Destinar los 232 millones del superávit de Canarias a ayudar a las 51.950 familias sin ingresos del Archipiélago y a los jóvenes desempleados. Esta es la propuesta que Coalición Canaria (CC) trasladará al Gobierno regional para que estos fondos “lleguen a los que más dificultades tienen”. El secretario general de los nacionalistas, Fernando Clavijo, explicó ayer que este dinero debe inyectarse “de manera inmediata y con carácter de emergencia” a las personas que en estos momentos se encuentran “fuera del sistema”. Para ello, la formación propone repartir 122 millones entre los ayuntamientos para que estos los canalicen a su vez los hogares sin recursos; entregar otros 60 a las entidades sociales que están asumiendo a los más afectados por la crisis; y destinar los 50 millones restantes a políticas de empleo para el colectivo juvenil.
Clavijo lamentó que a pesar de que Canarias está siendo la comunidad más golpeada por la crisis económica y social que ha generado la pandemia sea la región con un mayor superávit. “Ya advertimos que serían necesarias modificaciones normativas para dotarnos de más agilidad, simplificaciones administrativas que hiciesen llegar los recursos a los ciudadanos”, apuntó. El objetivo de esta propuesta “es dar un balón de oxígeno a quienes están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia y hacerlo con el dinero que, inexplicablemente, dejó sin gastar el Gobierno en el peor año económico y social que ha sufrido el Archipiélago en décadas”, ya que Canarias no solo triplica la destrucción de empleo a nivel estatal, sino que suma 300.000 personas sin ningún tipo de ingresos.
Sin embargo, recalcó que un año después del inicio de la crisis, todavía estos recursos no han sido distribuidos, por lo que “a un a riesgo de que nuestra sugerencia caída en saco roto”, plantearán al Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres una propuesta para que “lleguen a los que más dificultades tienen, las familias que no reciben ni un solo euro y los jóvenes que no han encontrado una salida”. Una “protección social que necesitan” y que facilita la suspensión de las reglas fiscales “que permiten esta flexibilidad en el uso del superávit”.
La propuesta da 122 millones extra a los municipios y 60 a las ONG del Archipiélago
Cristina Valido, secretaria ejecutiva de Derechos Sociales, evidenció que las consecuencias que está teniendo la crisis en las Islas son palpables a diario en las colas de los comedores sociales. Mientras el número de demandantes crece, “las ONG siguen denunciando que no tienen recursos”, ya que cuentan “con los mismos medios o incluso con menos” para atender “al triple de personas” y recalcó que cada vez hay más hogares en los que las pensiones de los mayores se han convertido en la única fuente de ingresos para toda la familia.
Por eso, insistió en que es necesario “que se articulen sin más excusas” las ayudas necesarias para las ONG que atienden la pobreza en Canarias, se destinen más fondos para los bancos de alimentos y otras entidades que distribuyen comida en los diferentes municipios del Archipiélago, así como partidas complementarias para que los ayuntamientos puedan sufragar ayudas al alquiler o los gastos como el agua o la luz y puedan dar respuesta a la “emergencia vecinal” que ha traído la crisis.
La también diputada en el Parlamento regional apuntó que una parte de los fondos que ha dejado de gastar la comunidad autónoma deberían ir a parar al refuerzo de los recursos de atención a la salud mental, ya que argumentó que ya nadie discute que esta crisis está teniendo repercusión en este ámbito. De esta manera, CC solicitará también una ampliación de estos servicios “para que las personas no se sientan solas, para que no tomen decisiones desesperadas y para dar una respuesta profesional al sufrimiento de miles de canarios que no saben cómo afrontar la situación que estamos viviendo”.
El secretario de Organización de la formación nacionalista, David Toledo, se encargó de desglosar los efectos que la crisis ha tenido en la población más joven. Sostuvo que es necesario que el Gobierno regional arbitre medidas para dar respuesta a esta “preocupante situación”, en la que el 85,1% de los jóvenes de entre 16 y 19 años que quieren trabajar no pueden hacerlo, mientras que la tasa de paro para los que tienen entre 20 y 24 años se eleva hasta los 53,8%, “lo que supone una diferencia de más de 20 puntos con respecto a la tasa estatal”.
Los nacionalistas quieren bonificar durante un año la contratación de jóvenes
Toledo argumentó que Canarias “no puede permitirse perder a una generación de jóvenes formados” para condenarlos a un futuro “sin independencia económica”. Por eso, insistió en que es necesario destinar 50 millones de euros del superávit a políticas dirigidas a los jóvenes sin formación académica y a los que sí están formados pero no cuenta con experiencia laboral. Para estos últimos, CC propone “programas de alternancia con el empleo, así como, generalizar la iniciativa de los cabildos insulares para la contratación en prácticas a recién titulados canarios e impulsarla en el resto de administraciones canarias y en ambas universidades públicas”.
Los nacionalistas también propondrán al Gobierno autonómico que impulse el autoempleo en el colectivo, bonificando los jóvenes autónomos con una tarifa plana de 60 euros hasta los 35 años, y que el Ejecutivo regional asuma durante un año los costes de la Seguridad Social de los contratos realizados por pymes a jóvenes menores de 35 años.
