los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre; ejecutar obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general y atribuirse los servicios que se presten en playas y demás lugares del litoral en coordinación con los ayuntamientos. Lo que sí recoge el Estatuto es que la Comunidad Autónoma deberá respetar el régimen general del dominio público, las obras de interés general –aunque puede emitir un informe previo– y las excepciones por el impacto medioambiental de actuaciones que puedan realizarse en aguas costeras interiores y de transición.
Por ahora no hay intención de elaborar una ley autonómica de costas o una normativa específica ante la asunción de esta competencia. La prioridad es que la transferencia que se está negociando con los ministerios de Transición Ecológica y Política Territorial se realice con el presupuesto adecuado y los medios materiales y humanos necesarios que ahora están en manos de las demarcaciones de Costas.
Una vez que culmine el proceso y la Comunidad Autónoma comience a ejercer sus nuevas competencias será cuando se abordará la regulación de las mismas en el caso de que sea necesario complementar la legislación básica estatal que, como en el caso de competencias similares, será el marco general sobre el que debe actuar Canarias a la hora de explotar y usar el litoral.
El Oliva Beach, lo inmediato
En las gavetas del Ministerio se apilan proyectos e inversiones en el litoral de las Islas, además de problemas y casuísticas variadas. La última de ellas es la reforma del hotel Oliva Beach, en Fuerteventura, que sigue pendiente de que Costas le dé su visto bueno a la actuación de renovación impulsada por el grupo Riu. El viceconsejero Antonio Olivera cree que el Ministerio de Transición Ecológica decidirá sobre este asunto antes de que Canarias asuma la gestión del litoral, por lo que el Ejecutivo regional no tiene margen de maniobra para intervenir más allá de mediar ante Madrid para que resuelva un asunto que lleva varios años coleando. Tanto la patronal turística, de la mano de José María Mañaricúa, como los trabajadores y vecinos de La Oliva exigen que se desatasque de una vez este contencioso y, de esta forma, despejar la incertidumbre que pende sobre 400 familias y una zona turística fundamental de Fuerteventura como es Corralejo. Recientemente se presentó en la Demarcación de Costas el proyecto de obra y se está a la espera de su aceptación.
