El Gobierno regional prevé una contención del nivel de gasto público hasta 2024 y solo contempla incrementar el gasto sanitario por los efectos de la pandemia. La Consejería de Hacienda dibuja un escenario presupuestario para los tres próximos años de enorme incertidumbre condicionado por el Covid, la evolución de la economía y la determinación de las reglas fiscales que imperan en la UE y que ahora están suspendidas para poder hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social. El Ejecutivo rebaja el crecimiento de la economía de este año a un 7% y sitúa 2022 con un 12% de incremento del Producto Interior Bruto (PIB).
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales para el periodo 2022-2024. Ante esta situación, el departamento que dirige el vicepresidente Román Rodríguez prefiere la cautela y mantener el mismo nivel de gasto en bienes y servicios de los presupuestos de 2021 excepto para el Servicio Canario de la Salud, para el que se estima un incremento del 0,5% anual acumulativo sobre el crédito de este año.
En relación con los ingresos se parte de los importes de la recaudación de los ingresos al cierre del año 2020, a los que se han aplicado los indicadores de crecimiento macroeconómicos más “pesimistas”, estimándose que la recuperación de la recaudación será proporcional a la recuperación del PIB del mismo ejercicio. En 2022 la previsión de crecimiento es del 12%, en 2023 del 5,3% y en 2024 del 4,2%.
El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, aseguró que el Ejecutivo apoyará a los colectivos más vulnerables y a los sectores económicos. Además, se preservará la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas con la elaboración de los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma para este trienio, con la previsión de ingresos y gastos, así como los ajustes de contabilidad nacional, garantizando “en todo momento” el cumplimiento de la agenda social del Gobierno, añadió.
Nuevos órganos
La reunión semanal del Ejecutivo aprobó el decreto que regula los órganos colegiados contemplados en la Ley de Servicios Sociales, dos años después de su aprobación en el Parlamento. El reglamento regula la composición, organización y funciones de los órganos colegiados adscritos a la Consejería de Derechos Sociales y creados por la normativa, en concreto, son la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales; el Consejo General de Servicios Sociales; el Comité de Ética de los Servicios Sociales; el Consejo de Atención Sociosanitaria; la Comisión de Asesoramiento y Supervisión en el Ámbito Social y Judicial, y el Observatorio Canario de los Servicios Sociales.
Por otro lado, el Ejecutivo dio el visto bueno a nuevas contrataciones de personal temporal, en este caso adscritos a la Consejería de Educación. Se trata de 32 plazas vacantes de las categorías de cocinero/a, ayudante de cocina, auxiliar de servicios complementarios, auxiliar educativo, auxiliar administrativo, auxiliar, subalterno, mantenimiento-guarda, servicio doméstico, titulado superior y mozo. Asimismo, el Consejo de Gobierno convalidó la contratación de otras 17 personas realizada por la imperiosa necesidad de atender las situaciones que se generan en los centros educativos.
En relación con el gasto que genera la lucha contra la pandemia, el Consejo de Gobierno aprobó un crédito urgente de casi cuatro millones de euros para la Consejería de Sanidad para financiar gastos derivados del cribado de viajeros nacionales, el control de acceso de pasajeros, PDIA a residentes canarios, el sistema térmico de control de temperatura en aeropuertos o la adaptación de centros públicos para vacunaciones masivas.
