El Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad el decreto ley que actualiza de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Esta medida, explicó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, “permitirá agilizar el proceso de renovación de la PCI y, lo que es más importante, dotar a las familias con personas menores de edad de un incremento de 50 euros mensuales, que se comenzarán a abonar este mismo mes”. Para ello, la Consejería destina una partida de 1,9 millones de euros para cubrir las prestaciones.

Según los últimos datos, un total de 7.507 personas son beneficiarias de esta ayuda, 14.264 personas contando las unidades de convivencia. “Nuestro objetivo es claro: llegar más y mejor, a quien más lo necesita”, afirmó la consejera, quien indicó que “cuando peor vienen dadas para la ciudadanía, es cuando el Gobierno debe hacer mayores esfuerzos para garantizar unas condiciones de vida dignas, especialmente para aquellos colectivos y familias que peor lo están pasando”.

En relación a las renovaciones, la modificación de la Ley que regula la PCI ofrecerá una mayor protección a aquellas personas que se puedan ver perjudicadas en las renovaciones por la falta de citas en los servicios sociales municipales, posibilitando la renovaciones de oficio hasta dos meses después de finalizado el percibo de la prestación, aunque no se hubiera solicitado dicha renovación en plazo, lo que permitirá ofrecer una cobertura económica al mayor número de familias en situación de exclusión social posible. De este modo, se agilizan los plazos y se reducen los trámites, ya que se permitirá que los  ayuntamientos puedan presentar de oficio las solicitudes de renovación que se hayan quedado fuera de plazo si subsisten las circunstancias de vulnerabilidad de las familias y se agilizan las renovaciones de aquellas familias que no han cambiado sus circunstancias, mediante informe social y declaración responsable.