Sin culpables identificables, la investigación sobre la causa y los responsables de que 227 migrantes quedaran el 17 de noviembre abandonados en las calles de Gran Canaria sin un lugar donde dormir ni comida, queda cerrada. El Ministerio de Interior, en una respuesta al senador por la Comunidad Autónoma Canaria, Fernando Clavijo (CC), reduce a “una concatenación no deseada de pequeños errores, en un momento especialmente difícil y complicado” que ese día alguien entre los mandos de la Policía Nacional abriera la valla de seguridad del puerto de Arguineguín y dejara salir a más dos centenares de africanos llegados en patera sin rumbo. La mayoría acabó en la Plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria, frente a la Delegación de Gobierno en las Islas y a escasos metros del consulado de Marruecos, de donde procedía la mayoría.
Un día de caos al que siguió una noche de toma de decisiones improvisada y la evidencia de la falta de coordinación y de entendimiento entre los ministerios de Interior, el que dirige Fernando Grande Marlaska, y el de Migraciones, a cargo de José Luis Escrivá. Muchos de los jóvenes fueron derivados a hoteles, otros alcanzaron a alojarse en casas de familiares, amigos o conocidos de conocidos. Un grupo logró salir en barco hacia Santa Cruz de Tenerife con la esperanza de poder comprar un billete hacia la Península.
La situación, según la conclusión ofrecida a Clavijo es que “no se puede individualizar una responsabilidad única en una sola persona o grupo reducido de personas que merezca como reproche una acción disciplinaria o administrativa” después de que este preguntara al responsable de Interior el pasado mes por las conclusiones de la investigación que el propio Marlaska aseguró, en un pleno en el Congreso de los Diputados, que había ordenado para esclarecer la toma de la decisión y tomar medidas en el caso de que hubiera habido descoordinación. Pues ni una cosa ni la otra.
El 17 de noviembre, entre 200 y 250 inmigrantes marroquíes que permanecían en el muelle de Arguineguín fueron conducidos por la Policía fuera del campamento humanitario que gestionaba allí la Cruz Roja y posteriormente trasladados en guaguas dispuestas por el Ayuntamiento de Mogán a Las Palmas de Gran Canaria.
La alcaldesa moganera en persona, Onalia Bueno, tomó la decisión sobre la marcha de sacarlos del municipio y ponerlos delante de la administración responsable: el Estado. La alcaldesa se había cansado de denunciar la situación “inhumana”, según sus palabras, en las que se mantenía a estas personas en el muelle de Arguineguín. Ese martes, y los días inmediatamente anteriores, en el recinto pesquero se hacinaban más de 2.000 migrantes en unas condiciones que también denunciaron organizaciones como Human Right Watch, el propio Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, o el juez que supervisa el Centro de Internamiento para Extranjeros de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera.
El desmantelamiento de la red de acogida articulada en la anterior crisis migratoria y la obligación de realizar las pruebas del covid a la llegad taponaron un recurso alojativo pensado para dos días como máximo. Pero hubo quien acumuló allí hasta 15 días alimentándose de bocadillos, durmiendo al raso y sin abrigo y con muy limitadas posibilidades de asearse.
Bueno, presente en el muelle en el momento en que estas personas abandonaban las instalaciones, denunció que la Delegación del Gobierno en Canarias no le había dado una explicación sobre quién había tomado esa decisión y por qué. Fue ella quien tuvo que informar al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, de la situación. Este articuló una solución de urgencia con Migraciones.
Ese día, fuentes del Ministerio del Interior informaron de que las personas que habían “abandonado” el muelle de Arguineguín no habían sido derivadas, como es habitual, al sistema de acogida como solución puntual ante la alta ocupación de esas instalaciones portuarias.
