Las voces de alarma por parte de las organizaciones de ayuda humanitaria o asistencia social sobre la situación de emergencia social que se vive en Canarias siguen activadas. Cáritas Diocesanas de Canarias la entidad vuelve a dar un toque de alerta, en este caso sobre la dificultad de muchas personas en exclusión para acceder a los servicios sociales de las administraciones públicas y, en definitiva, a las ayudas de las que en muchas ocasiones dependen para su subsistencia. La organización asegura en este sentido que en un momento en que muchas personas en Canarias están pasando “necesidad, urgencia y desesperación”, el modelo de gestión y tramitación de estas ayudas está impidiendo a muchos ciudadano llegar hasta ellas.
Cáritas menciona tres ámbitos en los que considera que se presentan estas dificultades en el conjunto de las administraciones públicas. En primer lugar señala que el acceso a la cita previa para información, orientación, gestión de documentación y prestaciones no está al alcance de todas las personas que lo necesitan, bien porque la agenda es limitada y no se consigue cita o porque la cita se retrasa, en algunos casos, hasta 3 meses. También considera que el acceso a la información por vía telefónica “supone un coste que, en muchos casos, las personas que necesitan la información no pueden asumir”, tal como ocurre en los casos de las llamadas al 010, 012, y los teléfonos 901, mientras que respecto a la información a través de correo electrónico asegura que “se retrasa en el tiempo o no se obtiene contestación, sin que existan canales alternativos”.
Finalmente, la organización enfatiza en que “los mecanismos de tramitación de prestaciones vía telemática requieren unos medios técnicos y conocimientos que muchas personas no tienen, por lo que es necesario el apoyo durante la gestión y tramitación de las ayudas”. La entidad asegura que está intentando ayudar en esta labor apoyando a las personas que acuden a sus servicios, pero que “el acceso al sistema es excesivamente lento, lo que determina que muchas familias no puedan obtener ningún tipo de ingreso durante muchos meses, los que espera por la cita para iniciar la gestión y los tiempos de tramitación de las ayudas a las que tienen derecho”.
“El acceso al sistema es excesivamente lento, muchas familias no puedan obtener ningún tipo de ingreso durante muchos meses, los que espera por la cita para iniciar la gestión y los tiempos de tramitación de las ayudas a las que tienen derecho”.
Frente a esta “cruda situación”, la ONG reclama la “habilitación de los medios, las vías y la organización necesarias” para que los recursos públicos de atención a la ciudadanía, “que son esenciales en este momento”, puedan gestionar con celeridad la información, orientación y tramitación de ayudas en plazos razonables y a través de vías de acceso ajustadas a las posibilidades de cada familia y no solo a través de vías telemáticas y/o telefónicas”. “Somos conscientes que es un verdadero reto de presente y futuro facilitar el camino a las personas que requieren ayuda para mejorar sus vidas y construir nuevas alternativas y posibilidades para su desarrollo personal, social y comunitario”, resalta Cáritas Diocesanas.
Sin respuesta municipal
La secretaria general de la entidad, Caya Suárez, subraya que en las labores de coordinación con los servicios municipales “hemos trasladado en infinidad de ocasiones la dificultas que tienen las personas que se acercan a Cáritas, que en cierta medida acuden a nosotros porque no reciben una respuesta de los ayuntamientos”. Una de las razones que alegan, según explica Suárez, es que la tramitación telemática se hace necesaria como medida de prevención por la pandemia sanitaria, pero asegura en este sentido que “se deben poner herramientas suplementarias al servicio de la ciudadanía para el acceso a derechos, que no pueden estar invalidados o limitados por los mecanismos que se utilizan habitualmente para que la ciudadanía acceda a los mimos”.
Suárez desvela que algunos ayuntamientos ofrecen la posibilidad de que Cáritas sea el canal de comunicación con los servicios sociales para situaciones de emergencia que necesiten una respuesta inmediata, pero desde la entidad se entiende que “eso deja fuera a las personas que un utilizan nuestros servicios, mientras que por otro lado el acceso a un derecho deber gratuito, público y con las herramientas públicas apropiadas para ello”. “También para Cáritas esos teléfonos municipales están colapsados y los correos sin respuesta”, asegura.
