Los minihuertos solares o miniplantas fotovoltaicas que el Gobierno de Canarias quiere instalar en las azoteas y cubiertas de los edificios públicos reducirán cada año la factura eléctrica en unos 25 millones. El Ejecutivo destinará parte de los fondos extraordinarios europeos para que esta nueva red de autoconsumo esté lista en 2026, que es el límite temporal que impone Bruselas para ejecutar los proyectos. Las Islas se ahorrarían alrededor de 250 millones de euros en la próxima década.
La Consejería para la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política Territorial, que dirige José Antonio Valbuena, prevé invertir entre 400 y 450 millones de los fondos comunitarios en los paneles solares y baterías que se montarán en todos los edificios públicos: los del Gobierno regional, cabildos, ayuntamientos, entes dependientes, universidades y Administración General del Estado. Esta inversión permitiría cubrir el 80% de la demanda eléctrica del sector público, que supone entre el 10 y el 15% del consumo en el Archipiélago.
No obstante, el proyecto del Ejecutivo autonómico va más allá del sector público. El plan es que las instituciones, sobre todo los ayuntamientos, usen el dinero que se ahorren gracias a sus azoteas –la del consistorio, la del edificio de la policía local, la de la biblioteca municipal, la del local de los servicios sociales...– para dar ayudas a los vecinos y empresas y promover la instalación de baterías o paneles solares también en casas y edificios privados. Las subvenciones no tendrían coste para el cabildo o ayuntamiento, ya que se sufragarían con el ahorro en la factura de la luz, y se multiplicaría por dos el efecto de cada euro invertido.
La inversión para instalar la red de baterías y placas solares superará los 400 millones
La Consejería para la Transición Ecológica propone a las entidades locales que el programa de ayudas se mantenga al menos hasta que el ahorro se equipare a la inversión, para lo que harán falta más de diez años, exactamente 16 si se consideran un ahorro anual de 25 millones y una inversión en paneles y baterías de 400. “Se daría así un importante acelerón a la democratización energética en las Islas”, explica Valbuena.
Los técnicos de la consejería han elaborado un mapa con todos los inmuebles públicos y privados que hay en el Archipiélago y las posibilidades de cada uno. A partir de las referencias catastrales, el Ejecutivo ha creado así una gran base de datos con la superficie de la azotea o cubierta de cada edificio, su orientación, su altura, si tiene o no sombras... Cada ayuntamiento y cabildo sabrán la capacidad para producir energía solar que hay en los inmuebles de su municipio e isla. Además, la base de datos incluye el uso que se le da a cada inmueble y una estimación del consumo eléctrico en función de esos distintos usos: residencial, turístico, comercial, industrial, etcétera. La consejería va a trasladar toda la información sobre sus respectivos municipios e islas a cada corporación local e insular.
El sector público supone entre el 10 y el 15% del consumo eléctrico en el Archipiélago
Los minihuertos solares en las azoteas públicas se costearán con cargo a los 466 millones de euros que la Comunidad Autónoma ya tiene garantizados para el plan de energía sostenible. El plan prevé también acciones para la progresiva incorporación del coche eléctrico al parque móvil insular.
La inversión por islas
Gran Canaria es la isla que más inversión recibirá para la instalación de placas solares en los edificios públicos: más de 200 millones de euros para un ahorro anual de alrededor de 15 millones. El Gobierno regional destinará para Tenerife en torno a 130 millones para un ahorro previsto de más de siete millones al año. En las restantes islas, las cantidades -en inversión y ahorro anual- son 20 y 1,1 millones en Fuerteventura; 25 y 1,3 en Lanzarote; más de 20 y 900.000 euros en La Palma; 6,5 millones y 351.000 euros en El Hierro; y unos 3,5 y 130.000 euros en La Gomera. La Consejería para la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial confía en que ayuntamientos y cabildos vean la oportunidad que supone el proyecto para progresar hacia la “democratización energética”. La idea es que el plan salte del sector público al privado a través de ayudas. | M.Á.M.