“También para Cáritas esos teléfonos municipales están colapsados y los correos sin respuesta”, asegura su secretaria general en Canarias.
La responsable de la organización diocesana asegura que se ha pedido a los ayuntamientos que se amplíen los espacios, el personal y los horarios de permanencia de los trabajadores de servicios sociales para que las personas puedan ser atendidas presencialmente porque “muchas de ellas trabajan ahora telemáticamente la mayor parte de su jornada laboral”. Según Suárez, estas dificultades inciden en la actual emergencia social “en la medida en que aquellas personas que no acceden a derechos terminarán dependiendo de la asistencia de las entidades sociales”. Es una de las razones, asegura, “por las que Cáritas está teniendo un incremento muy significativo de familias atendidas”.
Las administraciones canarias señalan en este sentido que son conscientes de esta situación y destacan el esfuerzo que están haciendo durante todo el último año tanto en el incremento de las ayudas sociales para hacer frente a la actual situación de emergencia, como en facilitar todo lo posible el acceso a ellas. Desde la consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias se aclara que la principal ayuda de su competencia, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) depende de un trámite previo en los ayuntamientos y asegura que “el personal de atención al público (en la consejería) está de forma presencial” y que, por tanto, “no ha habido una reducción en la atención a la ciudadanía”. Tras asegurar que esta materia ya se ha debatido en el ámbito de la FECAM, destaca que, “siendo conscientes y conociendo esta realidad, este año se ha hecho un gran esfuerzo para incrementar el Plan Concertado (que financia la contratación de personal para cuestiones en servicios sociales y otras cuestiones como ayudas de emergencia o ayuda a domicilio) que este año asciende a 32.083.798 euros”, lo que supone 11.340.861,14 euros más que en 2020 y un incremento del 55 %. Ya está ultimado además, aseguran fuentes de la consejería, el reparto de 12 millones de euros a los Ayuntamientos que proceden de fondos de apoyo a las prestaciones básicas – que podrán destinar a la contratación de personal- y a los que se sumará otra cuantía por determinar de los 30 millones de euros del Plan Estatal contra la Pobreza de 2021.
Administraciones tensionadas
Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que “estamos poniendo todos los recursos para atender a las personas vulnerables” y que, de hecho, en el primer trimestre de este año el área de Servicios Sociales, que dirige Carmen Luz Vargas, ha entregado 1.543 prestaciones económicas que han supuesto un gasto de 1,24 millones de euros, el 25 % del presupuesto anual. Se ha incrementado además el Servicio de Ayuda a Domicilio, pasando de 3.300 usuarios a 3.541, y se han destinado más de 14 millones durante el último año a prestaciones económicas de especial necesidad en alimentación o ayudas al alquiler de vivienda.
“Ha sido un año muy excepcional en el que ha habido un incremento de demanda, pero desde el Ayuntamiento se están poniendo todos los recursos para atender a las personas que pero lo están pasando, con incremento de presupuestos y un gran esfuerzo por parte de los trabajadores sociales”, señala un portavoz municipal de la capital grancanaria, quien destaca que durante el primer trimestre se han aumentado en un 42 % el número de prestaciones económicas elevando el gasto en esta materia un 47% respecto al año pasado.
Otro de los grandes ayuntamientos canarios, el de La Laguna, asegura que su concejalía de Bienestar Social comparte la preocupación de Cáritas y que “estamos haciendo todo lo posible para, ante la gran demanda social existente, disponer del máximo de recursos económicos y técnicos y del personal adecuado con los que simplificar el acceso a la atención y hacer más ágil nuestra capacidad de respuesta”. Entre las medidas que menciona que se están poniendo en marcha en este sentido en el ayuntamiento lagunero, junto al incremento de personal para “reforzar la atención directa a la ciudadanía”, destacan varios proyectos específicos para aumentar la capacidad de atención en los que se incluyen un sistema de aplicación de citas que permitirá mejorar el sistema de respuesta.
